Trasladar la residencia fiscal en dos etapas: cuándo tiene sentido y cuándo es un riesgo.

La receta que circula, y lo que le falta

En foros y blogs de movilidad fiscal circula una recomendación repetida casi con las mismas palabras: antes de mudarse a una jurisdicción de baja tributación, resida primero en un «país puente» que no esté señalado, preferiblemente con convenio de doble imposición e intercambio de información, obtenga allí su certificado de residencia fiscal, y traslade después.

La recomendación tiene una lógica real, y en determinadas circunstancias describe una operación perfectamente válida. Lo que casi nunca se menciona es que esa estructura tiene nombre técnico, está catalogada en la literatura sobre uso indebido de convenios, y desde 2018 las administraciones disponen de una herramienta diseñada específicamente para desactivarla.

Esta guía explica cuándo un traslado en dos etapas se sostiene y cuándo no.

Por qué existe la técnica

El razonamiento de fondo es correcto. Cuando el país de origen y el destino final no tienen convenio, ocurren tres cosas:

• No hay regla de desempate. Si ambos Estados le consideran residente, ninguna norma decide cuál gana.
• No hay crédito por doble imposición.
• El certificado del destino no obliga al origen a nada.

Si existe una tercera jurisdicción que sí tiene convenio con el país de origen, trasladarse allí primero proporciona lo que faltaba: la escalera del artículo 4, y con frecuencia una cláusula que obliga a conceder crédito por el impuesto de salida. Nada de eso es ficticio.

Cómo se llama esto en realidad

En la literatura de fiscalidad internacional, la utilización de una jurisdicción intermedia para acceder a beneficios convencionales que no estarían disponibles de forma directa se denomina uso indebido de convenios —treaty shopping—, y sus modalidades están descritas y clasificadas: sociedades conductoras, estructuras escalonadas, acuerdos triangulares, entidades híbridas y, la que aquí interesa, la emigración del contribuyente a otro Estado con convenio.

Que una figura esté catalogada no la convierte en ilícita. La convierte en conocida. Y las estructuras conocidas reciben el escrutinio que corresponde a las estructuras conocidas.

La herramienta que cambió el panorama

El proyecto BEPS de la OCDE incorporó, a través del instrumento multilateral, una cláusula antiabuso general que se ha extendido a la mayoría de los convenios en vigor: el test de propósito principal.

Su formulación es amplia deliberadamente: pueden denegarse los beneficios de un convenio cuando resulte razonable concluir que obtener ese beneficio fue uno de los propósitos principales de la operación o estructura, salvo que se demuestre que concederlo resulta conforme con el objeto y fin de las disposiciones aplicables.

Obsérvese la formulación. No exige que el propósito fiscal fuera el único, ni siquiera el principal: basta con que fuera uno de los principales. Es un umbral bajo, y desplaza la carga de la argumentación al contribuyente.

Qué separa un traslado válido de una estructura frágil

La diferencia no está en el número de etapas. Está en si cada etapa corresponde a una residencia real.

Sostiene el traslado:

• Motivo propio de la etapa intermedia, ajeno al beneficio fiscal: negocio en la región, familia, trabajo, proyecto, vínculos previos.
• Sustancia efectiva: vivienda real, presencia, centro de intereses vitales desplazado de verdad.
• Cumplimiento tributario en la jurisdicción intermedia: alta en los registros correspondientes, declaraciones presentadas, obligaciones atendidas.
• Duración coherente. No hay plazo legal, pero una residencia sostenida durante años se defiende sola; una permanencia breve seguida de un salto inmediato, no.
• Documentación contemporánea del motivo. Es el punto que más se descuida: las razones de negocio se acreditan con correspondencia, decisiones y hechos de la época, no con explicaciones redactadas años después.

Debilita el traslado:

• Residencia nominal sin presencia efectiva.
• Etapa intermedia que coincide temporalmente, y solo temporalmente, con un evento patrimonial relevante.
• Ausencia de cualquier motivo distinto del fiscal.
• Rastro documental que evidencia que la estructura se diseñó para captar el convenio.

Lo que un traslado en dos etapas no resuelve

El impuesto de salida del país de origen. Estos regímenes suelen computar el periodo de sujeción al Estado de origen, no el de residencia por convenio en otro país, de modo que una escala intermedia no reinicia el cómputo. Existe pronunciamiento en ese sentido en al menos una jurisdicción europea. Y el propio traslado intermedio puede activar el gravamen.

Las obligaciones pendientes en la jurisdicción intermedia. Residir fiscalmente en un país implica sus obligaciones, no solo sus convenios. Invocar años de residencia intermedia puede abrir preguntas sobre las declaraciones de esos años.

La necesidad de asesoría en cada jurisdicción. Un traslado que involucra tres países exige asesoría en los tres. Ningún despacho responde de derecho extranjero.

Sobre el vocabulario

Una observación práctica que no es cosmética. Términos como «triangulación», «país puente» o «estructura» pertenecen al registro de los esquemas, y encuadran una operación antes de que nadie examine su fondo.

Si un traslado responde a razones reales —y muchos lo hacen— la descripción correcta es la que refleja esas razones: una persona cuya actividad está en una región traslada allí su residencia, en etapas, por motivos operativos o familiares. No es maquillaje: es que el test de propósito principal pregunta exactamente por el propósito, y el propósito real, cuando existe, hay que poder acreditarlo desde el principio.

Los mitos que más caros salen

«Si hay convenio, los beneficios son automáticos.» Desde la entrada en vigor del instrumento multilateral, no. El test de propósito principal se aplica sobre el convenio.

«Como todo el mundo lo hace, es seguro.» Que una técnica esté difundida es precisamente lo que hace que las administraciones la conozcan.

«Con un año en el país intermedio basta.» No hay plazo legal, pero tampoco hay atajo: lo que se examina es la realidad de la residencia, y un año seguido de un salto inmediato es débil.

«Nadie va a reconstruir mi historial.» El intercambio automático de información permite precisamente eso.

Qué hacer

1. Compruebe primero si existe convenio entre su país de origen y el destino final. Si lo hay, probablemente no necesite ninguna etapa intermedia.
2. Si opta por dos etapas, asegúrese de que la intermedia tiene motivo propio y documéntelo desde el principio.
3. Trate la residencia intermedia como una residencia de verdad: obligaciones tributarias incluidas.
4. No cuente con que resuelva el impuesto de salida. No lo hace.
5. Coordine asesoría en las tres jurisdicciones, y desconfíe de quien le ofrezca resolverlo todo desde una sola.