Anteproyecto de ley 13.

Los momentos actuales y dramáticos que vive nuestro país, como consecuencia de una Ley aprobada con deficiencias en la trayectoria que debe tener un proyecto de Ley sobre todo presentado por el Órgano Ejecutivo, y que por las irregularidades existentes, visibles y públicas de un manejo inadecuado, nos obligan a tomar iniciativas necesarias, contundentes, objetivas y de verdadero sentido social, para que de una u otra forma se proceda cumpliendo los trámites del debido proceso a la derogatoria definitiva de la Ley 462 del 18 de marzo de 2025.

Es inaceptable e inadmisible, que la autoridad de nuestro país, a la fecha presente, después de numerosos días de disturbios con tranques en las calles de la República, marcada por participaciones de una numerosa población panameña, entre ellos maestros, estudiantes, padres de familia, sindicatos de trabajadores de la construcción y otros gremios, como autoridades educativas a nivel de directores y el numeroso grupo de funcionarios públicos que de una u otra forma están haciendo presencia en las calles diariamente, sumado a los tranques a lo largo de la vía interamericana, en donde se han incorporado agrupaciones indígenas en todo el país, no haya puesto el Gobierno atención a esta masa humana responsable, sufrida por los impactos que tiene y van a tener con la nueva Ley 462 que reformó la Ley de la Caja de Seguro Social 51 de 2005, lo que preocupa grandemente por la situación crítica que vive nuestro país en protestas diarias y tranques ininterrumpidos, sin que el Gobierno de turno asuma un rol responsable de activar todo su equipo de gobierno y motivar al mismo haciendo los ajustes pertinentes en el Proyecto 462 presentado a la Asamblea Nacional en un esfuerzo conjunto para hacer acuerdos necesarios con la real participación de toda la población como actores y beneficiarios de dicha Ley, la cual debe beneficiar de manera uniforme y eficiente a toda la población panameña.

No cabe duda, que la vivencia actual que tiene nuestra nación, sin precedentes en un tema de tanta importancia como lo es el impacto de la Ley que regula la Caja de Seguro Social, nos obliga a tomar las acciones pertinentes para que no siga nuestro país perdiendo los millones de balboas que dejamos de percibir diariamente, y que al parecer miles de personas irresponsables no adquieren conciencia de tal situación, en una economía creciente que amerita la participación de todos.

Si hacemos un análisis objetivo de 10 que vive Panamá en estos momentos, podemos resumirlo a manifestaciones diarias en todas las provincias, enfrentamientos con la población a todos los niveles y sobre todo en las esferas sociales más humildes, enfrentamientos con los obreros sindicales de las bananeras, además de los grupos indígenas organizados, afectación de la educación nacional a nivel general, pérdidas económicas cuantiosas, proyectadas por la cámara de comercio de todo el país, destituciones masivas, como consecuencias de los tranques e incumplimiento de los horarios de trabajo como motivo de las manifestaciones. En fin, un sinnúmero de circunstancias que exigen con carácter de urgencia que el Gobierno de tumo entre en razón y se haga eco de las múltiples peticiones panameñas para que, de una vez por todas, se proceda a la derogatoria de la Ley 462 de 2025.

Esta referencia completa del panorama presente del país, nos obliga a presentar la situación urgente e inevitable de que se derogue la Ley 462, si queremos en realidad vivir en un Estado de derecho y que haya una verdadera paz social, en un país que hasta hace poco estaba marcando el índice más alto del porcentaje de desarrollo comercial a nivel de toda Latinoamérica, con un modelo de desarrollo que entre propios y extraños llamaba la atención a nivel nacional e internacional.

Las numerosas peticiones de la población panameña, que en su momento se presentaron en plenas consultas ciudadanas ante la Asamblea Nacional objeciones formales a la ley, que en su momento se encontraba en consultas de primer debate, y las protestas que a la fecha presente se mantienen posteriores a la aprobación de la Ley 462 de marzo de 2025, deben obligar al Gobierno a tomar la única decisión sensata, urgente, necesaria y objetiva para que en definitiva pueda reinar la paz en nuestro país, y toda la población se sienta beneficiada por una ley de seguridad social, que permee beneficios a toda la población que requiere de la misma ya la que tiene derecho, como consecuencia de los pagos de las cuotas que aportan a la institución, con la esperanza de que llegada su jubilación, después de muchos años de servir al país, puedan ser asistidos de manera responsable, como es lo correcto y debe ser por las normas y la administración de la Caja de Seguro Social, creada y formalizada para beneficio de la seguridad social a toda la población panameña.

Estimados colegas, hoy más que nunca estoy convencido y me siento en la obligación ineludible de presentar un anteproyecto de ley que no es más que consecuencia del manejo desafortunado que ha permitido el Gobierno Nacional, y que nos obliga a cumplir con nuestro rol de Diputados de la República, elegidos por el pueblo y para el pueblo, cumpliendo con ello nuestro principal rol que es el de elaborar leyes que beneficien a la población nacional de la mejor manera posible, y con la seguridad de que el anteproyecto que estamos presentando responde precisamente al clamor popular de toda la población panameña, que insatisfechos y preocupados por la deficiente Ley 462 de marzo de 2025 exigen la derogatoria de la misma y la puesta en vigencia a de la Ley 51 de 2005 como una fórmula más saludable y necesaria que se adecúa a lo que exige la población, como consecuencia de las falencias detectadas antes de la aprobación de la Ley 462 y posteriormente a la aprobación, por encima de los argumentos falaces que pretenden con los comentarios de haber cumplido con el manejo democrático de una votación normal, lo cual no refleja la realidad ni las exigencias que aspira el ejercicio de un Estado de derecho y el beneficio que debe proveer a toda la población de manera objetiva en el tema de la seguridad social.

Es por ello que solicitamos el apoyo de todos los colegas en el voto favorable a este anteproyecto de ley, seguros de que a pesar de las amenazas del Ejecutivo de no derogar bajo ninguna circunstancia la Ley 462, es de imperiosa necesidad derogar la misma y poner vigencia la Ley 51 de 2005 que provee mejores resultados en su funcionamiento y aplicación, en materia de seguridad social.