Proyecto de ley 634.

La transparencia y el uso responsable de los fondos públicos deben constituir un pilar esencial de la administración estatal. No obstante, el país ha sido testigo de numerosos escándalos relacionados con gastos excesivos e injustificados, producto en parte de vacíos legales que permiten tales prácticas. Un ejemplo claro son las partidas discrecionales que otorgan al Presidente de la República la facultad de disponer de recursos públicos sin una fiscalización adecuada y con escasa transparencia. Esta partida, oficialmente denominada "Asignaciones Globales" dentro del Presupuesto General del Estado, ha sido objeto de críticas constantes por su uso indebido desde su institucionalización desde 1994, afectando la confianza ciudadana en la gestión gubernamental. El uso desmedido de esta partida presupuestaria ha financiado desde cirugías costosas para allegados al Presidente hasta compras millonarias de artículos de lujo, como joyería y ropa de diseñador. También se han registrado desembolsos idénticos cada mes bajo el concepto de gastos "imprevistos" del mandatario. Estos ejemplos, lejos de ser aislados, se repiten de manera sistemática en todos los periodos presidenciales, evidenciando un patrón de abuso que mina la confianza en la gestión pública. Durante el período presidencial de 1994-1999, en un solo año se destinaron más de B/.200,OOO.OO únicamente a actividades de carnaval. Entre 1999 y 2004, los gastos incluyeron más de B/.588,900.00 en joyerías, cerca de B/.942,500.00 en tiendas de ropa de lujo y una transacción superior a B/.45,OOO.OO para adquirir lámparas Baccarat destinadas a la Casa Amarilla. En la administración de 2009-2014, se registraron desembolsos por más de B/.80,000.00 en regalos para el personal de la institución. Posteriormente, entre 2014 y 2019, se realizaron gastos como más de B/.lO,OOO.OO en pizzas para la inauguración de la línea dos del metro, B/.105,OOO.OO para el traslado de un abanderado en desfiles patrios y B/.29,080.50 en pasajes aéreos para 35 peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud. Estos ejemplos reflejan un patrón recurrente de uso cuestionable de fondos públicos, que atraviesa distintas administraciones y evidencia la falta de controles efectivos en el manejo de la partida discrecional. Las cifras globales reflejan la magnitud del problema: entre 1994 y 1999 se gastaron aproximadamente B/.25 millones; de 1999 a 2004, B/.23 millones; de 2004 a 2009, B/.22.3 millones; de 2009 a 2014, B/.55 .7 millones; y de 2014 a 2019, B/.59.4 millones. Según reporte del Diario La Prensa, para el año 2022 el ex mandatario había gastado B/.19 millones 532 mil 480 balboas en concepto de partidas discrecionales en sus primeros tres años de gestión. Dentro del detalle de gastos se mencionan, entrenamiento de una reina de belleza para el certamen "Señorita Panamá", pagos a estudios universitarios en el país y en el extranjero, compras de computadoras portátiles y tablets, así como montos destinados a la mitigación de desastres naturales. Sin embargo, para el término de 4 años y seis meses de gestión, el ex presidente Cortizo, había hecho uso de un monto total de B/. 28.3 millones de balboas. Dentro del listado de gastos se detalla: en su mayoría servicios médicos y hospitalarios a varios ciudadanos, compra de instrumentos musicales y cámara y lentes para el departamento de Comunicaciones del Ministerio de la Presidencia. Finalmente, al terminar su gestión, la administración pasada, pagó un total de 46 cirugías bariátricas, con un desembolso de al menos B/. 711,288 .64. La actual administración, según informes del Ministerio de la Presidencia, hasta el mes de febrero de 2026, ha utilizado un total de 2.5 millones de dólares del fondo de partida discrecional. El gasto se distribuye aproximadamente de la siguiente forma: Julio a diciembre de 2024: $1,262,258, Enero a julio de 2025: $703,212, Agosto a diciembre de 2025: $572,724. El informe señala que una parte importante del dinero se utiliza para ayudas sociales, principalmente en pagos de tratamientos médicos en el exterior, especialmente para niños con enfermedades cardíacas. No obstante, también existen otros tipos de gastos, como: $21,785 para la compra de equipos de asistencia médica y emergencias a una empresa privada, $23,000 para reparaciones de vehículos de la Presidencia, destinados a transportar visitantes "personas muy importantes" (PMI), $20,000 como donación a la Diócesis de Chitré para la causa de beatificación de Ana María Moreno del Castillo ("Niña Anita"), $40,000 entregados a Fundación Spay Panamá para un programa de esterilización de perros y gatos en Coclé, $17,500 para financiar el viaje a Estados Unidos de una delegación estudiantil y banda