Proyecto de ley 44.

El prevaricato es tan antiguo que se remonta a tiempo inmemoriales. En la historia del derecho se menciona o destaca el caso del Juez de la Corte Real, de Cambises 11, Rey de Persia, 550 años a C, de la dinastía aqueménida de persia, quien ordenó despellejar vivo a Sisamnes, por haber cometido prevaricato, al favorecer por dinero a una de las partes. Posteriormente, en la evolución del derecho penal el prevaricato, se ha regulado / para sancionar penalmente las conductas mediante las cuales los abogados se coluden entre sí, para desmejorar o favorecer a una de las partes. En muchos países el prevaricato alcanza a jueces y fiscales, y nadie ha argumentado que tal norma violenta o desconoce la independencia judicial, porque los jueces y fiscales son seres humanos, totalmente perfectibles, tocados por alguna motivación ilegal a desmejorar o favorecer indebidamente a una de las partes. En este país, en los últimos años, algunos jueces y fiscales, han aplicado la ley cometiendo prevaricato. La historia nos respalda, ex Procuradora admitiendo en chats como se levantó un expediente en una institución ajena al ministerio público en contra de un panameño más, por motivaciones personales, siguiendo instrucciones que no debió acatar y dando instrucciones a sus subalternos sobre esa misma línea. Sabemos que en materia penal la ley no aplica de manera retroactiva, por ello queremos prevenir acciones de estos funcionarios que son prevaricato, hacia el futuro, que sepan qué si actúan ilegalmente para desmejorar o favorecer a una de las partes de manera ilegal, serán investigados y de ser culpables se les aplicará la respectiva sanción penal. El anteproyecto pretende lograr una aplicación justa de la ley en general, que ofrezca seguridad jurídica a los usuarios de la jurisdicción. Que tengan la convicción que sus peticiones o solicitudes, demandas, denuncias o querellas, serán decidas estrictamente en apego a la ley. Esto es bueno para el país, para los ciudadanos y para los inversionistas. Los inversionistas se alejan de aquellos países donde la seguridad jurídica es al menos cuestionable. Nuestro país necesita de buenos inversionistas y tenemos el deber moral, de proporcionarles esa seguridad jurídica que respalde sus inversiones. Que estén satisfechos, que no serán víctimas de juicios falsos, pretensiones procesales inexistentes, oscuras, que sus inversiones en el caso de ir a algún proceso legal, serán resueltas por jueces y fiscales decentes, justos y de acuerdo a lo que dictamine la ley vigente. En este sentido proponemos mediante este anteproyecto de ley, adicionar el delito de prevaricato para las acciones delictuales que cometan jueces y fiscales, reformando el artículo 389 del Código Penal, mediante una adición al mismo.

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