Proyecto de ley 460.

La buhonería constituye una actividad económica de gran relevancia en Panamá, pues representa una fuente de sustento para miles de familias y contribuye de manera significativa al dinamismo de la economía popular. Según estimaciones oficiales, más del cuarenta por ciento (40%) de la población ocupada en el país se encuentra en el sector informal, dentro del cual los buhoneros desempeñan un papel esencial al proveer bienes y servicios accesibles a comunidades urbanas y rurales. Actualmente, la regulación de la buhonería depende de las alcaldías y municipios, que mediante permisos o carnés autorizan el uso del espacio público y cobran tasas por dicho aprovechamiento. Sin embargo, esta regulación carece de un marco legal nacional que unifique criterios, garantice derechos mínimos y establezca obligaciones claras, tanto para los trabajadores como para las autoridades competentes. Esto ha derivado en situaciones de inseguridad jurídica, desalojos sin alternativas de reubicación, ausencia de servicios básicos en las zonas de venta, falta de acceso a microcréditos y programas de formalización, y una débil protección de los consumidores y de la salud pública. Si bien en Panamá existe la Ley 132 de 2013, que crea la figura de la Microempresa de Responsabilidad Limitada (MRL), y su reglamentación mediante el Decreto Ejecutivo 157 de 2014, cuyo propósito es brindar a los trabajadores por cuenta propia un mecanismo simplificado de formalización, estas normas no abarcan la realidad específica de la buhonería. La MRL constituye una opción jurídica para quienes desean constituirse corno rnicroempresarios tormales, pero no regula las condiciones del trabajo en la vía pública, ni establece lineamientos sobre permisos, reubicación, acceso a servicios básicos o protección frente a desalojos. Por ello, se hace necesaria una ley especial que reconozca y ordene la actividad de los buhoneros, complementando el marco existente, y que sirva como puente para la formalización progresiva de quienes deseen aprovechar los beneficios de la Ley 132 de 2013. Este anteproyecto se fundamenta en los principios de dignidad humana, igualdad y no I discriminación, garantizando que los buhoneros puedan ejercer su trabajo sin ser objeto de persecución, trato desigual o criminalización. Asimismo, promueve el or~enamiento del espacio público en equilibrio con los derechos de la ciudadanía, la salubridad y la protección al consumidor. El presente anteproyecto tiene como finalidad llenar este vacío legal y establecer un marco nacional que respete la autonomía municipal, garantizando que los buhoneros puedan ejercer su trabajo en condiciones dignasI y ordenadas. Para ello, la ley propone: • • • • • • •

Reconocer y proteger la labor de los buhoneros como parte de la economía popular panameña. Establecer la obligatoriedad de un Registro Municipal de Buhoneros, con carnés que acrediten a quienes ejerzan esta actividad. Obligar a que todo desalojo vaya acompañado de un Plan Municipal de Reubicación, garantizando alternativas dignas y ordenadas. Dotar de condiciones mínimas de salubridad y seguridad a las zonas de buhonería, en coordinación con el MINSA, el IDAAN y las autoridades locales. Promover el acceso a programas de microcréditos, capacitación y formalización progresiva mediante la AMPYME y el MICl. Incentivar la afiliación voluntaria de los buhoneros a la Caja de Seguro Social, como trabajadores independientes, conforme a la Ley 51 de 2005. Asegurar la protecQión del consumidor, bajo la supervisión de la ACODECO, en materia de precios, medidas y calidad de productos.

Con este marco legal se busca no solo garantizar el derecho al trabajo digno de los buhoneros, sino también promover el ordenamiento de los espacios públicos, la inclusión social y financiera, la salud de la población y la transparencia en las relaciones de consumo. La aprobación de esta ley representará un paso firme hacia la justicia social y el fortalecimiento de la economía popular en Panamá.

¡rJf-(/ ~ HD. ERNESTO CEDEÑO ALVARADO

Diputado dEl la República Circuito 8-4