Anteproyecto de ley 15.

En ejercicio de la facultad legislativa que me confiere el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional y la Constitución de la República de Panamá, presento a consideración de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de ley "Que establece la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, incrementa sus penas y dicta otras disposiciones", y que nos merece la siguiente:

En búsqueda de salvaguardar las arcas del Estado, dinero de todos los panameños y panameñas, de garantizar la institucionalidad y que se cumpla estrictamente con el estado de derecho, el poder punitivo del Estado debe manifestarse acogiendo la normativa vigente y sancionando en derecho. Por nuestra parte, como Asamblea Nacional, primer órgano del Estado, debemos cumplir nuestro deber constitucional de revisar y fortalecer las leyes que así lo ameritan, para tener un marco jurídico actualizado, vanguardista, que cumpla con las necesidades del país, la realidad que se afronta, generando orden, seguridad y el control necesano.

En este orden de ideas, es inminente y una gran responsabilidad revisar nuestras normas de orden penal, reconociendo en un alto grado de prioridad los delitos contra la administración pública, ya que lamentablemente nos destacamos en los índices internacionales de corrupción de manera negativa, trayendo consigo efectos devastadores para todos los ciudadanos que incluso podemos palpar.

Delitos contra la Administración Pública, su estado actual y la necesidad de introducir modificaciones Actualmente, si bien se enmarcan en el código penal panameño los delitos contra la administración pública, llamados comúnmente delitos políticos, en atención con la necesidad urgente de mitigar y disminuir estos delitos como lo son el peculado, la corrupción de servidores públicos, el enriquecimiento injustificado, tráfico de influencias, entre otros, la norma se denota desfasada y débil, toda vez que es de conocimiento público y notorio que este tipo de delitos se han convertido en prácticas comunes para muchos servidores públicos que deslealmente traicionan a su patria y alejados de servir con honradez, hacen de sus funciones una práctica de beneficios meramente personales, atentando abruptamente contra el estado de derecho. Podemos ver como en caso de ser investigados y enjuiciados, la norma actualmente permite que se beneficien de penas sustitutivas como el trabajo comunitario y arresto domiciliario, sobre todo por lo bajas que están determinadas las penas principales de prisión en muchos casos, como en cuanto diferentes formas de peculado que únicamente van de uno (1) a tres (3) años o sobre el fraude en contratación pública que se disponen de seis (6) meses a dos (2) años de prisión.

Según el informe estadístico de la Procuraduría General de la Nación, solamente del 1 de enero al 30 de junio de 2025, se ha dado entrada a 871 casos relacionados a delitos contra la administración pública, representando el 49% de las que ve la Fiscalía Superior Especializada Anticorrupción.

Con el propósito de fortalecer el marco jurídico de los delitos contra la administración pública, con el deber dispuesto en la Ley N°I5 de lO de mayo de 2005, "Por la cual se aprueba la Convención De Las Naciones Unidas Contra la Corrupción", al tenor de evaluar y mejorar los instrumentos jurídicos y medidas administrativas para combatir la corrupción y trabajar en la dirección de adecentar nuestro país, presentamos este anteproyecto que busca reformar el código penal para que los delitos contra la administración pública primero no prescriban, se aumente sus penas, se establezca la inhabilitación permanente para ejercer funciones públicas y elimine la posibilidad de obtener penas sustitutivas como el arresto domiciliario ya que consideramos injusto el hecho de que una persona que atente contra el erario público, pueda luego gozar desde la comodidad de su domicilio.

Al todos conocer que hay servidores públicos y particulares que están lesionando gravemente al Estado, robándole las oportunidades a los ciudadanos de bien, limitando la mejora en la educación de nuestros niños, afectando directamente los derechos y necesidades básicas como el acceso al agua potable, la correcta recolección de la basura, queda de nuestra parte, como Asamblea Nacional desarrollar una lucha frontal contra la corrupción, a través de este tipo de iniciativas legislativas. Y es que la erradicación de la corrupción no solo es una cuestión de ética, sino también de justicia y de desarrollo sostenible para nuestra nación.

