Anteproyecto de ley 380.

La Constitución Política de la República de Panamá consagra en su artículo 109 que es función esencial del Estado velar por la salud de la población, garantizando el acceso a servicios de atención integral. Asimismo, el artículo 17 establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales y extranjeros que se encuentren bajo su jurisdicción.

Sin embargo, más allá de la infraestructura, los medicamentos o los equipos médicos, existe un aspecto fundamental que incide directamente en la dignidad humana: el trato que recibe el ciudadano al acudir a un hospital o centro de salud público.

Cada día, miles de panameños -adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, trabajadores que piden permiso en sus empleos, personas con enfermedades crónicas o en situación de vulnerabilidad- acuden a instalaciones del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social buscando alivio, orientación o tratamiento. Lo hacen muchas veces con dolor físico, angustia emocional o preocupación por su estado de salud o el de un familiar.

No obstante, es una realidad sentida y comentada en comunidades de todo el país que, además de enfrentar largas filas y tiempos de espera prolongados, muchos ciudadanos deben soportar respuestas groseras, indiferencia, desinformación, malos tratos verbales e incluso actitudes humillantes por parte de algunos funcionarios.

El paciente no es un número de expediente. No es una ficha más en un sistema. Es una persona que merece respeto. Cuando un ciudadano recibe gritos, desdén o respuestas cortantes en un momento de vulnerabilidad, el daño no es solamente administrativo: es moral y humano. Se vulnera su dignidad, principio protegido por nuestra Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República de Panamá.

El servidor público de salud cumple una misión noble y compleja, muchas veces bajo presión y con recursos limitados. Esta iniciativa no pretende desconocer esa realidad. Por el contrario, busca fortalecer el sistema, promoviendo una cultura institucional de respeto, empatía y profesionalismo, respaldada por mecanismos objetivos de evaluación.

Actualmente, no existe un sistema nacional uniforme, transparente y obligatorio que permita medir de manera constante y comparativa la calidad del trato que reciben los usuarios del sistema público de salud. Las quejas muchas veces quedan sin seguimiento, y los ciudadanos sienten que no son escuchados.

La presente iniciativa crea el Sistema Nacional de Evaluación y Mejora de la Calidad de Atención al Ciudadano en Establecimientos de Salud Públicos (SNECA), como un instrumento permanente de medición, participación ciudadana, transparencia y mejora continua.

Este sistema permitirá:

• Dar voz directa al paciente.

• Medir indicadores de trato digno y respeto.

• Publicar resultados de forma transparente.

• Establecer incentivos para quienes demuestren excelencia.

• Aplicar correctivos cuando existan patrones reiterados de mala atención.

El objetivo no es castigar indiscriminadamente, sino elevar estándares, dignificar la función pública y devolverle al ciudadano la confianza en el sistema.

Porque la salud no solo es una inyección, una receta o una cirugía.

La salud también es humanidad. y el respeto no es opcional: es una obligación constitucional.