Proyecto de ley 633.

La contratación de préstamos internacionales se ha consolidado, en las últimas décadas, como una herramienta recurrente del Estado panameño para financiar inversión pública, atender contingencias económicas, sostener el gasto social y preservar la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, el uso creciente de este mecanismo ha derivado en un aumento significativo y sostenido de la deuda externa, lo que compromete recursos presentes y futuros de la Nación y exige mayores niveles de responsabilidad, control y transparencia en la gestión de dichos fondos. En los últimos quince años, Panamá ha recurrido de manera intensiva al financiamiento internacional proveniente de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, así como de entidades financieras privadas y operaciones respaldadas por garantías soberanas. A modo ilustrativo, en el año 2020 el Banco Mundial aprobó un préstamo de apoyo presupuestario por aproximadamente USD 300 millones para atender la emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia de COVID-19; en 2021 el Fondo Monetario Internacional aprobó para Panamá una Línea de Precaución y Liquidez (PLL) por alrededor de USD 2,700 millones, como instrumento preventivo para fortalecer la confianza macroeconómica; en 2022 el Banco Mundial otorgó un financiamiento adicional por USD 250 millones orientado a la protección del capital humano y la recuperación económica; y en 2025 dicho organismo aprobó un nuevo préstamo de USD 500 millones como parte de una operación de apoyo a reformas y sostenibilidad fiscal. A estos se suman múltiples operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo dirigidas a programas de apoyo productivo, infraestructura, agua y saneamiento, y fortalecimiento institucional.

Estos recursos, que en conjunto representan miles de millones de dólares, se reflejan hoy en un nivel de deuda pública que supera los cincuenta y ocho mil millones de dólares y han sido destinados, entre otros fines, a enfrentar la pandemia, fortalecer la liquidez fiscal, financiar programas sociales, apoyar a pequeñas y medianas empresas, ejecutar proyectos de infraestructura estratégica y atender compromisos de deuda previamente adquiridos. Si bien estas operaciones han sido legalmente autorizadas y, en muchos casos, necesarias, su magnitud e impacto fiscal demandan mecanismos de seguimiento más rigurosos, sistemáticos y accesibles para la ciudadanía. La experiencia nacional e internacional demuestra que la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos provenientes de préstamos incrementa el riesgo de ineficiencia, uso discrecional, desvío de recursos y, en los casos más graves, corrupción y malversación. Cuando los recursos externos ingresan al presupuesto público sin sistemas claros de trazabilidad --desde el contrato de financiamiento hasta su ejecución final- se debilita el control institucional, se limita la fiscalización ciudadana y se erosiona la confianza pública en el Estado. Este escenario no solo afecta la credibilidad de las instituciones, sino que también encarece el financiamiento futuro y compromete la sostenibilidad fiscal del país. Organismos internacionales especializados han advertido reiteradamente sobre estos riesgos. El Fondo Monetario Internacional ha señalado que la transparencia de la deuda pública es un elemento central de la estabilidad macroeconómica, y que la divulgación incompleta u opaca de la información sobre préstamos y su uso puede ocultar riesgos fiscales significativos y facilitar prácticas indebidas (lMF, 2023; IMF, 2024). En la misma línea, el Banco Mundial ha subrayado que la opacidad en materia de endeudamiento tiene efectos directos sobre la capacidad de financiamiento de los Estados. Al respecto, Axel van Trotsenburg, Director General Senior del Banco Mundial, ha advertido que "cuando la deuda oculta sale a la luz, el financiamiento se seca y las condiciones empeoran; por ello, una transparencia radical de la deuda, que haga accesible información oportuna y confiable, es fundamental para romper ese ciclo" (World Bank, 2025). Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo ha destacado que la transparencia en la ejecución de los recursos financiados con endeudamiento externo, junto con sistemas modernos de compras públicas y mecanismos efectivos de control, es indispensable para garantizar que dichos fondos generen el impacto económico y social esperado, especialmente en contextos de alto endeudamiento y presión fiscal (IDB, 2020; IDB, 2023). De forma complementaria, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha subrayado que la divulgación clara y oportuna de la información sobre deuda pública y su uso fortalece la rendición de cuentas y reduce los riesgos de corrupción y mala asignación de recursos (OECD, 2021). Estas recomendaciones convergen en un principio fundamental: si la deuda es pública, su uso debe ser plenamente rastreable, auditable y comprensible para la ciudadanía. El presente Anteproyecto de Ley recoge estas mejores prácticas internacionales y las adapta al contexto institucional panameño. De manera expresa, la iniciativa se articula y refuerza los lineamientos de la Estrategia de Gestión de la Deuda de Mediano Plazo 2025-2029, aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas, la cual reconoce la importancia de preservar la sostenibilidad fiscal, mejorar el perfil de la deuda y fortalecer la transparencia y la gobernanza en su administración. Este proyecto de ley no sustituye dicha estrategia, sino que la complementa, dotándola de un marco legal que fortalece sus principios de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, asegurando que los objetivos técnicos de la política de endeudamiento se traduzcan en prácticas institucionales verificables y accesibles para la ciudadanía. La iniciativa propone fortalecer la transparencia desde el inicio del endeudamiento, mediante la publicación obligatoria de los contratos de financiamiento y de informes técnicos que justifiquen la necesidad, conveniencia e impactos del endeudamiento. Establece, además, la creación de un Registro Público de Trazabilidad que permita dar seguimiento a cada préstamo desde su contratación, pasando por su asignación presupuestaria y los procesos de contratación pública, hasta los pagos realizados y los resultados obtenidos. Complementariamente, se incorporan informes periódicos de ejecución, tableros públicos de seguimiento, auditorías obligatorias y un informe anual consolidado a la Asamblea Nacional sobre la evolución de la deuda vinculada a estos financiamientos. Lejos de limitar la capacidad del Estado para acceder a recursos externos, esta propuesta busca proteger el interés público, fortalecer la rendición de cuentas y asegurar que cada dólar obtenido mediante endeudamiento internacional cumpla con el propósito para el cual fue solicitado. Una gestión transparente y responsable de la deuda no solo reduce los riesgos de corrupción y mala administración, sino que también mejora la confianza ciudadana, fortalece la institucionalidad democrática y contribuye a preservar la credibilidad financiera de Panamá ante la comunidad internacional. En un contexto en el que las decisiones de hoy condicionan las oportunidades de las futuras generaciones, este proyecto de ley constituye un paso necesario para garantizar que el endeudamiento público sea administrado con rigor, transparencia y responsabilidad. Por ello, se presenta en beneficio del presente y del futuro de Panamá, reafirmando el compromiso que debemos mantener con la buena gobernanza, la integridad pública y el uso correcto de los recursos que pertenecen a toda la Nación.

H.D. ALEXANDRA M. BRENES S. Diputada de la República Circuito 8-2