Servidor de libre nombramiento y remoción: lo pueden separar sin causa, pero no sin prestaciones.

Pocas figuras de la función pública panameña se entienden peor que la del servidor de libre nombramiento y remoción. Quien ocupa una de estas posiciones suele descubrir su alcance el día en que recibe una resolución que "deja sin efecto" su nombramiento, sin causa disciplinaria y sin proceso previo. La reacción habitual oscila entre dos errores opuestos: creer que la separación es ilegal por no tener causa, o creer que, como no hay estabilidad, no hay tampoco nada que cobrar. Ninguna de las dos cosas es cierta.

Esta guía es orientativa y no constituye asesoría legal personalizada. La situación de cada servidor depende de su forma de vinculación y del texto de su resolución de cese.

De dónde viene la figura

El punto de partida es constitucional, y conviene leerlo en su texto literal, porque suele citarse con menos matices de los que tiene:

Obsérvese que la Constitución no consagra la discrecionalidad: la rechaza como potestad absoluta, ordena el sistema de méritos y condiciona la estabilidad a la competencia, lealtad y moralidad en el servicio. La figura del libre nombramiento y remoción nace un escalón más abajo, en la ley: el artículo 2 del Texto Único de la Ley 9 de 20 de junio de 1994 —la ley de Carrera Administrativa— define al servidor de libre nombramiento y remoción como aquel que no ha ingresado a la Carrera Administrativa ni goza de otra condición legal que le asegure estabilidad. La estabilidad que la Constitución promete opera en los términos en que la ley la desarrolla; quien está fuera de la carrera y de todo régimen legal de estabilidad no tiene una estabilidad exigible que oponer a su remoción.

La consecuencia práctica es conocida: respecto de estos servidores, la autoridad nominadora puede dejar sin efecto el nombramiento sin invocar causa disciplinaria. Por eso estas resoluciones no "destituyen" en sentido técnico —la destitución es una sanción— sino que revocan el acto de nombramiento.

Lo que la separación discrecional no genera

De la ausencia de estabilidad se siguen dos negaciones que conviene asumir con realismo:

• No hay indemnización por despido injustificado. Esa figura protege la estabilidad; quien no la tiene, no puede invocar su lesión.
• No hay reintegro. La solicitud de reintegro ante el Tribunal Administrativo de la Función Pública está reservada a los servidores con estabilidad que consideran injustificada su destitución.

Litigar contra la separación misma de un cargo de libre nombramiento es, salvo vicios formales concretos, un pleito cuesta arriba. La energía del reclamo suele estar mejor invertida en lo que sigue.

Lo que sí subsiste: las prestaciones causadas

Aquí está el matiz que la práctica administrativa a veces olvida y que la ley resolvió con claridad. La prima de antigüedad procede cualquiera que sea la causa de finalización de funciones:

Y la lista de servidores excluidos del derecho —artículo 29 de la Ley 23 de 12 de mayo de 2017— excluye por cargo, no por tipo de nombramiento:

La lectura conjunta de ambas normas produce la regla que da título a esta guía: el jefe de departamento, el profesional o el técnico de libre nombramiento y remoción no aparece en la lista de excluidos, de modo que su separación discrecional termina el cargo pero no toca las prestaciones causadas. A la prima se suman las vacaciones vencidas y proporcionales, el décimo tercer mes proporcional y cualquier salario pendiente, porque la propia Ley 241 de 2021 dispuso que la prima no excluye ninguna otra prestación debida con motivo de la desvinculación. La fórmula de cálculo está desarrollada en la guía sobre la prima de antigüedad, y los descuentos aplicables en qué se descuenta de la liquidación.

Qué revisar en la resolución de cese

La resolución que deja sin efecto el nombramiento es el documento que gobierna todo lo demás. Tres verificaciones concretas:

Un apunte práctico sobre la segunda fila: cuando la propia resolución reconoce las prestaciones, el reclamo posterior no es una petición graciosa sino la exigencia de cumplimiento de un acto administrativo firme. La diferencia de posición jurídica es considerable.

La vía cuando la entidad no paga

Reconocido el derecho y certificado el tiempo de servicio, el cobro se gestiona ante la oficina institucional de recursos humanos de la entidad. Si la administración niega el pago o guarda silencio, el asunto puede llevarse —agotada la vía gubernativa— ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia por la vía contencioso-administrativa:

Lo esencial

Ser de libre nombramiento y remoción significa exactamente eso: que el cargo se tiene mientras dure la confianza. No significa trabajar sin derechos. El tiempo servido genera prima de antigüedad, vacaciones y décimo tercer mes que la separación discrecional no extingue, y que la entidad debe liquidar y pagar. Ante una resolución de cese, la revisión temprana de fechas, reconocimientos y plazos evita que un derecho claro se pierda por los términos.