musical del Centro Educativo Bilingüe La Primavera, que participó en el desfile de Acción de Gracias en Nueva York. En todos los casos, los recursos fueron manejados bajo la discreción exclusiva del Presidente de la República, sin mecanismos de fiscalización efectivos ni transparencia en su destino. Esta práctica recurrente ha debilitado la confianza ciudadana y puesto en entredicho la legitimidad del manejo de los fondos públicos. Más allá de lo indignante que resulta comprobar que el dinero de todos los panameños ha sido utilizado de manera irresponsable, la existencia misma de la partida discrecional representa un riesgo directo para el desarrollo institucional del país. Al no estar sujeta a control previo y al publicarse de forma ambigua, su uso dificilmente puede considerarse transparente. Además, permite realizar pagos directos por servicios no publicados, lo que facilita evadir legalmente los procesos de contratación pública diseñados para garantizar transparencia y equidad en el uso del dinero estatal. De manera indirecta, estas partidas transmiten el mensaje de que, ante una necesidad urgente, la vía más efectiva es acudir directamente al Presidente de la República, un privilegio reservado para unos pocos. Este esquema erosiona lentamente no solo la confianza pública en la administración responsable de los fondos, sino también la capacidad de las instituciones de contar con presupuestos que reflejan de manera realista las necesidades de sus respectivas competencias. La legislación comparada evidencia una clara tendencia hacia la eliminación de los gastos públicos discrecionales que carecen de transparencia y fiscalización adecuada. Un ejemplo reciente es el de México, donde el Pleno del Senado aprobó por unanimidad la prohibición de las llamadas "partidas secretas ", equivalentes a lo que en Panamá se conoce como "partida discrecional ". De manera similar, el 21 de diciembre de 2018 el Órgano Ejecutivo chileno presentó un proyecto de ley orientado a transparentar los gastos reservados. Esta iniciativa, posteriormente convertida en la Ley 21.211 del 4 de febrero de 2020, estableció controles estatales sobre el uso de dichos recursos, bajo el principio de que provienen de fondos públicos que pertenecen a los ciudadanos. Ambos casos reflejan una tendencia regional hacia el fortalecimiento de los mecanismos de control y la exigencia de mayor transparencia en el manejo de los recursos estatales, reafinnando que la discrecionalidad sin fiscalización constituye un riesgo para la legitimidad institucional. Nuestra propuesta persigue tres objetivos fundamentales: en primer lugar, prohibir que en el Presupuesto General del Estado se asignen partidas presupuestarias para ser utilizadas a discreción del Presidente de la República; en segundo lugar, reforzar la transparencia mediante la publicación detallada del gasto público de todas las instituciones del Estado; y, finalmente, garantizar que los recursos que algunos justifican como necesarios para atender urgencias inmediatas sean asignados directamente a las instituciones competentes, bajo los mecanismos de control correspondientes. De esta manera, se asegura que las situaciones urgentes puedan ser atendidas con eficiencia, pero también con la fiscalización indispensable para garantizar el uso responsable de los fondos públicos por parte de las entidades encargadas De esta manera se evitará la malversación de fondos públicos bajo el pretexto de supuestas emergencias carentes de control. Se eliminarán prácticas como las "atenciones brindadas" por miles de balboas, la compra de joyas y prendas de vestir con dinero estatal, así como el uso de recursos públicos en beneficio de personas cercanas a la Presidencia de la República, cuando esos fondos podrían destinarse a la salud y educación de los panameños. Este cambio no solo hará más transparente y justo el manejo de los recursos estatales, sino que también fortalecerá a las instituciones responsables de atender las necesidades ciudadanas. Para dejar de recurrir a fondos discrecionales en temas de salud, necesitamos un sistema sanitario robusto; para evitar su uso en la participación de panameños en eventos deportivos o culturales, debemos consolidar el Instituto Panameño de Deportes y el Ministerio de Cultura; y para que no se utilicen en apoyos de vivienda selectivos, es indispensable dotar al Ministerio de Vivienda de mayores recursos que permitan garantizar acceso equitativo. En suma, la eliminación de las partidas discrecionales permitirá que los servicios públicos se distribuyan de manera justa y universal, evitando que solo unos pocos, con acceso directo al Presidente de la República, obtengan beneficios que deberían estar al alcance de todos.

ukeW.

República 8-2.