Anteproyecto de ley 27.

La seguridad pública constituye uno de los principales desafíos del Estado panameño en la actualidad. La evolución de los fenómenos delictivos, caracterizados por su concentración territorial, recurrencia y complejidad, exige respuestas institucionales más coordinadas, estructuradas y sostenibles en el tiempo.

En la práctica, los estamentos de seguridad pública han identificado históricamente áreas con alta incidencia delictiva, utilizando información operativa y análisis estadístico para orientar sus acciones. No obstante, estas identificaciones, aunque efectivas en el ámbito operativo, carecen de un reconocimiento formal dentro del ordenamiento jurídico que permita activar de manera obligatoria la participación integral del Estado.

Esta situación genera una limitación estructural: la intervención en estas zonas depende, en gran medida, de la capacidad y voluntad de las instituciones, sin un mandato legal que garantice la coordinación interinstitucional, la asignación de responsabilidades y la continuidad de las aCClOnes.

El presente anteproyecto de ley busca cerrar esa brecha, estableciendo un mecanismo formal de declaratoria oficial de áreas de alta incidencia delictiva, sustentado en criterios técnicos objetivos y en información estadística oficial.

A diferencia de las prácticas actuales, esta declaratoria no se limita a identificar zonas de riesgo, sino que constituye un acto administrativo con efectos jurídicos vinculantes, que activa de manera inmediata la intervención coordinada del Estado.

La propuesta reconoce al Ministerio de Seguridad Pública como ente rector en la materia, otorgándole la competencia para emitir la declaratoria, con base en información proveniente del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales y de los estamentos de seguridad.

Una vez realizada la declaratoria, se activa obligatoriamente la Junta Técnica Provincial correspondiente, como instancia de coordinación interinstitucional ya existente, evitando la creación de nuevas estructuras administrativas y fortaleciendo los mecanismos actuales de gestión territorial.

El proyecto establece que todas las instituciones del Estado, dentro de sus competencias, estarán obligadas a participar en el diseño y ejecución de planes integrales focalizados, los cuales deberán responder a las necesidades específicas del territorio y atender de manera simultánea factores sociales, educativos, urbanos y de seguridad.

Estos planes integrales no sustituyen las funciones de las instituciones, sino que las articulan bajo un enfoque común, permitiendo que las acciones del Estado dejen de ser aisladas y se conviertan en una intervención estructurada y coordinada.

Asimismo, se definen responsabilidades específicas para las principales entidades involucradas, garantizando claridad en la ejecución y evitando duplicidad de funciones.

El anteproyecto incorpora además mecanismos de coordinación operativa, comunicación interinstitucional, seguimiento y evaluación, elementos esenciales para asegurar la efectividad de las acciones y la rendición de cuentas.

Es importante destacar que la presente iniciativa respeta plenamente el marco constitucional vigente, sin afectar las competencias del Ministerio Público ni del Órgano Judicial, limitándose a regular la acción preventiva y la coordinación administrativa del Estado.

En síntesis, esta ley no crea nuevas funciones, sino que organiza, fortalece y formaliza las prácticas existentes, dotándolas de un marco jurídico que garantice su aplicación sistemática, coordinada y sostenida en el tiempo.

Con esta propuesta, se busca avanzar hacia un modelo de intervención territorial integral, en el que el Estado actúe de manera articulada en las zonas donde el delito se concentra, asegurando respuestas más eficaces y sostenibles para la protección de la ciudadanía. _'- .~ j. }\LB'lRT~~EZf l.