Anteproyecto de ley 90.

En eJercIcIO de la facultad legislativa que me confiere el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional y la Constitución de la República de Panamá, presento a consideración de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de ley "Que prohíbe privilegios injustificados a las autoridades del Estado", y que nos merece la siguiente exposición de motivos:

La democracia no se sostiene únicamente sobre el mandato popular. Se sostiene, sobre todo, en la confianza que los ciudadanos depositan en quienes administran los recursos que les pertenecen. Cuando esa confianza se erosiona, no solo se debilitan las instituciones: se rompe el vínculo esencial entre el Estado y la ciudadanía.

Panamá atraviesa uno de los momentos de mayor desconfianza hacia la gestión pública.

Durante años, la población ha sido testigo de escándalos de corrupción, privilegios injustificados y un uso discrecional de los recursos estatales que han alimentado la percepción de que existen dos realidades distintas: la del ciudadano que paga impuestos, enfrenta el alto costo de la vida, espera atención médica, educación de calidad y servicios públicos eficientes; y la de algunos altos funcionarios que disfrutan de beneficios financiados con el dinero de todos, muchas veces sin relación alguna con el cumplimiento de sus funciones.

Mientras miles de familias hacen sacrificios para cubrir necesidades básicas, el Estado ha asumido en ocasiones gastos que responden más a privilegios personales que a necesidades institucionales. Vehículos adquiridos bajo regímenes preferenciales, gastos de telefonía personal, uso indebido de combustible oficial, viajes innecesarios, tarjetas institucionales utilizadas sin controles suficientes, escoltas destinados a actividades privadas y otros beneficios similares han generado una profunda indignación ciudadana.

Más allá del monto económico que cada uno de estos beneficios pueda representar, el verdadero costo es moral e institucional. Cada privilegio injustificado envía un mensaje devastador: que quienes ejercen el poder pueden vivir bajo reglas distintas a las del resto de la sociedad. Esa percepción alimenta el desencanto democrático, incrementa el rechazo hacia las instituciones públicas y debilita la legitimidad del Estado.

El servicio público no puede convertirse en un mecanismo para obtener ventajas personales. Quien decide ejercer una función pública acepta una responsabilidad superior frente a la sociedad, no un catálogo de privilegios financiados con recursos colectivos. Los cargos públicos existen para servir al ciudadano, no para generar beneficios particulares.

A 10 largo de las décadas, estos privilegios han ido acumulándose y consolidándose, hasta convertirse en un símbolo de la marcada disparidad existente entre los servidores públicos y la ciudadanía en general. Esta brecha ha alimentado un creciente descontento popular, que se manifiesta en la percepción de que los funcionarios están desconectados de las necesidades de la mayoría de los panameños y de la alta corrupción, no como opinión personal, sino como dato científico. En el 2025 en los resultados del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, Panamá únicamente tuvo 33 puntos sobre 100, ubicándose en el puesto 116 de 180, es decir dentro de los menos transparentes y con mayor percepción de corrupción.

Un aspecto clave de estos privilegios es la inmunidad parlamentaria y jurídica de la que gozan los diputados y otros altos funcionarios. Esta protección legal les concede inmunidad frente a ciertos procesos judiciales mientras están en el cargo, lo que ha sido objeto de controversia. En varias ocasiones, esta inmunidad ha sido utilizada para evitar el enjuiciamiento por presuntos actos de corrupción o abuso de poder, 10 que contribuye a una percepción de impunidad entre la clase política.

A 10 largo de los años, ha habido múltiples intentos de reformar este sistema de privilegios, con el objetivo de reducir las desigualdades y mejorar la transparencia. Sin embargo, estos esfuerzos han enfrentado una fuerte resistencia, tanto de los propios beneficiarios de estos privilegios como de actores políticos que temen perder apoyo o influencia. La resistencia al cambio es evidente, especialmente cuando los funcionarios que se benefician de estos privilegios tienen la capacidad de influir en el proceso legislativo. Esto ha creado un círculo vicioso donde las reformas se enfrentan a obstáculos significativos, exacerbados por la falta de presión ciudadana organizada y por la percepción de que las elecciones no suelen resultar en cambios sustanciales en esta materia.