Cabe resaltar que el objeto de este mismo anteproyecto ha sido presentado anteriormente, aprobándose incluso en tercer debate, como el caso del Proyecto de Ley 514 aprobado en el año 2018, mismo al que lamentablemente y por falta de voluntad no se pudo ver su sanción por un veto del Presidente de la República. El compromiso de acabar con la impunidad y fortalecer la certeza del castigo se fundamenta en proyectos como estos, que buscan implementar reformas integrales y mecanismos efectivos de supervisión y control. Es crucial que estas medidas no solo se diseñen, sino que se ejecuten con transparencia y firmeza para garantizar que los responsables de actos corruptos sean debidamente sancionados. En este sentido, es vital que se fortalezca el sistema judicial, dotándolo de los recursos necesarios para que pueda operar de manera independiente y eficaz.

Servir al Estado desde un puesto público debe ser un honor y es imperante asumir el cargo con responsabilidad, honradez y respeto al país, como a todos los que lo conformamos, si a una persona se le otorga este honor y traiciona a su patria cometiendo un delito contra la administración pública de tipo doloso, no debe ser bienvenido en ningún otro momento para laborar en la esfera pública, por eso la importancia de incluir en este proyecto la inhabilitación permanente para ejercer funciones públicas.

Índices de corrupción en Panamá En el Índice de percepción de la corrupción del 2024 de Transparencia Internacional, principal indicador mundial de corrupción en el sector público, Panamá obtuvo 33 puntos sobre 100, siendo 100 menos corrupto y cero (O) más corrupto, disminuyendo la calificación respecto a años anteriores. Este índice mide, entre otros, los siguientes aspectos: legislación que garantice la transparencia en las declaraciones de finanzas personales y posibles conflictos de interés en los cargos públicos, la capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción y la malversación de fondos públicos. Parte del llamado de Transparencia Internacional es que los gobiernos castiguen eficazmente los delitos de corrupción, además, que se establezcan leyes y procedimientos eficientes para fortalecer la transparencia y combatir la corrupción.

En cuanto al Índice Global de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP), publicado en 2024, Panamá ocupa la posición 72 de 142 a nivel mundial y la posición número 15 de 32 países de América Latina y el Caribe, estando dentro de los países donde el Estado de Derecho ha disminuido en los últimos años, es decir, hemos empeorado. Este mismo índice plasma clasificaciones por cada factor de medición del Estado de Derecho, dentro de los cuales, en el factor de ausencia de corrupción, a nivel global, como país estamos en el puesto 98 de 142, destacándose de manera negativa como país. Y tomando en cuenta la opinión de nuestros ciudadanos, el Barómetro de las Américas de 2023 mostró como resultado que el 74% piensa que la mayoría de los políticos están involucrados en actos ilícitos.

Regulación internacional y derecho comparado La necesidad de reforzar las sanciones contra los delitos de corrupción y aquellos que afectan la administración pública ha llevado a muchos países a modificar sus legislaciones. Estas modificaciones buscan asegurar que los responsables de estos delitos enfrenten consecuencias severas y no puedan evadir el castigo a través de beneficios penitenciarios o la prescripción de la acción penal.

La modificación del artículo 63 del Código Penal pretende restringir los beneficios de penas sustitutivas, como la prisión domiciliaria y el trabajo comunitario, para aquellos condenados por delitos contra la administración pública. Esta medida busca asegurar una mayor severidad en el castigo de estos delitos. Sin embargo, se introduce una excepción humanitaria para mujeres embarazadas o con recién nacidos, permitiéndoles cumplir una parte de su condena en prisión domiciliaria hasta que el niño cumpla un año. En Colombia, el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal excluye la prisión domiciliaria para delitos graves y aquellos que atentan contra la administración pública. y en Argentina, la Ley 26.472 permite la sustitución del encarcelamiento por arresto domiciliario en ciertos casos, con el objetivo de proteger a colectivos vulnerables, como las mujeres embarazadas.

