Proyecto de ley 559.

l. CONTEXTO SOCIAL Y ECONÓMICO ACTUAL La presente iniciativa legislativa surge como respuesta directa (:;1 una realidad económica que enfrentan actualmente miles de padn3s dE~ familia en la República de Panamá. En los últimos años, el país ha experimentado: • • • •

Incremento sostenido del costo de vida. Aumento en los precios de bienes y servicios esenciales. Impacto inflacionario acumulado en alimentos, transporte y servicios básicos. Disminución del poder adquisitivo real de los hogares.

En este escenario, el inicio del año escolar se ha convertido en uno dE: los rnomentos de mayor presión financiera para las familias paname¡'ías. El gasto escolar ya no se limita a matrícula y útiles básicos; incluye clho ra: • • • •

Compra anual obligatoria de textos escolares. Sustitución frecuente de ediciones sin cambios sustanciales. Costos elevados derivados de acuerdos de exclusividad. Exigencias indirectas que restringen la libre adquisición.

Para muchas familias, especialmente de clase trabajadora y clase nedia, el gasto por estudiante puede representar una carga desproporcionada resp'3cto al ingreso mensual. La educación no puede convertirse en un factor de presión económica estructural para el hogar.

11. PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA A pesar de la existencia de la Ley 130 de 2020, la práctica demuestrél que persisten distorsiones significativas en el mercado de textos escolan3s .

f:ntre las principales problemáticas detectadas se encuentran :

1. Renovación constante de ediciones Se ha observado la exigencia de nuevas ediciones de textos sin que exista una modificación sustancial del contenido académico. Esto genera: • • •

Incremento innecesario del gasto familiar. Imposibilidad de reutilización entre hermanos o estudiantes. Desvalorización inmediata de textos adquiridos el al10 anterior.

2. Ausencia de estabilidad normativa La ley vigente no establece una vigencia mínima obligatoria clara y vinculante que impida cambios arbitrarios.

3. Falta de mecanismos de reutilización formal No existe actualmente un programa nacional obligatorio que estructure la reutilización, conservación y préstamo de textos escolares.

4. Prácticas de exclusividad comercial Se han documentado prácticas que limitan la libre competencia mediante: • • •

Recomendaciones exclusivas. Acuerdos indirectos. Condicionamientos implícitos.

5. Falta de transparencia en la estructura de precios La inexistencia de una lista oficial única con precio máximo de referencia impide a los padres ejercer control comparativo y dificulta la supervisión estatal.

111. DEFICIENCIAS DE LA LEGISLACiÓN VIGENTE La normativa actual presenta vacíos estructurales importantes : 1. No contempla auditorías anuales obligatorias. 2. No establece responsabilidad solidaria clara. 3. No regula de forma expresa la prohibición de inducir cambios anticipados. 4 . No fija un régimen sancionatorio suficientemente disuasivo . 5. No crea un sistema vinculante de lista oficial única. La ausencia de estos instrumentos permite interpretaciones flexiblf~s que afectan directamente a los consumidores del sistema educativo: los padres de familia.

Derecho a la educación La educación es un derecho fundamental y un servicio público de interés social. El acceso no puede verse obstaculizado por prácticas comerciales desproporcionadas.

Protección al consumidor Los padres de familia participan en una relación jurídica de con:3urno frente a proveedores educativos y editoriales. Libre competencia

El Estado debe evitar distorsiones en el mercado que afecten la equrdad.

Función reguladora del Estado Corresponde al Estado intervenir cuando desequilibrio económico estructural.

existan prácticas que generen

Esta reforma no constituye una interferencia indebida en la iniciativa privada, sino el ejercicio legítimo de la potestad reguladora para proteger el il1teré~:; social.

V. OBJETIVOS DEL PROYECTO El presente anteproyecto busca: 1. Establecer una vigencia mínima obligatoria de cinco años para textos escolares. 2. Prohibir la exigencia de nuevas ediciones sin justificación técnica . 3. Crear el Programa Nacional Obligatorio de Reutilización. 4. Establecer una lista oficial única, pública y vinculante. 5. Incluir precio máximo de referencia. 6. Prohibir acuerdos de exclusividad comercial. 7. Implementar auditorías anuales. 8. Fortalecer el régimen sancionatorio. 9. Garantizar restitución económica ante cobro::; indebidos.

VI. IMPACTO ESPERADO La aprobación de esta iniciativa generará: • • • • •

Reducción real del gasto escolar anual. Mayor estabilidad económica familiar. Transparencia en el mercado editorial. Incentivo a la reutilización y sostenibilidad ambiental. Seguridad jurídica para todos los actores.

El proyecto no busca afectar la industria editorial ni la autonomía peda~lógica, sino ordenar el sistema bajo criterios de equilibrio y justicia económica.

VII. CONSIDERACiÓN FINAL La educación no puede convertirse en un ciclo anual de presión fina ~1ciera para los hogares. La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad histórica de fortalecH la legislación vigente, cerrar vacíos normativos y proteger a miles de familias que hoy demandan reglas claras, estables y justas. Este anteproyecto responde a esa realidad . Por las consideraciones expuestas, solicitamos el apoyo de esta Comisión y del Pleno para la aprobación del presente proyecto de ley.

H.D. JAIRO SALAZAR RAMIREZ. DIPUTADO DE LA REPÚBLICA

Circuito 3-1