Proyecto de ley 53.

1. La Asamblea Nacional mediante la Ley 68 de 13 de diciembre de 2016, reguló el seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito en nuestro país. 2. La normativa sufrió una modificación mediante la Ley 26 de 23 de mayo de 2018 en lo que respecta a la responsabilidad de la aseguradora, el conductor y el propietario del vehículo. 3. Un primer aspecto que tiene esta propuesta, es la necesidad de que la cobertura de responsabilidad civil incluya bienes no sólo de los particulares, sino también los bienes estatales, precisamente porque todos somos testigos de cómo ocurren hechos de tránsito donde resultan afectados postes de luz, señales de tránsito, casetas para pasajeros, cercas de protección de peatones y otros bienes públicos, sin que nadie se haga responsable y donde todos perdemos ese beneficio, producto de un hecho del que nadie responde después yeso debe regularse, para que la compañía

I aseguradora, el propietario o el conductor provean los recursos para su reparación y hacia esa vía va esta legislación, que deberá adecuarse con la Ley de Tránsito, que invite a jueces de tránsito y Alcaldes en función de jueces de tránsito a sancionar a los responsables del hecho a reparar los daños a los bienes públicos, para enmendar el agravio y hacia esa línea tenemos que ir para mejorar el país y poner orden en esa materia. 4. En esa misma vía y sobre la propuesta de Ley; el seguro obligatorio se constituyó en un gran negocio para quienes se dedican a la actividad, sin embargo, un gran número de contratantes son obligados a adquirir la cobertura, sin embargo, año tras año, pagan estas coberturas y muy pocas veces usan los servicios de la compañía aseguradora, lo que significa al final del camino, que pagaron grandes sumas de dinero, sin utilizarla, siendo ello de beneficio para la compañía aseguradora que su única inversión fue la de expedir un documento y recibir el pago de la póliza. 5. Ya es hora que al buen cliente se le reconozca un derecho y el mejor camino es el de poder recibir una devolución del monto pagado, bajo la condición de que no haya requerido utilizar la cobertura mediante la póliza de seguro contratado, pudiendo si así lo desea, abonar con ese mismo monto a devolver, la nueva póliza para el nuevo año o para que sirva para abonar la adquisición de otro tipo de cobertura de seguros. 6. En definitiva, esta iniciativa legislativa, busca empoderar al buen conductor vehicular de un derecho que le permita al final del año de vigencia del contrato de seguros, el saber que cuenta con un beneficio, que podrá utilizar en la misma empresa de seguros o en otra a su libre elección o disponer de su dinero con entera libertad. 7. Esta iniciativa no es descabellada si comprendemos que ciertamente si no se usa la póliza, porque no ocurrió un suceso que lo requiriera, constituye un buen récord en la data del asegurado y con ello un beneficio al final del camino que redundará en dinero circulante en el país que continuará propiciando buenas prácticas en materia de seguridad vial y directos beneficios para quienes pagan en la actualidad por un servicio que no usan y que producto de ello, merecen una compensación. 8. Estamos convencidos que esta nueva legislación, traerá en consecuencia la necesidad de ajustar otros temas como la regulación de la Superintendencia de Seguros sobre los fondos que las compañías deben mantener para garantizar las coberturas y similares, pero es necesario que en Panamá se premie a los buenos y un conductor que no genere accidentes, es sinónimo de un conductor responsable y precavido y estamos convencidos que esta proyección legislativa, redundará en beneficios como el hacer nacer una nueva cultura de conductores más cuidadosos y responsables, circulando en las vías de nuestro país.

AGU~GIL LÓPEZ

RIcl.RDO Diputado de la República Circuito 4-3