Proyecto de ley 585.

La sangre y sus componentes constituyen un insumo esencial e irremplazable p~:~~d~tenclón ~ emergencIas, cirugías, tratamientos oncológicos, enfermedades crónicas y múltiples procedimientos médicos que sostienen el derecho fundamental a la vida y a la salud. La disponibilidad oportuna de sangre segura no depende únicamente de la infraestructura hospitalaria, sino de la existencia de un sistema nacional organizado, eficiente y sustentado en la donación voluntaria, altruista y recurrente. En la República de Panamá, la donación de sangre registra un promedio aproximado de sesenta mil (60,000) donaciones anuales, lo que representa cerca del trece por ciento (13 %) de la población. No obstante, pese a este volumen global, los datos disponibles revelan una limitada proporción de donaciones voluntarias y no remuneradas, modalidad que constituye el estándar recomendado en materia de salud pública. Durante los años 2023 y 2024, el porcentaje de donación voluntaria osciló entre el siete por ciento (7 %) y el ocho punto treinta y siete por ciento (8.37 %), cifra significativamente inferior al umbral mínimo del diez por ciento (10 %) establecido por los organismos internacionales como referencia para garantizar un abastecimiento de sangre suficiente, seguro y sostenible. Esta situación se ha visto agravada por la disminución sostenida del número de donaciones diarias en determinados centros hospitalarios del país, llegando a registrarse reducciones superiores al cincuenta por ciento (50 %) en períodos críticos. Tal circunstancia se evidenció, entre otros casos, en el Complejo Hospitalario durante el mes de diciembre de 2024, lo que comprometió la disponibilidad de sangre necesaria para la realización de cirugías programadas y la atención oportuna de emergencias médicas, a pesar de las campañas de promoción y sensibilización impulsadas por el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social.

Cada 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud para reconocer el valor social y humano de las personas que donan sangre de manera voluntaria. Esta conmemoración no sólo constituye un acto simbólico de agradecimiento, sino una oportunidad estratégica para fortalecer la conciencia ciudadana, promover la solidaridad y visibilizar la necesidad permanente de contar con donantes regulares. Sin embargo, la experiencia nacional demuestra que las acciones conmemorativas aisladas resultan insuficientes si no se encuentran respaldadas por un marco legal robusto que garantice continuidad, coordinación institucional y políticas públicas sostenidas. A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud ha señalado profundas desigualdades en el acceso a la sangre segura. De los 118,5 millones de donaciones de sangre que se realizan anualmente en el mundo, el cuarenta por ciento (40 %) se concentra en países de ingresos altos, donde reside apenas el dieciséis por ciento (16 %) de la población mundial. La tasa de donación en estos países alcan~a 31,5 donaciones por cada mil (1000) habitantes, mientras que en los países de ingresos medianos bajos la tasa desciende a 6,6 y en los de ingresos bajos a solo cinco (5) donaciones por cada mil (1000) habitantes. Estas brechas reflejan la necesidad de fortalecer los sistemas nacionales de sangre, especialmente en países que, como Panamá, requieren consolidar una cultura de donación voluntaria y repetida. La Organización Mundial de la Salud también ha destacado que los sistemas más seguros y eficientes son aquellos basados mayoritariamente en donantes voluntarios no remunerados. Entre 2008 y 2018 se registró un aumento de 10,7 millones de unidades de sangre provenientes de este tipo de donantes, yen 79 países estos aportan más del 90 % del suministro nacional. No obstante, aún existen 54 países donde más del 50 % de la sangre procede de donaciones de reposición familiar o de donantes remunerados, modelos que presentan mayores riesgos y menor sostenibilidad. En este contexto, la OMS recomienda que todas las actividades relacionadas con la recolección, análisis, procesamiento, almacenamiento y distribución de la sangre se coordinen a nivel nacional, bajo un marco legislativo claro y políticas públicas coherentes que aseguren estándares uniformes de calidad y seguridad. En 2018, sólo el sesenta y seis por ciento (66 %) de los países que reportaron información contaban con legislación específica sobre la seguridad y calidad de las transfusiones sanguíneas, siendo esta proporción significativamente menor en países de ingresos medios y bajos. Estas cifras ponen de manifiesto que la existencia de un marco jurídico actualizado, coherente y alineado con los estándares