Anteproyecto de ley 104.

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga los artículos 108 y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar el. Anteproyecto de Ley "Que regular las condiciones laborales de los prestadores de servicios de Seguridad Privada y dicta otras disposiciones", la cual se merece la siguiente:

La seguridad privada constituye una actividad complementaria de gran importancia para la seguridad ciudadana, la protección de bienes públicos y privados, la custodia de personas y valores, así como para el desarrollo de múltiples actividades económicas en la República de Panamá.

Actualmente, miles de trabajadores prestan servicios de vigilancia y protección en instalaciones comerciales, industriales, residenciales, financieras, educativas, hospitalarias y gubernamentales, desempeñando una labor esencial para la tranquilidad y el funcionamiento de la sociedad.

No obstante, pese a la relevancia de esta actividad, persisten situaciones que afectan las condiciones laborales y sociales de los agentes de seguridad privada. En numerosos casos se han identificado incumplimientos relacionados con la afiliación a la Caja de Seguro Social, la contratación de seguros de vida y accidentes, el pago de jornadas extraordinarias, la asignación de funciones ajenas a la naturaleza del cargo y otras prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores.

De igual fornla, se observa la existencia de personas naturales y jurídicas que prestan servicios de seguridad privada sin contar con las autorizaciones legales correspondientes, generando riesgos para la seguridad pública, competencia desleal para las empresas que operan formalmente y una afectación directa a los derechos laborales de quienes ejercen estas funciones.

La presente iniciativa legislativa busca fortalecer el marco jurídico vigente mediante el establecimiento de normas que garanticen condiciones laborales dignas para los trabajadores de seguridad privada, promoviendo el cumplimiento efectivo de las obligaciones laborales, de seguridad social y de protección ocupacional por parte de las empresas prestadoras del servicio.

Asimismo, el proyecto incorpora mecanismos de corresponsabilidad para las personas naturales, jurídicas y entidades públicas que contratan servicios de seguridad privada, estableciendo la obligación de verificar que las empresas contratadas se encuentren debidamente autorizadas y cumplan con sus obligaciones legales frente a sus trabajadores. Con ello se pretende combatir la informalidad, reducir la evasión de las obligaciones de seguridad social y fortalecer la protección integral de los agentes de seguridad.

La iniciativa también promueve la profesionalización del sector mediante el cumplimiento de requisitos mínimos de formación, idoneidad flsica y mental, así como el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y fiscalización a cargo de las autoridades competentes. Estas medidas contribuirán a elevar los estándares de calidad del servicio, mejorar la confianza ciudadana y garantizar que quienes ejercen funciones de seguridad privada cuenten con las capacidades necesarias para el desempeño de sus responsabilidades.

Adicionalmente, se actualiza determinados aspectos de la normativa que regula las empresas de seguridad privada, particularmente en materia de requisitos operativos, pólizas de seguro y mecanismos de control administrativo, procurando adecuarlos a la realidad actual del sector y a las crecientes exigencias en materia de seguridad.

La presente propuesta se fundamenta en los principios constitucionales de protección al trabajo, dignidad humana, seguridad jurídica, solidaridad social y seguridad ciudadana, procurando un equilibrio adecuado entre los derechos de los trabajadores, las obligaciones de las empresas prestadoras del servicio y los intereses de los usuarios de la seguridad privada.

Por las razones expuestas, sometemos a consideración de la Asamblea Nacional el presente Anteproyecto de Ley, convencidos de que su aprobación contribuirá significativamente al fortalecimiento de la seguridad privada, la protección de los trabajadores del sector y el desarrollo de una actividad más profesional, transparente y responsable en beneficio de toda la sociedad panameña.