La migración de inversión en Panamá y el mundo.

La migración de inversión viene a ser un fenómeno más o menos común en nuestros días. Diversos factores económicos y políticos pueden impulsar a las personas con un patrimonio apreciable a movilizarse entre fronteras.

Según medios nacionales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) incluyó a Panamá y a otros Estados del Caribe en lo que parecía ser una lista de naciones con esquemas migratorios que podrían facilitar la evasión fiscal, pudiendo incidir negativamente en las operaciones del Estándar Común de Reporte (CRS).

En su página sobre residencia y ciudadanía por inversión, el organismo ha señalado a Panamá de poseer un sistema de RBI (Residencia por Inversión) de alto riesgo, por medio de sus programas de visas de países amigos, reforestación y solvencia económica.

«Si bien los esquemas de residencia y ciudadanía por inversión (CBI/RBI) permiten que las personas obtengan la ciudadanía o los derechos de residencia a través de inversiones locales o por una tarifa plana por razones perfectamente legítimas, también pueden ser mal utilizadas para ocultar sus activos en el extranjero escapando a los informes de la OCDE/G20 Common Reporting Standard (CRS). En particular, las tarjetas de identidad y otra documentación obtenida a través de los esquemas CBI/RBI pueden ser mal utilizadas para tergiversar la jurisdicción de residencia de un individuo y poner en peligro el funcionamiento adecuado de los procedimientos de diligencia debida del CRS.

Los esquemas CBI/RBI de riesgo potencialmente de alto son aquellos que dan acceso a una tasa de impuesto a la renta personal baja sobre activos financieros extraterritoriales y no requieren que una persona invierta una cantidad significativa de tiempo en la jurisdicción que ofrece el esquema. A las instituciones financieras se les solicita tener en cuenta el resultado del análisis de la OCDE de los esquemas CBI/RBI de alto riesgo al realizar sus obligaciones de diligencia debida de CRS.

La perspectiva de la OCDE

La OCDE ha analizado más de 100 esquemas CBI/RBI, ofrecidos por jurisdicciones comprometidas con CRS, identificando los siguientes esquemas que potencialmente representan un alto riesgo para la integridad del CRS.

«El CRS contiene el Estándar Común de Reporte de Información y Debida Diligencia sobre el que se sustenta el intercambio automático de información sobre cuentas financieras. Una jurisdicción que adopte el CRS deberá contar con normas que regulen la obligación impuesta a las instituciones financieras de reportar información alineada con el alcance de las obligaciones de reporte establecidas.»

— OCDE (2017), Estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras, Segunda edición, Éditions OCDE, Paris.

En el caso de Panamá, la integración a la legislación local se realizó por medio de la Ley 51 de 27 de octubre de 2016 (Gaceta Oficial No. 28149-B). La OCDE incluye en su web el detalle de los programas específicos que causan suspicacia entre sus analistas. Estos esquemas son básicamente de dos tipos:

Residencia por Inversión (RBI, por sus siglas en inglés): es el esquema más común. Ha sido utilizado en países desarrollados como EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y media UE, y existe desde hace décadas. Como su nombre lo indica, consiste en la obtención de un permiso de residencia en determinadas naciones a cambio de cumplir un requisito que, por lo general, tiene que ver con la inversión de dinero.

Ciudadanía por Inversión (CBI, por sus siglas en inglés): nacida en la pequeña nación de San Kitts y Nevis en 1984 —el primer programa de CBI del mundo—, tuvo una rápida adopción a lo largo del Caribe para posteriormente difundirse por todo el planeta. Desde Austria, pasando por Turquía y hasta llegar a la lejana Vanuatu, son muchas las naciones en vías de desarrollo que han adoptado estos modelos de atracción de capitales. Este sistema va más allá de la mera residencia: convierte en nacionales del Estado a quienes realicen la inversión económica mínima requerida, con beneficios políticos y fiscales diversos. Su utilidad puede estar, por ejemplo, en brindar acceso sin visa a la Zona Schengen de la Unión Europea; uno de sus principales problemas es que también puede facilitar a delincuentes escapar de las autoridades locales.

Rusia, China y Medio Oriente son los principales clientes de estos esquemas, mientras que EE. UU., la UE y Reino Unido son los principales mercados donde más se tramitan este tipo de permisos. Para los territorios más pequeños, los ingresos obtenidos directa e indirectamente por estos programas pueden representar del 4% al 25% del PIB (fuente: CountryProfiler Ltd., Investment Migration Yearbook 2018/2019). Los esquemas se han popularizado a lo largo y ancho del mundo, al punto de que alrededor de 100 estados diferentes ofrecen algún tipo de CBI/RBI, por lo que no puede considerarse un instrumento necesariamente lesivo, sino una alternativa que ofrece beneficios recíprocos entre el solicitante y el Estado.