Así mismo, la propuesta de que la acción penal no prescriba para ciertos delitos de corrupción y contra la administración pública es una medida adoptada en varias legislaciones internacionales. En Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que los delitos de corrupción y contra la administración pública (peculado, cohecho, concusión, y enriquecimiento ilícito) no prescriben. En Argentina, la Ley 27.206 dispone que la prescripción se suspende para delitos cometidos en el ejercicio de la función pública mientras cualquiera de los responsables esté en un cargo público.

La modificación al artículo 509 excluye los delitos contra la administración pública de la sustitución de pena por buena conducta. Esta disposición se alinea con prácticas adoptadas en otros países, como Colombia, donde la Ley 1709 de 2014 excluye los delitos graves, incluidos los delitos de corrupción y contra la administración pública, de los beneficios de reducción de penas por buena conducta.

Efectos de los Delitos contra la Administración Pública en Panamá Los delitos contra la Administración Pública en Panamá tienen un impacto negativo y multifacético en la ciudadanía, afectando diversos aspectos de la vida cotidiana, la confianza en las instituciones y el desarrollo del país. Estos delitos no solo merman los recursos económicos destinados a servicios públicos esenciales como la salud, la educación y la infraestructura, sino que también fomentan un ambiente de corrupción y desconfianza que debilita la cohesión social y el tejido democrático.

Los Delitos contra la Administración Pública, suelen generar un efecto cascada, donde la falta de transparencia y rendición de cuentas se convierte en la norma, afectando la moral de los funcionarios públicos y disminuyendo la eficiencia y eficacia del gobierno. La percepción de impunidad entre los ciudadanos puede llevar a un aumento en la apatía cívica y una disminución en la participación política, erosionando la legitimidad de las instituciones gubernamentales.

A continuación, enlistamos los efectos directos e inmediatos de los mismos contra los ciudadanos:

Daño económico y social 1. Desvío de recursos públicos: Los fondos destinados a servicios esenciales como educación, salud e infraestructura se ven mermados por la corrupción, lo que limita el acceso de la población a estos servicios básicos y afecta la calidad de vida.

2. Perjuicio al erario: El Estado panameño pierde ingresos considerables debido a la evasión fiscal, la mala gestión de fondos públicos y otras prácticas corruptas; lo que limita su capacidad para invertir en programas sociales y de desarrollo.

3. Desigualdad y pobreza: La corrupción exacerba las desigualdades sociales y contribuye al aumento de la pobreza, ya que los sectores más vulnerables de la población son los más afectados por la falta de acceso a servicios públicos y oportunidades.

4. Desincentivación a la inversión: La incertidumbre y el riesgo asociados a la corrupción desalientan la inversión nacional y extranjera, lo que limita el crecimiento económico y la creación de empleos.

5. Distorsión de la competencia: Las prácticas corruptas favorecen a empresas o individuos con conexiones políticas o que sobornan a funcionarios, creando un ambiente de competencia desleal que perjudica a las empresas honestas.

6. Deterioro de la imagen del país: La corrupción daña la reputación de Panamá a nivel internacional, lo que puede tener consecuencias negativas para el turismo, las exportaciones y otras actividades económicas.

Deterioro de la confianza en las instituciones 1. Deslegitimación del Estado: Los actos de corrupción no solo implican el mal uso de recursos públicos, sino que también tienen un efecto profundo y devastador en la percepción que la ciudadanía tiene del Estado y sus instituciones. Cada escándalo de corrupción reduce la confianza de los ciudadanos en el gobierno, creando un ciclo vicioso donde la desconfianza y el escepticismo crecen constantemente.

2. Cultura de la impunidad: La percepción generalizada de que los actos de corrupción quedan impunes crea un ambiente propicio para que estas conductas se reproduzcan y normalicen. Cuando los ciudadanos y los funcionarios públicos perciben que las acciones corruptas no son castigadas adecuadamente, se fomenta una tolerancia hacia estas prácticas. Este fenómeno impide el desarrollo de una cultura de transparencia y rendición de cuentas, elementos esenciales para el buen funcionamiento de una democracia.

