Proyecto de ley 644.

El proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de ~~~!ftpresenta " ante esta Honorable Asamblea Nacional como un instrumento de inversión para el desarrollo, orientado a garantizar la continuidad de los programas y servicios esenciales, utilizando los recursos de los ciudadanos con transparencia, eficiencia y sentido de prioridad. Este proyecto se sustenta en la protección social, la responsabilidad pública y la disciplina fiscal. El Presupuesto General del Estado no constituye, de manera alguna, un cheque en blanco ni una autorización para gastar de manera automática. Es el marco máximo dentro del cual el Estado podrá ejecutar sus programas y proyectos, sujeto al comportamiento real de los ingresos, al cumplimiento de los requisitos legales, al refrendo correspondiente, a la capacidad efectiva de ejecución y a la evaluación de resultados. Panamá inició, a partir del 1 de julio de 2024, una corrección significativa de sus desequilibrios fiscales. El déficit del Sector Público No Financiero se redujo de 6.23% del Producto Interno Bruto en 2024 a 3.7% en 2025, por debajo del límite legal de 4.0% para esa vigencia. En términos nominales, el déficit se redujo en B/.2,069 millones, reflejando una mejora sustancial del balance fiscal del 41 %, donde solo un puñado pequeño de países en el mundo ha logrado esta mejora. Esta consolidación se alcanzó de manera gradual, sin recurrir a recortes abruptos, ni traumáticos o indiscriminados que comprometieran la prestación de servicios públicos, la protección social o la inversión estratégica. La corrección se apoyó en el fortalecimiento de los ingresos, una administración más disciplinada del gasto, la priorización de obligaciones y una gestión activa de la administración de la deuda. Como resultado de las medidas de consolidación fiscal, pnonzación del gasto y manejo responsable de las obligaciones públicas, se ha moderado progresivamente el ritmo de crecimiento de la deuda pública. El incremento del saldo pasó de B/.6,71 1.4 millones al cierre de 2024, equivalente a 14.3%, a B/.5,612.5 millones durante 2025, equivalente a 10.4%. Asimismo, entre diciembre de 2025 y junio de 2026, la deuda registró un aumento acumulado de B/.2, 177.5 millones, equivalente a 3.7%, cifra menor al crecimiento del Producto Interno Bruto. Esta evolución evidencia una moderación en la acumulación de nuevas obligaciones como reconocimiento de pagos de interés de viviendas para la familia panameña de la administración anterior y constituye un avance en el proceso de recuperación gradual de la sostenibilidad fiscal. No obstante, el saldo total de la deuda aún continúa reflejando retos, por lo que es indispensable mantener una gestión prudente de los pasivos, diversificar fuentes de financiamiento y seguir ordenando el perfil de vencimientos. La consolidación fiscal ocurrió junto con una , r~cuperación de la actividad económica. Panamá creció 4.4% en términos reales durante 2025, frente a 2.9% en 2024, y durante el primer trimestre de 2026 el Producto Interno Bruto aumentó 4.8% interanual. Estos resultados demuestran que el ordenamiento fiscal y el crecimiento no son objetivos contrapuestos: unas finanzas públicas creíbles reducen incertidumbre, fortalecen la confianza y crean mejores condiciones para la inversión privada, la actividad productiva, lo que se requiere para generación de empleos. Para 2027 el límite máximo del déficit del Sector Público No Financiero es de 3.0% del Producto Interno Bruto. El cumplimiento de esta trayectoria es indispensable para recuperar espacio fiscal y proteger el grado de confianza del país. La recuperación gradual del espacio fiscal permite incrementar la capacidad del Estado para financiar inversiones estratégicas y fortalecer programas socülles prioritarios, agua, medicinas, salud, seguridad, educación, transporte público, apoyo a grupos de menores ingresos, asegurando que los recursos públicos beneficien directamente a la población sin comprometer la estabilidad macroeconómica. El Presupuesto General del Estado recomendado para 2027 asciende a B/.35, 111.7 millones, frente a B/.34,913.8 millones del presupuesto modificado de 2026. El aumento neto es de B/.197.9 millones, equivalente a 0.6%, por lo que no se trata de una expansión generalizada del gasto, sino de una recomposición de prioridades. Las instituciones públicas solicitaron recursos por B/.40,840.3 millones para 2027. Luego del análisis técnico, fiscal y de capacidad de ejecución, se recomendó B/.35,111.7 millones, es decir, .;",lIo1aPr., .,...

