Proyecto de ley 281.

Que la alimentación adecuada es un derecho humano fundamental reconocido internacionalmente en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Que, a nivel global, 1 de cada 9 adultos sufre de subalimentación, mientras que 1 de cada 3 padece sobrepeso u obesidad. En América Latina y el Caribe, el sobrepeso infantil alcanzó un 7.5% en 2019, superando el promedio mundial de 5.6%.

Que el informe "Estado Mundial de la Infancia 2019" del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) revela que al menos uno de cada tres niños menores de cinco años está desnutrido o sufre sobrepeso. La triple carga de la malnutrición se manifiesta en desnutrición, hambre oculta por falta de nutrientes esenciales, y sobrepeso y obesidad.

Que de acuerdo con el informe "El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo" de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (F AO), la inseguridad alimentaria afecta el desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar de más de 356 millones de niños en edad escolar globalmente, así como el crecimiento físico, el desarrollo cerebral y las capacidades cognitivas necesarias para el aprendizaje efectivo.

Que UNICEF, en su informe "Estado Mundial de la Infancia 2023: Nutrición y Educación", almta que los niños que experimentan hambre crónica tienen un 20% menos de probabilidades de saber leer a la edad adecuada y un 12% menos de probabilidades de completar la educación primaria y que, en el caso de la primera infancia en edad escolar puede causar daños irreversibles en el desarrollo cognitivo, afectando la capacidad de aprendizaje durante toda la vida.

Que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), las intervenciones nutricionales en escuelas han demostrado mejorar las tasas de retención escolar en un 30% y el rendimiento académico en materias fundamentales en un 25%.

Que, el informe global "Listos para aprender y prosperar: salud y nutrición escolar en todo el mundo" lanzado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA),junto con la UNESCO, UNICEF, F AO, la Alianza Mundial para la Educación (OPE), el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que los programas de salud y nutrición escolar son una inversión rentable, que genera US$ 9 en retorno por cada US$ 1 invertido; que las comidas escolares por sí solas aumentan las tasas de matriculación y asistencia en un 9% y un 8%, respectivamente; y que se trata de de la red de seguridad social más ehiendida del mundo, al proporcionar comidas a casi la mitad de los niños matriculados en primaria.

Que, el Informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ilustra en sus hallazgos que en el caso de los países con programas universales de alimentación escolar, hay menores brechas de rendimiento entre estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos.

Que el Informe de PISA subraya que "Todos los países donde al menos una cuarta parte de los estudiantes iY!formaron que no comían al menos una vez a la semana debido a lafalta de dinero, se encuentran entre los países/economías con el desempeño más bajo en tnaternáticas en PJ..)A 2022, es decir, con un desempeño promedio inferior a 400 puntos".

Que los cuatro organismos (OCDE, OMS, ONU, BID) coinciden en la importancia de implementar programas integrales de alimentación escolar.

Que, en Panamá, según el Censo 2023, existen 611,000 niños y niñas en edad de primera infancia (0-8 años). De esa cifra, 1 de cada 6 menores de cinco años sufre desnutrición crónica, cifra que en las comarcas indígenas alcanza el 39%. Sólo 2 de cada 1. O bebés menores de seis meses reciben lactancia materna exclusiva, mientras que el 10% de niños menores de 5 años y el 30% de niños entre cinco y nueve años presentan sobrepeso. El 15.2% presenta anemia, constituyendo un problema de salud pública, con un 3.1 % con deficiencia de zinc y Vitamina A.

Que, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (F AO), en 2022, señaló que, aproximadamente, 200,000 personas en Panamá padecen hambre, representando el 5.3% de la población, y cerca de 100,000 niños menores de cinco años sufren malnutrición.

Que, la F AO advierte que la crisis sanitaria global exacerbó esta situación con el cierre de empresas y pérdida de empleos, deterioro de indicadores de pobreza, aumento en precios de alimentos, presiones inflacionarias y desaceleración económica.

Que esta situación tiene consecuencias graves en el ámbito educativo, con consecuencias evidentes en la capacidad de retención de estudiantes de la escuela, en el rendimiento escolar - reducción de atención y concentración, dificultades de aprendizaje, problemas de socialización y bajo rendimiento escolar-; y, en el aspecto de salud, provoca retraso en el crecimiento, debilitamiento del sistema inmunológico, mayor riesgo de infecciones y afectaciones al desarrollo cerebral permanentes; y, a nivel social, perpetúa ciclos de pobreza, acentúa la desigualdad de oportunidades, incrementa los costos del sistema de salud y obstaculiza el desarrollo económico del país.

Que, en función a lo establecido en el ordenamiento jurídico, le corresponde al Estado proporcionar al educando todos los útiles necesarios para su aprendizaje, mientras complete su educación básica general, asegurando que todos los estudiantes reciban educación oportuna y de calidad, por lo que el presupuesto destinado al Ministerio de Educación debe estar encan1inado a atender eficientemente todas las necesidades y exigencias del sistema educativo, de conformidad con lo estipulado en los artículos 262 y 266 del Texto Único de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación.

Por todas las consideraciones antes expuestas, presento a la honorable Asamblea Nacional este Anteproyecto de Ley a fin de que se le dé el trámite correspondiente .

.Jorge Bloise Diputado de la República Circuito 8-4