Proyecto de ley 513.

La figura del expresidente de la República reviste una relevancia institucional y simbólica dentro de toda democracia. Quienes han ejercido el más alto cargo del Estado merecen un trato digno y un nivel razonable de protección personal una vez concluyen sus funciones, tanto por razones de seguridad nacional como por la naturaleza de la información y decisiones que manejaron durante su mandato. La Ley 55 de 19 de julio de 1996 estableció originalmente el derecho a un servicio de escolta y seguridad personal de carácter indefinido para los expresidentes. No obstante, el paso del tiempo y las nuevas realidades de seguridad y control presupuestario del Estado exigen una actualización que armonice este beneficio con los principios de racionalidad del gasto público, proporcionalidad, igualdad ante la ley y transparencia administrativa. El presente proyecto propone establecer un plazo máximo de diez (lO) años para la provisión del servicio de escolta y seguridad personal, contado desde el cese de las funciones presidenciales. Este periodo garantiza la debida protección durante el lapso en que pueden subsistir riesgos derivados de decisiones adoptadas durante la gestión presidencial, pero evita la perpetuación de privilegios injustificados a costa del erario público. Asimismo, se introduce el carácter retroactivo de la medida, de forma que todos los expresidentes, sin distinción del período en que ejercieron el cargo, se encuentren sujetos al mismo marco temporal y normativo. Con ello, se fortalece el principio de igualdad ante la ley y se reafirma el compromiso del Estado con la austeridad y la equidad institucional. La reforma reafirma el compromiso de la República de Panamá con la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, garantizando un equilibrio justo entre el respeto a la investidura presidencial y la responsabilidad fiscal del Estado. En consecuencia, la presente reforma no es solo un ajuste técnico, sino una reafirmación de los valores republicanos. Se trata de consolidar una democracia donde el servicio público sea exactamente eso: un servicio, y no una fuente de privilegios duraderos. Con esta modificación, se envía un mensaje claro a la ciudadanía: en Panamá no hay ciudadanos de primera y segunda clase, y quienes han dirigido los destinos de la nación se reintegran plenamente a la comunidad, sujetos a las mismas normas que todos. Por todo lo expuesto, se somete a consideración de esta augusta cámara el siguiente proyecto de ley, confiando en que su aprobación representará un avance hacia una administración más moderna, equitativa y fiscalmente responsable.