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B/.5,728.6 millones menos que el monto solicitado, es decir 14%, el cual excedía la disponibilidad de recursos proyectada. Esta diferencia evidencia que las solicitudes fueron analizadas responsablemente y que el proyecto de presupuesto se construyó dentro de límites fiscales y financieros disponibles. Las solicitudes de funcionamiento ascendieron a B/.27,267.7 millones y fueron recomendadas en B/.22,547.6 millones, un ajuste de B/.4,720 millones frente a lo solicitado. Las solicitudes de inversión alcanzaron B/.13,572.6 millones, de los cuales se recomendaron B/.12,564.lmillones. La asignación priorizó el aumento de la inversión y la selección de proyectos con mayor grado de madurez, impacto económico y social, y viabilidad de ejecución El gasto de funcionamiento disminuye de B/.23 ,713.7 millones en 2026 a B/.22,547.6 millones en 2027, una reducción de 1,166.1 míllones, equivalente a 4.9%. Por su parte, la inversión aumenta de B/.11,200 millones a B/.12,564.1 millones, un incremento de 1,364 millones, equivalente a un 12%. En consecuencia, el aumento de la inversión es financiado dentro de un presupuesto total prácticamente estable. La inversión recomendada se compone de aproximadamente B/.7,065 millones de inversión fisica y B/.5,499.1 millones de inversión financiera. La inversión total representa 36% del presupuesto recomendado, mientras que la inversión fisica equivale a cerca de 23%. Esta distinción es esencial: la inversión fisica se vincula con infraestructura, equipamiento y proyectos públicos, mientras que la inversión financiera incluye operaciones y activos que no deben confundirse con gasto corriente ordinario. En el contexto internacional, este nivel de inversión fisica posiciona a Panamá entre los países con una política de inversión pública más ambiciosa, orientada a acelerar el crecimiento, fortalecer la competitividad y mejorar la calidad de vida de la población. El presupuesto del Gobierno Central pasa de B/.17,935.6 millones modificados en 2026 a B/.16,534.5 millones recomendados para 2027, una disminución de B/.l ,401 millones, equivalente a 7.8%. Esta reducción se explica principalmente por el comportamiento del Servicio de la Deuda Pública y no por una disminución generalizada de los servicios, programas y responsabilidades sustantivas del Estado. El Servicio de la Deuda Pública, que incluye amortizaciones e intereses, disminuye de B/.7,938.9 millones en 2026 a B/.5,496.1 millones en 2027, una disminución de -B/.2,442.7 millones, equivalente a 30.8%. Esta reducción responde al calendario anual de vencimientos, amortizaciones y operaciones de financiamiento y reducción de intereses por manejo estratégico de mercado. No debe interpretarse como una reducción automática del saldo de la deuda, ni como un ahorro discrecional, por 10 que deberá mantenerse una gestión activa de pasivos orientada a reducir riesgos, suavizar vencimientos y administrar el costo financiero. En esta coyuntura, la menor presión del servicio de la deuda genera un mayor espacio fiscal que permite destinar, en este presupuesto, mayores recursos hacia educación, salud, infraestructura, seguridad y programas sociales. Esto fortalece la capacidad del Estado para atender las principales necesidades de la población, lo que permite una gestión responsable y coherente con los objetivos de la política macro fiscal del país. En términos coloquiales privilegiamos la inversión social que fortalece la economía, y refinan ciamos a tasas muy convenientes los vencimientos próximos. Esto le da más oxígeno al país para avanzar y alcanzar metas de desarrollo. El incremento de B/.l,041.6 millones en el presupuesto del Gobierno Central se distribuye de la siguiente manera: B/.522.9 millones para funcionamiento y B/.518.7 millones para inversión. Del aumento en el gasto de funcionamiento, aproximadamente B/.340.0 millones se destinan a servicios personales y obligaciones legales, principalmente en los sectores de educación, salud, seguridad pública y desarrollo agropecuario, mientras que alrededor de B/.40.0 millones corresponden al incremento del 4% de la transferencia anual que, por disposición legal, debe efectuar el Gobierno Central a la Caja de Seguro Social, elevando dicha transferencia a aproximadamente B/.l,044 millones para la vigencia fiscal 2027, un aporte necesario para garantizar las pensiones de los panameños. El crecimiento del funcionamiento no debe presentarse como una expansión indiscriminada del aparato estatal. Corresponde, en su mayor parte, al reconocimiento presupuestario de obligaciones vigentes, continuidad de servicios, leyes especiales, contratos, transferencias y operación, yen particular la transferencia hacia la Caja de Seguro Social por B/. 