Desde el punto de vista del estado de derecho es preocupante porque partimos de un principio constitucional: "no habrá fuero ni privilegios". Nuestra Constitución Política es clara en su intención de consolidar la igualdad ante la ley y garantizar que ningún ciudadano, independientemente de su cargo, posición o estatus, esté por encima del orden legaL Este precepto es esencial en un estado democrático de derecho, donde se aspira a que todos los individuos sean tratados de manera equitativa y que la justicia se aplique sin distinciones. Sin embargo, al examinar este principio en el contexto de los privilegios que han disfrutado históricamente los funcionarios del Estado en Panamá emergen diversas contradicciones y desafios que requieren un análisis más profundo.

Los "privilegios" se manifiestan como beneficios, ventajas o inmunidades que estos individuos gozan debido a su posición o cargo. En teoría, la Constitución de Panamá busca erradicar cualquier forma de fuero y privilegio, estableciendo que todos, incluidos los funcionarios públicos, deben estar sujetos a las mismas leyes y procedimientos que el resto de la ciudadanía. Sin embargo, en la práctica, la realidad ha demostrado ser bastante diferente.

La existencia de fueros y privilegios, a pesar de la prohibición constitucional, tiene profundas implicaciones para la democracia y el estado de derecho en Panamá. En primer lugar, socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado. Cuando la ciudadanía percibe que los funcionarios públicos pueden evadir la justicia o disfrutar de beneficios que no están al alcance del resto, se agudiza la desconfianza generalizada que debilita la legitimidad del gobierno y las instituciones democráticas. Además, consolida una desigualdad de poder entre los ciudadanos y los funcionarios públicos, lo que contradice los principios democráticos de igualdad y justicia. Esta desigualdad no solo perpetúa las injusticias, sino que también fomenta un ambiente donde la corrupción puede florecer, ya que los funcionarios pueden sentirse protegidos de las consecuencias de sus acciones debido a los fueros y privilegios que poseen.

Parte de esta discusión se ha sostenido en la actual Asamblea Nacional formando parte de las reformas de su Reglamento Orgánico del Régimen Interno. Uno de los puntos centrales propuestas es la eliminación de la exoneración de impuestos en la adquisición de vehículos de uso personal, tomando en cuenta que actualmente se les permite para dos vehículos de uso personal y de su familia. En este sentido, algunos señalamientos de diputados que rechazan la propuesta de eliminación de dicho beneficio es la equiparación con altas autoridades de los demás órganos del Estado, toda vez que alegan que los ministros y magistrados gozan de este mismo tipo de ventajas a razón de su cargo. Incluso en entrevistas han dicho que estarían de acuerdo con la propuesta si se aplica para los tres poderes del Estado por igual, 10 cual sí debe considerarse como algo fundamental. Por eso, con la presente iniciativa legislativa buscamos hacer extensivo las diferentes prohibiciones a las autoridades electas popularmente, al gobierno central, incluyendo los ministros, como de igual forma a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. y es que hay que entender que los recursos del Estado provienen del esfuerzo diario de millones de panameños. Cada balboa administrado por una institución pública representa horas de trabajo de un contribuyente, el pago de impuestos de un emprendedor, el esfuerzo de una empresa que genera empleo o el sacrificio de una familia que espera que esos recursos regresen convertidos en mejores hospitales, escuelas, carreteras, seguridad y oportunidades.

Por ello, la presente iniciativa busca fortalecer principios elementales de ética pública: austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Ningún beneficio personal puede justificarse únicamente por el cargo que ocupa un servidor público. Solo aquellos gastos que sean estrictamente necesarios, razonables y directamente vinculados al ejercicio de las funciones institucionales deben ser sufragados por el Estado.

La propuesta no pretende impedir que las autoridades cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar eficazmente sus responsabilidades. Por el contrario, reconoce que determinadas facilidades pueden resultar indispensables para garantizar la continuidad del servicio público, la seguridad institucional o la representación oficial del Estado. Sin embargo, dichas facilidades deben responder a criterios objetivos, proporcionales y verificables, nunca a privilegios personales o discrecionales.

La aprobación de esta Ley constituye también una respuesta a un reclamo ciudadano ampliamente compartido, que quienes ejercen funciones públicas den ejemplo con sus acciones. La confianza no se recupera únicamente mediante discursos o promesas, se reconstruye mediante decisiones concretas que demuestren que la ley aplica por igual para todos y que el ejercicio del poder implica mayores responsabilidades, no mayores privilegios.

La eliminación de privilegios injustificados no representa un castigo para quienes ocupan cargos públicos; representa un acto de respeto hacia los ciudadanos que financian el funcionamiento del Estado y esperan una administración honesta, eficiente y responsable.