Anteproyecto de ley 203.

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución Politica de la República de Panama y el Reglamento Organico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con los artículos 108, 109 Y actuando en mi condición de Diputado de la República, presento al pleno de esta Asamblea Nacional, el Anteproyecto de ley "POR ~L CUAL SE ESTABLECE. EL MARCO REGULATORIO, PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLlCOS DE AGUA, ENERGíA ELÉCTRICA E INTERNET EN ÁREAS EXCEPCIONALES, DE FORMA TEMPORAL EN LA REPÚBLICA DE PANAMA Y DICTA OTRAS Como fundamento Constitucional y de Derechos Humanos, nuestra iniciativa legislativa esta basada en el Título 111 que hace referencia a los derechos y deberes individuales y sociales, específicamente lo planteado en los artículos 19, 109 y 110 de la Constitución Politica de la República de Panama, asi como en los tratados internacionales ratificados por el Estado (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las resoluciones de la ONU sobre Derechos al Agua, la Energía Limpia y el Acceso a Internet).

El acceso de los servicios públicos de agua potable, internet y electricidad, constituye el pilar fundamental para el desarrollo humano, la salud pública , la educación. Por tanto, es menester que las exigencias en áreas urbanas y rurales deben ser flexibilizadas por la normativa y manuales prácticos de las empresas que brindan este tipo de servicios, para evitar la deficiencia de desarrollo en lo señalado.

A pesar de los avances regulatorios de las últimas décadas, persiste una brecha estructural entre los centros urbanos y rurales. Esta desigualdad condena a miles de familias al uso de la tecnología, la insalubridad por falta de agua y energía eléctrica.

El presente anteproyecto de ley nace de la necesidad o propósito de resolver este problema histórico para personas que tienen más de 5 años de residir en la comunidad sin tener los servicios básicos, por lo que, a través de un marco normativo jurídicamente viable, con carácter temporal hasta tanto se resuelva el problema legal o habitacíonal del área.

Por esta razón , se hace necesario un marco regulatorio especial y equitativo de los servicios públicos de electricidad, agua potable e internet que abarque un contexto general en todas las áreas como principio fundamental de la no discriminación geográfica, cuyos requisitos mínímos deben ser sustituidos por certificaciones comunitarias de residencia para asegurar el acceso a los servicios públicos, que son responsabilidad del Estado.

Siendo asi , es importante destacar que, el Estado tiene una deuda histórica de equidad social territorial , pues no se trata únicamente de construir infraestructura, sino que, cada habitante de la República, independiente de su lugar de residencia o nivel económico, cuente con la energía eléctrica, el agua potable y la conectividad necesarias para desarrollar su pleno potencial. Estas brechas crean una desigualdad de derechos y oportunidades.

Esta iniciativa no genera duplicidades normativas; lo que pretende es el disfrute de estos servicios por todos los habitantes del país e igualmente, no se alteran los contratos de concesión vigentes.

El fin primordial es, plantear un enfoque práctico y flexibilizar los requisitos mínimos adaptados a la realidad socioeconómica y geográfica que, deriva en evitar trámites habituales y que esta barrera delimite el aprovechamiento de estos servicios básicos.

Hacemos énfasis en que, esta iniciativa legislativa reviste el carácter necesario, de orden público e interés social , toda vez que se trata del bienestar de la población, la salud pública y la erradicación de la pobreza extrema, que debe prevalecer sobre los intereses comerciales, los reglamentos internos de las instituciones estatales o privadas.