internacionales en la materia no constituye un elemento accesorio, sino una condición esencial e indispensable para garantizar la autosuficiencia del sistema nacional de sangre, la equidad en el acceso a los servicios de transfusión y la adecuada protección de los derechos tanto de los donantes como de los receptores. Esta iniciativa busca fortalecer nuestra política nacional en materia de medicina transfusional, consolidar la Red Nacional de Servicios de Sangre, promover la donación voluntaria como función prioritaria del sistema, eliminar prácticas discriminatorias carentes de sustento científico y establecer incentivos no monetarios que faciliten la participación de trabajadores, empleadores, instituciones educativas y sociedad civil. Asimismo, se incorporan disposiciones específicas en materia de educación, comunicación social y sensibilización ciudadana, reconociendo formalmente el Día Internacional del Donante de Sangre y estableciendo un periodo nacional de promoción que permita articular esfuerzos sostenidos y medibles. La presente iniciativa incorpora la creación del sello de Institución, Empresa u Organización Comprometida con la Donación Voluntaria de Sangre como un mecanismo de reconocimiento público, de carácter honorífico y voluntario, orientado a incentivar la participación activa del sector público y privado en la promoción de la donación voluntaria, altruista y no remunerada de sangre. Este instrumento se concibe como una práctica innovadora de política pública que permite fortalecer la cultura de la solidaridad y la corresponsabilidad social, promoviendo entornos laborales favorables para la sensibilización y captación de donantes, sin imponer obligaciones ni generar condicionamientos sobre los trabajadores, en estricto respeto de sus derechos fundamentales.

El referido sello contribuye, además, a reforzar la responsabilidad social empresarial e institucional, al reconocer aquellas organizaciones que adoptan buenas prácticas en favor de la salud pública, generando incentivos reputacionales y visibilidad positiva, sin que ello implique erogaciones fiscales adicionales ni el aumento de gastos estructurales para el Estado. Su implementación favorece la ampliación sostenida de la base de donantes voluntarios, la descentralización de las campañas de captación y el fortalecimiento del sistema nacional de sangre, constituyéndose en una herramienta eficaz, sostenible y alineada con los estándares internacionales en la materia, salvaguardando los derechos de los donantes, su privacidad y protección de datos. El diseño del Sello de Institución Comprometida con la Donación Voluntaria de Sangre se sustenta, asimismo, en el análisis comparado de experiencias internacionales que han demostrado resultados positivos en el fortalecimiento de la donación voluntaria mediante mecanismos de reconocimiento institucional. Diversos países han incorporado, dentro de sus políticas públicas de salud, instrumentos de carácter honorífico y reputacional dirigidos a empresas, organismos públicos y organizaciones sociales que promueven activamente la donación de sangre, como parte de una estrategia integral orientada a consolidar sistemas autosuficientes, seguros y sostenibles. Podemos resaltar el caso de España, donde las autoridades sanitarias, en coordinación con los servicios regionales de salud y los centros de transfusión, han desarrollado programas de reconocimiento a entidades colaboradoras que facilitan y promueven la donación voluntaria en el ámbito laboral, integrando esta práctica dentro de las políticas de responsabilidad social corporativa. Estas iniciativas han contribuido a normalizar la donación periódica, a descentralizar las campañas de captación y a reforzar el vínculo entre el sector productivo y los objetivos de salud pública, sin recurrir a incentivos económicos directos. De igual forma, en Chile se han implementado programas institucionales orientados a reconocer a organizaciones comprometidas con la donación voluntaria de sangre, fomentando la participación del sector público y privado bajo principios de voluntariedad, transparencia y protección de los derechos de los donantes. Estas experiencias han demostrado que el reconocimiento público y la visibilidad institucional constituyen incentivos eficaces para ampliar la base de donantes voluntarios, fortalecer la cultura de la solidaridad y mejorar la planificación de las jornadas de donación, especialmente en contextos urbanos y laborales. Por su parte, en diversas jurisdicciones de la República Argentina se han adoptado esquemas similares mediante reconocimientos provinciales y programas de articulación con empresas y entidades públicas, orientados