Proyecto de ley 144.

La Administración como actividad ha tenido un desarrollo evolutivo; a través de todas las épocas y todas las Civilizaciones se ejecutaron tareas inherentes a la Administración al planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que se realizaban, en forma empírica. Los primeros Administradores Públicos surgieron con el movimiento denominado Cameralismo (Siglos XVII y XVIII).

Los Cameralistas eran Administradores

Públicos, Profesores austríacos, Asesores de la Corona y establecieron que la Sistematización, Capacitación, Profesionalización y la Honestidad se tenían que practicar en el ejercicio de las funciones en el Estado. La definición más amplia de Administración Pública apareció en 1887 en un ensayo de Woodrow Wilson, decía Wilson, "la Administración Pública es lado práctico o comercial del gobierno y su finalidad es que los negocios públicos se realicen eficientemente y están de acuerdo con los gustos y deseos del público como sea posible". A la Administración Pública conciernen los fines del Estado, lo que quiere decir que además de cumplir con las funciones propias debe definir las políticas públicas. En publicaciones del siglo XX de los años 1919, 1941, 1955 y 1961, se observan intentos por establecer un sistema de méritos en la República de Panamá, y la preocupación por crear un servicio público profesional. Aunado a este interés, la formación profesional de los servidores públicos lleva, en la década de los cuarenta a la creación de los estudios universitarios Paracio Justoj'lrosemena- Cóáigo Posta{0815-01603- Panamá, ~pú6úca áe Panamá

Administración Pública, luego de la fundación de la Universidad de Panamá en el año 1935, denominándose en ese entonces Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

Con posterioridad se creó la Facultad de Administración Pública y Comercio; al separarse en tres facultades, en 1982, se denominó Facultad de Administración Pública con el propósito de formar profesionales conocedores del quehacer administrativo para el buen funcionamiento de las Organizaciones de los Servicios Públicos. En el período comprendido entre el2010 y el 2021 han egresado 1,300 Licenciados en Administración Pública para el servicio del Estado con conocimientos técnicos en áreas tales como: Gestión de las Organizaciones Públicas, Planificación Pública Administrativa y Operativa, Administración de Recursos Humanos Públicos, Análisis Administrativo y Desarrollo Institucional, con miras a su desarrollo competitivo en el mercado laboral. En la actualidad, la carrera de Administración Pública de la Facultad de Administración Pública cuenta con 1,515 estudiantes matriculados divididos de la siguiente manera: 753 estudiantes en el campus central, 157 estudiantes en la sede de san Miguelito, 200 estudiantes en la sede de Colón, 100 estudiantes en la sede de Coclé, 180 estudiantes en la sede de Bocas del Toro y sus anexos, y 125 estudiantes en la UNACHI . Desde esta perspectiva, la Facultad de Administración Pública brinda el conocimiento científico de las funciones administrativas, eleva los niveles de la academia al generar Programas de Postgrados y Maestrías en las diferentes Especialidades, acordes con las exigencias de formación del recurso humano que demanda el Estado. La función pública tiene un campo muy amplio para su ejercicio profesional toda vez que el sector público está integrado por los tres Órganos del Estado, los Intermediarios Financieros, los Organismos Independientes y los Gobiernos Locales, tal como lo establece la Constitución Política y el Manual de Organización del Sector Público de la República de Panamá. El sector estatal es de vital importancia para el desarrollo económico y social, entendiendo que el profesional de la Administración Pública está al servicio de los sectores productivos para el desarrollo sostenible del país.

La profesión del administrador público comprende el ejercicio de funciones que propician el desarrollo del Estado y la gestión de los asuntos públicos, incluyendo aquellas orientadas a generar procesos integrales que incrementen la capacidad institucional y la eficiencia de este. Este Anteproyecto de Ley concreta los lineamientos programáticos gestados por las Naciones Unidas, por los Organismos Internacionales Regionales como el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) y el Centro Latinoamericano de Administración Pública para el Desarrollo (CLAD). A nivel nacional, la Universidad de Panamá, la Universidad Autónoma de Chiriquí y el Colegio Nacional de Administradores Públicos de Panamá, en Foros Académicos han coincidido en recomendar la generación de un Anteproyecto de Ley que regule el ejercicio de la profesión del Administrador Público, tal como existe en diversos países de Latinoamérica, tomando en cuenta que todo Estado eficiente en su actuación administrativa, requiere de recurso humano calificado y comprometido con el quehacer público, y son los Administradores Públicos quienes potencian esta gestión. El ejercicio profesional de la Administración Pública, se legitima cuando es desempeñado por personal idóneo con formación académica a nivel universitario en el campo de la Administración Pública, de manera que se garantice la eficiencia, la eficacia y la transparencia en la prestación de los servicios públicos, a través del diseño, la elaboración y la ejecución de las políticas públicas a la solución de las necesidades, reclamos y problemáticas del contexto público social. Esta iniciativa tiene como objetivo principal reglamentar el ejercicio de la profesión de Licenciado en Administración Pública, su función y campo de acción, a través de profesionales con niveles de formación superiores en el ámbito gerencial público para que la gestión pública se desenvuelva atendiendo las nuevas tendencias de la Gerencia Pública, lo que se lograría mediante la profesionalización y la expedición de la idoneidad profesional de acuerdo con lo dispuesto en la misma. Este Anteproyecto de Ley promueve las competencias profesionales, a fin de garantizar una gestión de los planes, programas y proyectos que se desarrollan en el ámbito público, además impulsa la calidad del sistema organizativo para reforzar las actividades de los niveles jerárquicos y funcionales, generando valor al potenciar el recurso humano público, reconociendo la idoneidad para el ejercicio de cargos altamente técnicos y profesionales en las dependencias del Estado. En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, esta iniciativa legislativa, proporciona un marco regulatorio para quienes ejercen la profesión de Administradores Públicos, particularmente en los siguientes: o ODS 4 concerniente a Educación de Calidad, el cual tiene como finalidad garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Impactando la meta 4.4 que busca aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. o ODS 5 referente a Igualdad de Género, incluyendo la meta 5.5 que tiene como objeto asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. o ODS 8 relacionado al Trabajo Decente y Crecimiento Económico, teniendo como propósito promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. En cuenta a las metas alcanzada la 8.5 que establece de aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y le trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. o ODS 10 sobre Reducción de las Desigualdades, generando impacto en la meta 10.4 cuya intención es adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

o ODS 16 denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, cuyo objetivo consiste en promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

Finalmente, esta iniciativa tiene por objeto proporcionar reconocer académica y profesionalmente para una carrera universitaria que tiene gran importancia en el desarrollo estatal, siendo una profesión que por décadas ha esperado dicho reconocimiento. En virtud de ello, solicitamos a los Honorables Diputados la colaboración para que y de la República.

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