Proyecto de ley 584.

En la práctica, muchos funcionarios públicos y trabajadores privados se ven afectados por pagos acumulados o retroactivos de salarios al inicio de su relación laboral, por atrasos administrativos, reintegros, salarios caídos, vacaciones no gozadas oportunamente o fallos judiciales por despidos injustificados que son registrados como un solo período en la CSS, sin reflejar los meses efectivamente trabajados.

Este error tiene consecuencias graves: El historial de cotizaciones queda incompleto, lo que puede impedir el acceso a prestaciones; se genera desigualdad entre trabajadores del sector privado y funcionarios públicos; y se incrementan los reclamos y procesos judiciales para corregir la información.

Cada cuota cuenta. El sistema panameño de pensiones exige un número mínimo de cuotas para el derecho a jubilarse; incluso la falta de una sola puede significar la pérdida del beneficio. Este proyecto evita que los trabajadores enfrenten "sorpresas" en el futuro, asegurando que cada período trabajado quede debidamente reflejado en el registro de la CSS.

Vacío en la Ley 51 de 2005 La Ley 51 de 2005 y sus modificaciones, regulan las obligaciones de empleadores y trabajadores, mecanismos de cobro y, de manera excepcional, permite al trabajador completar hasta 24 cuotas cuando el empleador entra en concurso o liquidación (art. 199).

No obstante, no contempla expresamente el prorrateo de pagos acumulados o retroactivos frecuentes en el sector público y también en el privado por reintegros, vacaciones o fallos judiciales que, al pagarse en una sola exhibición, terminan registrados como un solo período de cotización. Esto provoca que los trabajadores aparezcan con meses sin cotizar pese a haber laborado y cobrado, vulnerando derechos adquiridos y poniendo en riesgo su jubilación. Este error administrativo erosiona derechos adquiridos y expone al trabajador a perder su pensión, ya que, reitero, el régimen de la seguridad social panameña cada cuota cuenta para alcanzar el número mínimo exigido. La falta de una sola cuota puede traducirse en la negación del derecho a pensionarse, generando una injusticia grave e innecesaria.

Este anteproyecto llena dicho vacío legal al establecer la obligación de prorratear los pagos acumulados, en sector público y privado, para que cada mes efectivamente trabajado se traduzca en una cuota válida dentro del historial de la Caja de Seguro Social.

Fundamentos constitucionales:

• El artículo 105 de la Constitución reconoce el derecho a la seguridad social.

• El artículo 19 garantiza la igualdad ante la ley.

• La retroactividad prevista se limita exclusivamente a beneficiar al trabajador.

Fundamentos de legalidad

• El proyecto complementa la Ley 51 de 2005 al precisar el tratamiento de pagos acumulados.

• Se articula con la Ley 6 de 2002 de Transparencia.

Fundamentos de convencionalidad

• Se adecua al Convenio 102 de la OIT.

• Se alinea con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 9).

• Se ajusta a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 26).

Impacto esperado

• Protección real de derechos.

• Igualdad.

• Transparencia.

• Seguridad jurídica.

• Modernización institucional.

Con este marco legal se fortalece la protección social de los servidores públicos, se garantiza transparencia en el manejo de recursos públicos y se modernizan los sistemas administrativos, contribuyendo así al cumplimiento efectivo de los derechos laborales y la buena gobernanza en el Estado.

tJr¡a~~ ~oJBO ATHAN EDIR1 EGA Diputado de la República Circuito 4-5