3. Debilitamiento del Estado de Derecho: La corrupción tiene un efecto devastador en el Estado de Derecho, que es el fundamento de cualquier sociedad justa y equitativa.

Cuando los funcionarios públicos utilizan sus cargos para beneficio personal en lugar de servir al interés público, se erosionan las bases mismas del Estado de Derecho. La corrupción mina la imparcialidad y la eficiencia del sistema judicial, comprometiendo la capacidad de las instituciones para garantizar la protección de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía.

Efectos sociales 1. Descontento social y protestas: La indignación ciudadana por la corrupción puede traducirse en manifestaciones y protestas, generando inestabilidad social y afectando la imagen del país. Cuando los ciudadanos perciben que los recursos públicos están siendo mal utilizados o que los funcionarios están involucrados en prácticas corruptas, se sienten traicionados y desilusionados.

2. Aumento de la delincuencia: La corrupción puede crear un ambiente propicio para el desarrollo de la delincuencia organizada y otras actividades ilícitas, poniendo en riesgo la seguridad pública. Cuando los funcionarios públicos están involucrados en actos corruptos, se debilitan las instituciones encargadas de mantener el orden y la ley. Esto puede llevar a que grupos delictivos operen con mayor impunidad, incrementando actividades como el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.

3. Deterioro de la calidad de vida: La corrupción tiene un impacto directo en la calidad de vida de la población. La malversación de fondos públicos y la ineficiencia administrativa resultan en la falta de acceso a servicios públicos de calidad, como salud, educación, y transporte. Los recursos que deberían ser destinados a mejorar infraestructuras y servicios se desvían, generando desigualdad y exclusión social. La corrupción también puede llevar a decisiones políticas y económicas que favorecen a una minoría en detrimento del bienestar general de la población.

La lucha contra los delitos contra la Administración Pública no es solo una cuestión de justicia, sino una condición sine qua non para el desarrollo sostenible y equitativo de cualquier nación. Estos delitos, que incluyen la corrupción, el abuso de poder y la malversación de fondos públicos, erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y socavan la base misma de la democracia.

Para lograr un desarrollo genuino y duradero, es esencial que las administraciones públicas se comprometan con la transparencia en sus procesos y decisiones. La transparencia no solo permite que los ciudadanos tengan acceso a la información sobre cómo se gestionan los recursos públicos, sino que también fomenta una cultura de apertura y responsabilidad.

La justicia, por otro lado, debe ser imparcial y eficiente, asegurando que aquellos que cometen delitos contra la administración pública sean llevados ante la ley y reciban las sanciones correspondientes. Esto no solo castiga a los culpables, sino que también actúa como un elemento disuasorio para futuros delitos.

La rendición de cuentas es otro pilar fundamental en esta lucha. Los funcionarios públicos deben ser responsables de sus acciones y decisiones, y los ciudadanos deben tener mecanismos efectivos para exigir esta rendición de cuentas. Sin estos mecanismos, los delitos pueden quedar impunes, perpetuando un ciclo de corrupción y desconfianza.

Por lo anterior y conforme a lo expuesto, es imperativo destacar a la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública en Panamá, destacando su papel crucial por su impacto en la lucha contra la corrupción, un problema persistente en el país.

Este principio garantiza que los responsables puedan ser perseguidos y castigados sin importar el tiempo transcurrido, enviando un mensaje claro de intolerancia hacia la corrupción. Además, fortalece la confianza pública en las instituciones al demostrar un compromiso firme con la justicia y la integridad, permitiendo que los ciudadanos sientan que el gobierno actúa en su mejor interés.

Asimismo, la imprescriptibilidad actúa como un fuerte disuasivo, ya que los posibles delincuentes saben que no hay un límite de tiempo para ser llevados ante la justicia. Esto es vital para prevenir futuros delitos, evitando que los funcionarios se sientan tentados a cometer actos corruptos con la esperanza de quedar impunes.

En resumen, la imprescriptibilidad es esencial para asegurar justicia, disuadir la corrupción, fortalecer la confianza pública y alinearse con estándares internacionales, contribuyendo a un gobierno más transparente y responsable.