Proyecto de ley 341.

La economía panameña atraviesa una situación compleja, marcada por una desaceleración del sector construcción, uno de los motores históricos de crecimiento, empleo y recaudación. Durante el año 2024, la inversión en obras se redujo en más de 260 millones de balboas en comparación con el 2023, lo que representa una caída superior al 20 % en un sector que aporta de manera directa al Producto Interno Bruto y a la generación de empleos formales. Este enfriamiento de la actividad ha tenido efectos inmediatos sobre la recaudación municipal, que se ha visto reducida a menos del 30 % de lo esperado en materia de permisos, tributos y tasas vinculadas a proyectos de construcción. El impacto es doble: por un lado, las finanzas públicas nacionales y locales pierden ingresos necesarios para invertir en servicios y obras, y por el otro, miles de pequeños y medianos negocios, como ferreterías, talleres, proveedores de materiales y comercios de barrio, ven disminuir drásticamente su actividad. A esto se suma que el déficit habitacional sigue afectando a casi tres de cada diez hogares en Panamá, con especial gravedad en provincias como Bocas del Toro (44.8 %), Veraguas (34.5 %), Colón (31.4 %) y Coclé (25.6 %), donde los salarios promedio resultan insuficientes para acceder a un préstamo hipotecario bajo las condiciones actuales. Los datos muestran además que el 20 % más pobre de la población destina un tercio de sus ingresos a cubrir gastos de vivienda, lo que supera con creces el 20-25 % recomendado por organismos internacionales. Esto refleja no solo un problema de acceso, sino de sostenibilidad económica para las familias, que sacrifican buena parte de su ingreso en asegurar un techo, limitando así su capacidad de cubrir otras necesidades esenciales.

I

El Estado por sí solo no puede cerrar esta brecha. Estudios recientes demuestran que la no construcción de unas 6,200 viviendas por parte del sector privado le cuesta al fisco más de 90 millones de balboas al año en impuestos, cuotas a la CSS y generación de empleo no percibida. En contraste, cada balboa invertido en subsidios habitacionales ha logrado multiplicarse por seis en inversión privada, y además, el sector privado ha demostrado ser 30 % más costo eficiente que el Estado en la construcción de viviendas, lo que lo convierte en el vehículo más adecuado para canalizar la inversión habitacional en beneficio de la ciudadanía. Adicionalmente, la concentración de la actividad económica en la provincia de Panamá, que aporta casi el 68 % del PIB nacional, profundiza las desigualdades con el resto del país, obligando a muchos panameños a migrar a la capital en busca de mejores oportunidades y dejando a las provincias con menos capacidad de retener capital humano y dinamizar su desarrollo local. Frente a este panorama, es imperativo promover medidas que impulsen de manera inmediata la reactivación del sector construcción. Más allá de levantar proyectos de vivienda, se trata de devolver dinamismo a la economía, mejorar la recaudación de los municipios, proteger a las micro y pequeñas empresas, y garantizar a la ciudadanía el derecho a una vivienda digna y asequible. En mi calidad de diputado, presento esta propuesta convencido de que el país necesita tender puentes entre el Estado, el sistema financiero, la empresa privada y la sociedad. Solo así lograremos encontrar un punto común que permita la recuperación económica, la reducción de desigualdades y la construcción de un Panamá más justo y próspero.

R.D.

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Diputado de la República Circuito 2-4