a promover la donación voluntaria y habitual de sangre. Dichas prácticas han permitido integrar la promoción de la donación dentro de estrategias más amplias de salud comunitaria y responsabilidad social, evidenciando que los mecanismos de reconocimiento institucional constituyen herramientas costo-efectivas, replicables y compatibles con los estándares internacionales en la materia. En este contexto, la incorporación de un Sello de reconocimiento en la legislación panameña se presenta como una medida coherente con las tendencias internacionales y las buenas prácticas comparadas, adaptada a la realidad nacional y orientada a fortalecer la corresponsabilidad social en la protección del derecho a la salud, sin generar cargas financieras adicionales para el Estado. En consecuencia, esta iniciativa legislativa busca no solo aumentar el número de donaciones, sino transformar estructuralmente el sistema de sangre en Panamá, alineándose con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, garantizando la seguridad transfusional, el respeto a la dignidad humana y la disponibilidad oportuna de sangre segura para toda la población. Asimismo, la iniciativa fortalece el rol rector y técnico en materia transfusional, estableciendo herramientas de planificación, monitoreo y evaluación que permitan consolidar una gobernanza nacional articulada. La incorporación de mecanismos de hemovigilancia, registros actualizados de donantes, sistemas estadísticos permanentes y planes de contingencia ante emergencias sanitarias responde a la necesidad de garantizar trazabilidad, calidad y seguridad en toda la Red Nacional de Servicios de Sangre, bajo estándares uniformes y verificables. De igual forma, se establece de manera expresa la prohibición de prácticas de selección o diferimiento que no se encuentren sustentadas en criterios estrictamente médicos, objetivos y basados en evidencia científica. Esta precisión normativa refuerza los principios de igualdad y no discriminación, protege la dignidad de las personas donantes y contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en el sistema, elemento indispensable para consolidar una cultura de donación voluntaria, altruista y recurrente. La iniciativa también reconoce formalmente el 14 de junio como Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre y declara el mes de junio como Mes Nacional de la Donación Voluntaria de Sangre, con el propósito de institucionalizar un período anual de promoción sostenida, articulación interinstitucional y medición de resultados, transformando la conmemoración simbólica en una herramienta estratégica de política pública preventiva. Adicionalmente, se promueve la incorporación progresiva de contenidos educativos y acciones de sensibilización en los distintos niveles del sistema educativo, como estrategia de formación cultural a largo plazo orientada a consolidar valores de solidaridad, corresponsabilidad social y compromiso con la salud pública desde edades tempranas. La modernización del sistema se complementa con la incorporación de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a la información, la programación de jornadas de donación y la articulación entre centros públicos y privados, fortaleciendo la transparencia, la eficiencia administrativa y la protección de los datos personales de los donantes. Estas disposiciones, consideradas en su conjunto, permiten dotar al país de un marco normativo integral, actualizado y alineado con las mejores prácticas internacionales, que no solo atiende las necesidades inmediatas de abastecimiento, sino que establece las bases estructurales para la autosuficiencia, sostenibilidad y equidad del sistema nacional de sangre.

Más allá de su dimensión técnica y normativa, esta iniciativa reafinna un principio fundamental: la sangre es un recurso vital que sólo puede existir a través de la solidaridad humana. Fortalecer el sistema nacional de sangre no es únicamente una decisión administrativa, sino una apuesta social por la vida, la empatía y la corresponsabilidad. Construir una cultura sostenida de donación voluntaria implica promover confianza en las instituciones, eliminar barreras injustificadas, reconocer el compromiso ciudadano y articular esfuerzos entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Estas modificaciones, en su dimensión social, buscan consolidar un pacto colectivo donde la solidaridad deje de ser un acto esporádico y se convierta en una práctica habitual, consciente y organizada. Garantizar sangre segura y suficiente es, en definitiva, garantizar vida. Y garantizar vida es una responsabilidad compartida que interpela tanto al Estado como a la sociedad en su conjunto.