Proyecto de ley 261.

En Panamá, el envejecimiento de la población ha generado nuevos desafíos en los ámbitos social, jurídico y de salud pública. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la esperanza de vida ha aumentado significativamente, y las personas mayores representan un porcentaje creciente de la población, este fenómeno plantea la necesidad de establecer mecanismos que aseguren el respeto por los derechos y la protección de las personas mayores, especialmente en actos jurídicos donde su capacidad de decisión podría ser cuestionada debido a posibles problemas de salud mental. El deterioro cognitivo relacionado con la edad, como la demencia o el Alzheimer, afecta a un porcentaje considerable de la población mayor de setenta años. Aunque no todas las personas mayores de setenta años presentan condiciones que comprometan su capacidad de obrar, es necesario garantizar que aquellos que participan en actos jurídicos lo hagan en pleno uso de sus facultades mentales, protegiendo tanto su voluntad como la seguridad jurídica de los terceros involucrados. La exigencia de un certificado de salud mental para las personas mayores de setenta años que realicen actos jurídicos en Panamá es una medida que responde a la necesidad de proteger a un grupo vulnerable y garantizar la seguridad jurídica. Este requisito debe ser implementado con criterios objetivos, garantizando el respeto por la dignidad y la autonomía de las personas mayores, en línea con los principios legales y éticos que rigen el ordenamiento jurídico panameño. Adicional la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores reconoce la necesidad de garantizar la autonomía de este grupo poblacional, promoviendo medidas que eviten su eXPlotaci~S~ f

v.