1,044 millones. Precisamente por su carácter rígido, estas asignaciones deberán acompañarse de controles de desempeño, revisión de resultados y medidas permanentes de eficiencia. Dentro del Gobierno Central se observan aumentos netos en instituciones vinculadas con servicios e inversión prioritaria: Ministerio de Obras Públicas, B/.238.7 millones; Ministerio de Salud, B/.163.1 millones; Ministerio de Educación, B/.117.8 millones; Ministerio de Seguridad Pública, B/.116.5 millones; y Ministerio de Desarrollo Agropecuario, B/.78.4 millones. Estas variaciones comprenden funcionamiento e inversión y deben evaluarse por sus productos, metas y capacidad efectiva de ejecución. Las instituciones descentralizadas aumentan de B/.I0,576.4 millones en 2026 a B/.11,153.6 millones en 2027, una variación de B/.577 millones, equivalente a 5.5%. De este incremento, B/.372.5 millones corresponden a funcionamiento y B/.204.7 millones a inversión. El aumento se concentra en seguridad social, descentralización, deporte, educación superior y formación, sectores que atienden responsabilidades permanentes del Estado. En adición a los B/. 1,044 millones de aportes ya registrados en el Gobierno Central, el presupuesto recomendado de la Caja de Seguro Social es de B/.8,507.5 millones, frente a B/.8,211.2 millones en 2026, un incremento de B/.296.3 millones, equivalente a 3.6%. De este total, B/.5,581.0 millones corresponden a funcionamiento y B/.2,926.5 millones a inversión. Las empresas públicas aumentan de B/.2,217.7 millones en 2026 a B/.3,117.5 millones en 2027, una variación de B/.899.8 millones, equivalente a 40.6%. El aumento se concentra principalmente en Metro de Panamá, S.A., B/.333.7 millones; Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., B/.284.1 millones; Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., B/.139.8 millones; e Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, B/.83.0 millones. Estos presupuestos de las empresas del Estado incluyen operación, inversión, ingresos propios y estructuras financieras que no son equivalentes al gasto ordinario de los ministerios. Por ello, su evaluación debe considerar la fuente de financiamiento, el flujo de caja de cada entidad, la rentabilidad económica y social de los proyectos, los hitos de ejecución y la capacidad de generar mejores servicios de movilidad, energía, conectividad, agua y saneamiento. El eje central del Presupuesto General del Estado para 2027 es mejorar la calidad de vida de los panameños mediante mayores recursos para educación, salud, seguridad social, infraestructura, vivienda, agua potable, seguridad ciudadana y programas orientados a reducir las brechas sociales y territoriales. Nuestra misión es que, cada vez más, los recursos públicos se vuelvan palpables para el país y para la gente. El Presupuesto General del Estado para 2027 jncorpora aproximadamente B/.3,400 millones destinados al financiamiento de subsidios y/ programas de apoyo económico, de los cuales alrededor de B/.l ,496 millones corresponden a los aportes solidarios del Gobierno Central a los programas administrados por la Caja de Seguro Social. De este monto, aproximadamente B/.l ,044 millones se destinan como aporte del Estado al Fondo Único Solidario de la Caja de Seguro Social. El esfuerzo de estos recursos refleja el compromiso del Estado con la protección social y el bienestar de la población, pero también la necesidad de fortalecer su focalización, evaluación y seguimiento, para asegurar que beneficien efectivamente a la población objetivo, generen el mayor impacto social posible y contribuyan al uso eficiente y sostenible de los recursos públicos. La mano solidaria del estado siempre estuvo presente en nuestra gestión y seguirá siendo el apoyo para quienes más lo necesitan. En educación el objetivo es: mejor aprendizaje, permanencia escolar, infraestructura digna, formación técnica, conectividad, capacitación docente y competencias pertinentes para el empleo. Un mayor presupuesto solo se justifica cuando se transforma en oportunidades concretas para los estudiantes y en productividad para el país. En salud y seguridad social los recursos se procura acceso oportuno, continuidad de atención, disponibilidad de medicamentos e insumos, reducción de tiempos de espera, mantenimiento de instalaciones, modernización tecnológica y sostenibilidad financiera. La protección de estos servicios esenciales exige tanto suficiencia presupuestaria como transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.

