Proyecto de ley 395.

La Constitución Política en su artículo 113 establece que todo individuo tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuido. Además, que es tarea del Estado la rehabilitación económica y social de los sectores dependientes o carentes de recursos y la atención de los mentalmente incapaces, los enfermos crónicos, los inválidos indigentes y los grupos que no hayan sido incorporados al sistema de seguridad social.

A lo largo de los años, Panamá ha experimentado un crecimiento económico sostenido, pero este no ha sido igualmente distribuido entre todas las poblaciones del territorio nacional. Existen importantes disparidades no sólo en términos económicos sino también en de acceso a la educación y a la salud así como los otros dere,chos económicos, sociales y culturales. I i

Esta situación se agrava cuando abordamos los desafíos de las personas en condiciones de vulnerabilidad que a su vez tienen acceso limitado a servicios básicos, están en desempleo y/o pobreza. En este contexto, las personas con discapacidad representan uno de los grupos más afectados por estas desigualdades. La falta de inclusión social, las dificultades para acceder a empleo y la carencia de apoyos adecuados, perpetúan un ciclo de exclusión y pobreza que limita sus oportunidades de desarrollo personal y familiar.

Ante esta situación, el Estado tiene la obligación de implementar políticas públicas inclusivas que aseguren no solo la protección de sus derechos fundamentales, sino también la ..

,'" posibilidad de alcanzar un nivel de vida adecuado, en cumplimiento de instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificada por Panamá.

Es fundamental que los apoyos económicos otorgados por el Estado a las personas con discapacidad, especialmente aquellas en condiciones de pobreza, estén alineados con la realidad socioeconómica del país. Esto implica ajustar el monto de estos beneficios para que sean coherentes con el costo de la vida en Panamá, permitiendo así cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte, medicamentos y asistencia especializada. Garantizar ingresos adecuados no solo contribuiría a mejorar su calidad de vida, sino que también generaría un impacto positivo en sus familias, al reducir las presiones económicas y fomentar su inclusión en la sociedad.

De esta forma, el crecimiento económico del país podría reflejarse de manera más justa y equitativa, asegurando que las personas con discapacidad, como ciudadanos con igualdad de derechos, reciban el respaldo necesario para superar las barreras estructurales y económicas que históricamente los han marginado. La inversión en este sector no solo responde a un deber de justicia social, sino que fortalece el desarrollo inclusivo y sostenible de Panamá como país.

En ese espíritu, el Estado panameño ha creado programas de asistencia social para grupos vulnerables, como es el caso de las personas con discapacidad que estén imposibilitadas a trabajar y conseguir sus medios económicos de subsistencia, tales como el Programa Especial de Ángel Guardián.

El Programa Especial Ángel Guardián es una iniciativa social implementada en Panamá con el objetivo de proporcionar apoyo y asistencia a las personas con discapacidad severa en condición de dependencia. Este programa fue lanzado por el Gobierno de Panamá como parte de sus políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los panameños más necesitados.

Panamá ya había implementado varios programas sociales antes de la creación del Programa Especial de Ángel Guardián, como el programa de Red de Oportunidades, que se enfoca en la asistencia a las familias en pobreza extrema, pero haciendo hincapié en la educación y la salud. Sin embargo, el Programa Ángel Guardián nace como una ampliación de estas iniciativas, con un enfoque más directo en el bienestar integral de las personas con discapacidad. La presente iniciativa legislativa busca, en primer lugar, ampliar la cobertura del Programa mediante la eliminación del requisito de pobreza extrema, reemplazando lo por pobreza, considerando que al limitarlo a personas con pobreza extrema, a la luz de las definiciones de la Ley 39 del 2012 que fueron derogadas y consideramos importante que sean regresadas, el Estado está excluyendo a personas que tampoco cuentan con los ingresos mínimos para cubrir una canasta básica, que incluye alimentos y servicios esenciales como transporte, educación, salud y vivienda y que de igual forma son dependientes económicos. La condición de dependencia no debe estar limitada por el criterio de pobreza extrema que puede relegar a personas igualmente vulnerables. En segundo lugar, se propone un incremento del subsidio mensual a B/.120.00, ajustándose a las realidades económicas actuales y asegurando que cumpla con las necesidades básicas de sus beneficiarios. En un país que se enorgullece de su compromiso con los derechos humanos y la igualdad de oportunidades, es inconcebible que personas con discapacidad severa continúen enfrentando obstáculos para acceder a una vida con dignidad. La eliminación de discriminaciones económicas y la garantía de un acceso más inclusivo al programa son pasos necesarios para consolidar el respeto a la dignidad inherente de estas personas. Además, este anteproyecto responde a los estándares internacionales establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Panamá, en la cual se enfatiza la obligación de los Estados Parte de adoptar medidas efectivas para proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad. Este esfuerzo legislativo no solo alinea al país con dichos compromisos internacionales, sino que también reafirma el carácter humanista de nuestro sistema democrático. Con estas modificaciones, no solo se asegura un mayor alcance del programa, SIllO que también se fortalecen los mecanismos de coordinación interinstitucional, buscando una atención integral que abarque tanto el aspecto económico, como el acceso a servicios básicos, rehabilitación y una plena integración social. Se trata de un acto de justicia social que beneficia no solo a los directamente afectados, sino a toda la sociedad panameña, que se enriquece al promover una convivencia basada en la empatía y la solidaridad. Este anteproyecto de ley se presenta con la convicción de que invertir en el bienestar de las personas con discapacidad severa es una inversión en los valores fundamentales de nuestro país: la igualdad, la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales. Sometemos a consideración de todos los honorables diputados (as) este anteproyecto de Ley que, una vez convertido en Ley de la República, beneficiará a esta población vulnerable que necesita contar con los medios económicos para desarrollar una vida con dignidad.

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