Proyecto de ley 308.

La transición energética ya no es una opción; es una obligación impostergable para los Estados que aspiren a construir economías más justas, resilientes y sostenibles. Sin embargo, esta transición no puede limitarse a una transformación tecnológica del sistema eléctrico; debe ser, ante todo, una transformación social, que coloque a las personas y a las comunidades en el centro del nuevo modelo energético. Panamá ha dado pasos importantes hacia una matriz energética más limpia y moderna, como lo demuestra la implementación del sistema de medición neta. No obstante, el diseño actual de este esquema excluye a amplios sectores de la población que carecen de acceso a una infraestructura propia para la instalación de paneles solares, como es el caso de los arrendatarios, residentes de edificios multifamiliares, habitantes de comunidades rurales o personas en situación de vulnerabilidad. Esta exclusión contradice el prinCIpIO constitucional de equidad y limita la capacidad del país para alcanzar una transición energética verdaderamente inclusiva. El presente anteproyecto de ley responde a esa deuda social. Propone la implementación de dos figuras jurídicas esenciales: el neteo remoto y las comunidades solares. A través del neteo remoto, un ciudadano podrá generar energía desde un sitio distinto al de su consumo; mientras que las comuriidades solares permitirán que varios usuarios, organizados solidariamente, compartan los beneficios de una planta solar común, sin necesidad de grandes inversiones individuales. Estas herramientas representan una democratización real del acceso a las energías renovables, pues permiten que personas con bajos ingresos o condiciones habitacionales limitadas puedan participar activamente en el sistema eléctrico, reducir su factura energética y ejercer su derecho a un ambiente sano y sostenible.

Más allá del componente técnico, esta Ante proyecto de ley busca fortalecer el tejido comunitario, fomentar la organización local y promover nuevas formas de participación ciudadana en la gobernanza energética. Al reconocer al prosumidor como sujeto de derecho, se otorgan garantías jurídicas tanto a iniciativas individuales como a proyectos colectivos que nacen desde las comunidades y para las comunidades. La creación de asociaciones energéticas, el acceso equitativo a infraestructura pública y la interoperabilidad digital son mecanismos que empoderan al ciudadano y estimulan la innovación social desde los territorios. Asimismo, la ley consolida el rol de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) como garante del interés público, asegurando que los procesos regulatorios sean transparentes, participativos y orientados a la justicia energética. Se eliminan incentivos fiscales regresivos y se sustituyen por beneficios sociales directos, como la compensación garantizada, el derecho de asociación energética y el acceso a modelos tarifarios más equitativos. Esta propuesta también fortalece la proyecclOn estratégica de Panamá como nodo energético regional, alineándose con los compromisos internacionales en el marco del Acuerdo de París, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el Plan Energético Nacional 2015-2050. En ese sentido, aunque la ley no depende del proyecto binacional de interconexión eléctrica Panamá-Colombia, sí contribuye a su efectividad al sentar las bases jurídicas para que los pequeños generadores locales puedan integrarse a un mercado interconectado más competitivo y solidario. En conclusión, esta leyes una herramienta de justicia social y climática, que busca corregir desigualdades históricas en el acceso a la energía y convertir a cada ciudadano en agente activo del cambio. No se trata solo de producir energía limpia, sino de repartir de manera equitativa los beneficios de la transición energética, impulsando comunidades más fuertes, solidarias y resilientes frente a los desafios del siglo XXI.

H.D.S GABRIEL ANDRES SOLÍS ARIAS Diputado suplente 8-4