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Proyecto de ley 527.

Que establece transparencia y reutilización de bienes públicos en desuso y dados de baja

Carlos Saldaña

Cuadro comparativo SeguirEnviado a subcomisión para analisis

Fundamento de la iniciativa

Exposición de motivos

Lectura del expediente; coteja las dudas con el documento original.

La presente iniciativa legislativa tiene por objeto establecer un marco normativo moderno y transparente que garantice la trazabilidad, reutilización y disposición responsable de los bienes muebles públicos, fortaleciendo la eficiencia administrativa, la sostenibilidad ambiental y el control ciudadano sobre el patrimonio estatal.

Cada año, las instituciones del Estado panameño generan grandes volúmenes de bienes dados de baja o en desuso, tales como mobiliario, vehículos, equipos informáticos y herramientas. Estos bienes son frecuentemente almacenados, vendidos como chatarra o destruidos sin registro público, generando pérdida de valor, opacidad y desaprovechamiento de recursos que podrían beneficiar a comunidades, escuelas o entidades sociales.

El presente anteproyecto propone fortalecer el control institucional de los bienes públicos mediante un sistema interno en cada entidad, a través de su Departamento de Bienes Patrimoniales, bajo la fiscalización de la Contraloría General y el registro nacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual consolidará y publicará la información en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANT Al), promoviendo la reutilización, donación o reciclaje responsable de los bienes en desuso ..

lo Fundamentación constitucional.

El anteproyecto desarrolla principios constitucionales sobre eficiencia, legalidad y transparencia pública. Se sustenta en los artículos 17, 50, Y 280 de la Constitución, que garantizan la administración responsable del patrimonio estatal y la fiscalización de los bienes públicos.

11.

Fundamento legal.

La presente iniciativa se encuentra en armonía con el ordenamiento jurídico nacional. Complementa la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas, la Ley 32 de 1984 (Contraloría General) y la Ley 33 de 2013 (ANTAl), sin modificar sus competencias. Aporta una etapa posterior de transparencia y reutilización.

111.

Fundamento de convencionalidad.

El proyecto se encuentra plenamente alineado a los tratados internacionales ratificados por Panamá, tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969), y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 12 y 16) de la Agenda 2030. Promueve el acceso a la información, la gestión ética de los bienes públicos y la sostenibilidad ambiental.

IV.

Derecho comparado.

Países latinoamericanos como Chile, México, Colombia y España han implementado sistemas similares de reutilización y transparencia de bienes públicos, demostrando la viabilidad y eficiencia del modelo. Panamá adopta una práctica internacionalmente reconocida de gobierno abierto y economía circular estatal.

V.

Concordancia con los procedimientos vigentes.

El anteproyecto no altera los procedimientos de baja de bienes establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República. El registro se efectuará una vez aprobada la baja, asegurando concordancia con el Manual de Bienes Patrimoniales del Estado.

VI.

Conclusión.

Este anteproyecto de transparencia y reutilización de Bienes Públicos es compatible con la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales. No implica gasto estatal y refuerza la transparencia, eficiencia y sostenibilidad del manejo patrimonial público, al contrario, materializa los mandatos de legalidad, eficiencia y control patrimonial previstos en la Carta Magna.

En resumen: •

Se ajusta a los tratados internacionales ratificados por Panamá.

• Desarrolla pnnCIpIOS constitucionales de eficiencia, publicidad y responsabilidad estatal. •

Complementa las normas nacionales existentes SIn generar conflicto normativo.

• Introduce un mecanismo innovador de trazabilidad y control social.

• No requiere gasto público adicional.

Su aprobación contribuirá a una gestión estatal más transparente, ecológica y ética, consolidando la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Por lo que proponemos a esta augusta cámara el siguiente anteproyecto de ley.

J~~THAN EDIR VE~A Diputado de la República Circuito 4-5