Proyecto de ley 344.

La Constitución Política de la República de Panamá establece en su artículo 118 el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, y atribuye al Estado la responsabilidad de garantizar este derecho. En atención a este mandato, y considerando el acelerado crecimiento urbano del país, especialmente en zonas de alta densidad poblacional como el distrito de San Miguelito, se hace necesario adoptar políticas públicas concretas y diferenciadas que aborden la problemática de la gestión de residuos sólidos en espacios donde la infraestructura urbana tradicional no existe o no es funcional. En muchas de estas zonas urbanas, la ausencia de calles planificadas y la proliferación de veredas que impiden el acceso de los camiones recolectores hacen inviable el modelo convencional de disposición de residuos frente a cada predio. Esta situación ha generado acumulaciones informales de basura, denominadas popularmente "pataconcitos ", que afectan la salud, el ambiente y la calidad de vida de los residentes. Los pataconcitos constituyen focos de contaminación biológica, química y física. En ellos se acumulan residuos orgánicos que, al descomponerse, generan lixiviados contaminantes y gases tóxicos. Estos vertederos informales atraen vectores como ratas, cucarachas, moscas y zancudos, facilitando la proliferación de enfermedades como leptospirosis, dengue, chikungunya, zika, gastroenteritis y afecciones respiratorias. Además, representan un riesgo directo para la niñez y adultos mayores, quienes son particularmente vulnerables a infecciones y accidentes. Panamá, como Estado parte de múltiples tratados y convenciones internacionales en materia de salud pública y medio ambiente, tiene la obligación de garantizar condiciones de vida salubres para sus habitantes. Entre los tratados ratificados por la República de Panamá destacan:

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El Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005), adoptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece obligaciones para prevenir la propagación internacional de enfermedades mediante un enfoque de salud pública integral. El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, ratificado mediante Ley 41 de 2003, que impone la obligación de reducir la exposición a residuos peligrosos y proteger la salud humana y el ambiente. El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, aprobado por Ley 10 de 1995, que aunque enfocado en residuos peligrosos transfronterizos, establece principios generales de gestión adecuada de residuos. El Acuerdo de Escazú, ratificado por Ley 125 de 2020, que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, incluyendo la prevención de riesgos sanitarios.

La presente propuesta legislativa adiciona un nuevo Título a la Ley N° 276 de 2021, sin modificar sus disposiciones, para establecer una política nacional sobre la ubicación y gestión de puntos de recolección de residuos en zonas urbanas de alta densidad poblacional, respetando la jerarquía y mandatos ya establecidos por dicha Ley y por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario adscrita al Ministerio de Salud. Asimismo, esta iniciativa busca reforzar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en particular el ODS 3 (Salud y Bienestar), ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y ODS 13 (Acción por el clima), fomentando entornos urbanos resilientes, limpios y seguros para todos los ciudadanos.