Anteproyecto de ley 100.

El cáncer constituye una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la República de Panamá, representando uno de los mayores desafíos para el sistema nacional de salud por sus profundas repercusiones sanitarias, sociales, económicas y familiares. Según datos epidemiológicos nacionales e internacionales, la incidencia de esta enfermedad ha experimentado un incremento sostenido durante las últimas décadas, afectando de manera significativa a niñas, niños, adolescentes y personas adultas en todo el territorio nacional.

Si bien el Estado panameño, a través del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, ha desarrollado políticas, programas y servicios dirigidos a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, aún persisten importantes desafíos estructurales relacionados con la detección temprana, el diagnóstico oportuno, el acceso equitativo a tratamientos especializados, la incorporación de nuevas tecnologías, la disponibilidad de medicamentos innovadores y la continuidad terapéutica. Estas limitaciones generan desigualdades en el acceso a los servicios de salud, incrementan la carga económica que enfrentan las familias y pueden traducirse en retrasos que disminuyen las posibilidades de éxito de los tratamientos y aumentan el riesgo de complicaciones y mortalidad.

La Constitución Política de la República de Panamá consagra en su artículo 109 que la salud constituye un derecho fundamental de la persona y establece la obligación del Estado de velar por su protección. Asimismo, el artículo 110 dispone que corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar los servicios de salud pública, mientras que el artículo 91 reconoce la protección especial que merece la niñez. Estos principios constitucionales adquieren especial relevancia frente al cáncer, particularmente en la población pediátrica, donde el diagnóstico oportuno, el acceso inmediato al tratamiento y la continuidad terapéutica pueden representar la diferencia entre la vida y la muerte. En consecuencia, corresponde al Estado adoptar políticas públicas permanentes que garanticen una atención integral, continua, oportuna y de calidad para todas las personas afectadas por enfermedades oncológicas.

La presente iniciativa también encuentra sustento en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, organismos que promueven el fortalecimiento de políticas nacionales integrales para la prevención, detección temprana, tratamiento oportuno y control del cáncer, mediante estrategias sostenibles, basadas en evidencia científica y centradas en las personas.

No obstante, los esfuerzos institucionales realizados, el marco jurídico vigente carece de una norma integral, especializada y permanente que articule de manera sistémica todas las etapas de la lucha contra el cáncer: promoción de la salud, prevención, tamizaje, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos, investigación científica, vigilancia epidemiológica y seguimiento de los pacientes. Esta ausencia normativa limita la planificación estratégica de largo plazo y dificulta la consolidación de una verdadera política pública de Estado que garantice la continuidad y sostenibilidad de las acciones dirigidas al control integral de esta enfermedad.

El presente Anteproyecto de Ley tiene como finalidad declarar la prevención y atención integral del cáncer como una prioridad sanitaria nacional; fortalecer la rectoría del Estado en la formulación y ejecución de las políticas públicas en esta materia; garantizar la actualización periódica del Cuadro Nacional de Medicamentos respecto de las terapias oncológicas sustentadas en evidencia científica; asegurar la continuidad de los tratamientos sin interrupciones administrativas injustificadas; crear el Registro Nacional del Cáncer como instrumento permanente de vigilancia epidemiológica; establecer el Plan Nacional del Cáncer con objetivos, indicadores y mecanismos de evaluación periódica; fortalecer la protección laboral de las personas diagnosticadas durante su tratamiento activo; reconocer el derecho al olvido oncológico como mecanismo de protección contra la discriminación; priorizar la atención especializada de niñas, niños y adolescentes bajo el principio del interés superior del menor; y crear un Fondo Nacional para la Atención Integral del Cáncer con mecanismos de financiamiento transparentes, sostenibles y sujetos a los controles correspondientes.

La propuesta incorpora un enfoque basado en los derechos humanos, la equidad territorial, la bioética, la sostenibilidad financiera y la transparencia en la gestión pública. Asimismo, fortalece los mecanismos de control y prevención de conflictos de interés en los procesos relacionados con la adquisición de medicamentos, procurando garantizar procedimientos objetivos, transparentes y auditables que contribuyan al uso eficiente de los recursos públicos.

Este Anteproyecto de Ley no crea nuevas cargas tributarias. Por el contrario, establece mecanismos de asignación presupuestaria progresiva y fuentes de financiamiento compatibles con los principios de sostenibilidad fiscal y con el marco jurídico vigente, garantizando así su viabilidad financiera y su implementación gradual conforme a las capacidades del Estado.

Legislar en materia oncológica no constituye únicamente una decisión en materia de salud pública; representa un acto de responsabilidad social, solidaridad y justicia. Significa reconocer la dignidad de las personas que enfrentan esta enfermedad y garantizarles un marco institucional que les permita acceder a una atención oportuna, integral, continua y humanizada, en condiciones de igualdad y sin discriminación.

La lucha contra el cáncer exige una política pública permanente, articulada y sustentada en evidencia científica.

La presente iniciativa representa un paso decisivo hacia la consolidación de un marco legal moderno, sostenible y centrado en las personas, fortaleciendo la capacidad institucional del Estado para responder de manera oportuna, equitativa y eficiente a uno de los mayores desafíos de salud pública que enfrenta nuestro país, en armonía con los principios constitucionales y las mejores prácticas internacionales.