Colombia

Colombia, por su parte, fue la única nación sudamericana en aparecer en esta lista —fue retirada poco tiempo después en una actualización del contenido, en lo que resultó una declaración extraña de parte de la OCDE, dado que Colombia es miembro de ese organismo—. Colombia había simplificado su sistema de visas mediante la Resolución 6045 de 2 de agosto de 2017, dividiéndolas en tres tipos (artículo 7): Visa de Visitante «V», Visa de Migrante «M» y Visa de Residente «R». Los instrumentos colombianos señalados como «de alto riesgo» fueron específicamente la Visa Migrante categorías 6 y 10 (Visa M, artículo 17), y la Visa de Residencia por Inversión (Visa R, artículo 57):

• Visa de Migrante como Empresario (categoría 6): haber constituido o adquirido participación en el capital social de una sociedad comercial en los montos mínimos establecidos en el capítulo de requisitos — el monto mínimo era de 100 salarios mínimos vigentes (cerca de USD $24,000.00 al tipo de cambio de esta publicación).
• Visa de Migrante como Inversor Inmobiliario (categoría 10): haber registrado inversión extranjera directa en Colombia con destino a inmueble en los montos mínimos establecidos — el monto mínimo era de 350 salarios mínimos vigentes (cerca de USD $85,000.00).
• Visa de Residente por Inversión Extranjera Directa: haber registrado ante el departamento de cambios internacionales del Banco de la República, o ante la dependencia que haga sus veces, inversión extranjera directa en los montos mínimos establecidos — el monto mínimo era de 650 salarios mínimos vigentes (cerca de USD $158,000.00).

Para fortuna del Estado colombiano, la inclusión no trascendió ni causó noticia a nivel local. En Panamá, en cambio, resultó en una ola de indignación proveniente de varios sectores productivos del país, que vieron con frustración cómo la nación era señalada nuevamente pese a los esfuerzos por salir de las listas negras de paraísos fiscales y sitios de laxa regulación fiscal, entre los que se destacan el Intercambio Automático de Información Fiscal, el sometimiento al CRS y la tipificación de la evasión fiscal como delito.

La migración de inversión en Panamá

En Panamá, las estructuras señaladas fueron las siguientes: Visa de Países Amigos, Solvencia Económica y Visa por Reforestación. Con respecto al permiso de residencia por la vía de Países Amigos, un examen de la legislación permite observar que, en aquellos casos en que este permiso se solicita por mantener relaciones económicas con Panamá (ser accionista de una sociedad, por ejemplo), no es necesario probar tiempo alguno de residencia efectiva —cosa que sí sucede en otras jurisdicciones, como España— ni se exige un tiempo mínimo de estadía para obtener dicho permiso. La legislación al respecto en el ámbito internacional es, por lo demás, sumamente variada, incluso dentro de la OCDE.

Pese a lo anterior, los esquemas señalados no otorgan Residencia Fiscal como tal —el certificado que emite la Dirección General de Ingresos (DGI) acreditando que una persona natural o jurídica es residente en Panamá durante un periodo fiscal, conforme al artículo 762-N del Código Fiscal—, sino que esta debe solicitarse aparte ante la DGI, entre cuyos requisitos se encuentra:

«Demostrar permanencia en el territorio nacional por más de 183 días corridos o alternos en el periodo fiscal que solicita, o documentos que confirmen la disposición de una vivienda permanente o acceso a una habitación», para personas naturales.

«Aportar pruebas que acrediten la existencia de medios de dirección y administración en la República de Panamá, de conformidad con lo regulado en el Decreto Ejecutivo 958 de 7 de agosto de 2013 y la Resolución 201-0354 de 13 de enero de 2016», para personas jurídicas.

Dado que este mercado se encuentra en constante cambio, adaptándose a las necesidades económicas de los países oferentes, resulta poco práctico informar con exactitud la totalidad de los esquemas que se utilizan en el mundo. Chipre ha vendido alrededor de 3,000 pasaportes, Malta 2,000 y Portugal cerca de 17,000, siendo los países europeos que más éxito han obtenido con estos esquemas. Pese a ello, no están exentos de críticas por la mala calidad de los filtros que se aplican, la discrecionalidad de las autoridades, la falta de datos públicos sobre estos programas y sus beneficiarios, y la forma en que ponen en riesgo a otros ciudadanos de la Unión Europea al vender indiscriminadamente el acceso a esta (fuentes: El País, Citywire, Arton Capital).

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