La inversión pública deberá priorizar proyectos capaces de generar empleo, mejorar movilidad, asegurar agua y energía, fortalecer logística, elevar competitividad y cerrar brechas territoriales. Las asignaciones deberán estar respaldadas por cronogramas realistas, diseños y permisos, disponibilidad de terrenos, programación financiera y mecanismos de seguimiento fisico y presupuestario. La estabilidad fiscal fortalece la confianza de los ciudadanos, inversionistas, organismos multilaterales, calificadoras de riesgo y mercados financieros. Una trayectoria creíble de déficit, acompañada de reglas claras, seguridad jurídica y ejecución eficiente, reduce incertidumbre, favorece la inversión privada, el empleo y crea condiciones para un crecimiento más alto, inclusivo y sostenible. Esta estabilidad es condición necesaria para un crecimiento sostenible que signifique una mejoría notable en la vida de los panameños. La ejecución del presupuesto se regirá por la programación financiera y de caja, priorizando planilla, pensiones, seguridad social, servicio de deuda, obligaciones contractuales, inversión, servicios básicos y programas esenciales. El objetivo es evitar la acumulación de compromisos sin respaldo financiero y proteger el pago oportuno a proveedores que hayan cumplido con los requisitos legales y contractuales. Cada entidad vincula sus asignaciones con metas, productos e indicadores, y reportar periódicamente el avance fisico y financiero de sus programas y proyectos. Cuando los ingresos o la capacidad de ejecución sean inferiores a 10 previsto, deberán adoptarse oportunamente medidas de contención, reprogramación o reasignación, preservando las obligaciones prioritarias. El presupuesto 2027 reafinna una regla sencilla frente al ciudadano: cada balboa público tiene una finalidad definida, una fuente de financiamiento, una entidad responsable, una capacidad real de ejecución y un resultado que pueda ser medido. La transparencia no consiste únicamente en publicar cuánto se autoriza, sino también cuánto se recauda, cuánto se compromete, cuánto se paga y qué beneficio recibe la población. La experiencia de 2025 y 10 que va de 2026 demuestra que Panamá puede reducir su déficit y, al mismo tiempo, acelerar el crecimiento económico. Esta combinación que parece simple, es de una complejidad inmensa e muy inusual en América Latina. El desafio de 2027 es sostener esa confianza mediante un presupuesto realista, prudente y ejecutable, que proteja lo esencial, impulse inversión con resultados y preserve la estabilidad necesaria para generar empleo y oportunidades. El Presupuesto General del Estado para 2027 no se sustenta en promesas sin respaldo ni en reducciones meramente retóricas. Reconoce de manera transparente las obligaciones existentes, el peso de las leyes especiales, las necesidades de funcionamiento, el ·calendario de la deuda y la importancia de aumentar la inversión. Su propósito es ordenar prioridades, ejecutar mejor y continuar fortaleciendo las finanzas públicas sÍn'debilitar la capacidad del Estado para servir a la , población. Desde el primer día de gestión hémos sincerado las finanzas yeso nos permite tener hoy, una economía más fuerte y más sólida para atender las prioridades del gobierno, que están estrechamente ligadas a las necesidades de los ciudadanos en la construcción de un mejor futuro. Finalmente, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, el Órgano Ejecutivo somete a consideración de la Honorable Asamblea Nacional el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027, autorizado por el Consejo de Gabinete, con el propósito de fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, mejorar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos y contribuir al desarrollo humano, la estabilidad económica y la respon~abilidad intergeneracional que demanda la Nación panameña.