Proyecto de ley 659.

La República de Panamá es un Estado pluricultural y multiétnico. Sin embargo, a pesar de los avances legales, nuestros pueblos indígenas continúan enfrentando barreras críticas en el acceso a la justicia y en la protección de sus derechos laborales, especialmente en sectores como la agricultura y la ganadería. El presente Proyecto de Ley surge de la necesidad imperante de cerrar brechas de vulnerabilidad mediante tres pilares fundamentales: 1. Garantía del Debido Proceso y Barrera Idiomática: Muchos trabajadores indígenas, cuya lengua materna no es el castellano, firman contratos o enfrentan procesos legales sin comprender plenamente sus términos. Proponemos la obligatoriedad de un intérprete proporcionado por el Estado (MITRADEL o el Órgano Judicial) para asegurar que el consentimiento sea libre e informado. 2. Actualización del Régimen Sancionatorio: Las multas actuales en el Código de Trabajo han perdido su capacidad disuasoria frente a la inflación y el crecimiento económico. Elevar las sanciones hasta B/. 5,000.00 busca desincentivar la informalidad y el abuso, garantizando que el incumplimiento no sea más "rentable" que cumplir la ley. 3. Fortalecimiento de la Inspección: Se otorgan facultades explícitas a las autoridades laborales para verificar el cumplimiento de contratos escritos en zonas rurales y poblaciones pequeñas, donde históricamente la supervisión estatal ha sido escasa. No se trata solo de un cambio administrativo, sino de un acto de dignidad humana para quienes sostienen gran parte de la producción del campo panameño.