Cómo redactar un pagaré que sí se pueda ejecutar en Panamá.

La mayoría de las guías sobre pagarés explican cómo cobrarlos. Esta trata el momento anterior, que es donde se decide todo: cómo se redacta. Un pagaré bien hecho se cobra por la vía rápida sin discutir si la deuda existe. Uno mal hecho obliga a un juicio ordinario, o a preparar la vía antes de poder embargar, y esa demora suele ser la diferencia entre cobrar y no cobrar.

Nota: el Código Procesal Civil es la Ley 402 de 9 de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial 29887-A de 11 de octubre de 2023. Su artículo 809 previó una vigencia escalonada, y el grueso del código rige desde el 11 de octubre de 2025. Esta guía describe el marco vigente; confirme su caso con un abogado.

La regla que casi nadie aplica: el pagaré vale por lo que no tiene

Es natural querer blindar un préstamo. Quien redacta el documento añade que el deudor no venderá el vehículo, que informará si cambia de domicilio, que constituirá una hipoteca si se lo piden. Todas esas cláusulas son razonables y todas, juntas o por separado, pueden dejar el pagaré sin su principal virtud.

La razón está en la Ley 52 de 1917, sobre documentos negociables, que sigue vigente y es la que define el pagaré en Panamá. Su artículo 5 dispone que no será negociable el documento que contenga una orden o promesa de ejecutar algún acto además del pago de dinero.

Un pagaré que obliga a hacer algo distinto de pagar dinero deja de ser documento negociable. Y esa calificación no es teórica: de ella depende por cuál supuesto entra al proceso ejecutivo. El artículo 732 del Código Procesal Civil enumera los títulos que prestan mérito ejecutivo, y ahí conviven dos caminos muy distintos:

• El numeral 8 admite los documentos negociables contra los otorgantes, endosantes, avalistas y demás partes. Se ejecuta de inmediato, sin diligencia previa.
• El numeral 5 admite los documentos privados de cualquier clase, pero solo si el deudor reconoció su firma ante el juez, fue declarado confeso, o el documento se presentó a un notario para su certificación o protocolización.

A esa lista hay que sumarle el artículo 733, que fija las formalidades del título: la obligación debe ser clara, de plazo cumplido y por cantidad líquida o liquidable. Sin ese filtro, el artículo 732 se lee a medias.

Un pagaré cargado de obligaciones de hacer cae del numeral 8 al numeral 5. En la práctica significa avisar al deudor y esperar a que reconozca su firma antes de poder solicitar medidas de embargo.

Lo que sí se puede incluir sin romperlo

La misma ley permite bastante más de lo que se cree. La suma sigue siendo cierta aunque el pagaré disponga que se paga con intereses, por abonos determinados, con vencimiento anticipado si se incumple una cuota, o con las costas de cobro y los honorarios de abogado. También se admite la cláusula que autoriza vender el bien dado en garantía si no se paga al vencimiento, y la renuncia del deudor a algún beneficio legal.

La frontera es sencilla de recordar: todo lo que se refiera al pago del dinero cabe; todo lo que obligue a hacer o no hacer otra cosa, no.

Los cinco requisitos

Para que un documento sea negociable, la ley exige que esté firmado por el otorgante, que contenga una promesa incondicional de pagar una suma determinada, que sea pagadero al requerimiento o en fecha determinada o determinable, y que sea pagadero a la orden o al portador.

De ahí salen los errores que más se repiten:

• Reconocer la deuda en vez de prometer el pago. "Reconozco que debo" no es "prometo pagar". La ley pide una promesa, y además reserva un efecto útil a la fórmula exacta: cuando un documento que contiene las palabras prometo pagar está firmado por dos o más personas, todas responden solidariamente.
• Omitir la cláusula "a la orden". Que el encabezado diga PAGARÉ no basta; la mención debe estar en el cuerpo, junto al nombre del beneficiario.
• Un solo beneficiario, identificado con precisión. Poner a dos acreedores, o a una persona "que a su vez representa a" una sociedad, abre una discusión sobre quién está legitimado para cobrar.
• Vencimiento ambiguo. O fecha cierta, o a la vista. Redacciones como "en cualquier momento dentro del plazo de treinta días" mezclan ambas cosas.
• Deudores que no firman. Una sociedad mencionada en el documento pero sin firma no queda obligada: nadie responde por un documento en el que no aparece su firma. Y quien firma por una sociedad debe tener facultades acreditadas.

Sobre el vencimiento hay una creencia extendida que conviene corregir: un pagaré sin fecha de pago no se anula. La ley dispone que, cuando no consta la fecha para el pago, el documento es pagadero al requerimiento. Aun así conviene fijarla, porque el mérito ejecutivo exige una obligación clara y de plazo cumplido.

Y una advertencia sobre los espacios en blanco. Quien tiene el documento se presume facultado para llenarlos, pero frente al firmante original solo obliga si se completó conforme a lo autorizado. Cada blanco es una discusión futura: lo que se pueda escribir antes de firmar, se escribe antes de firmar.

Los intereses tienen techo, y el techo se calcula sumando todo

Aquí hay un error de fuente que sigue circulando. Se cita como tope el 7% anual de la Ley 4 de 1935, pero esa norma fue derogada por el artículo 285 del Decreto Ley 1 de 1999. Lo que rige es el Código Civil.

Artículo 1450. El interés convencional que exceda de dos por ciento (2%) mensual será reducido por el tribunal a esta rata, aunque el deudor no proponga la excepción de usura. La usura puede también alegarse como acción.

Dos consecuencias prácticas. La primera es que el tribunal reduce de oficio, sin que el deudor lo alegue. La segunda está en el parágrafo del mismo artículo, que es el que suele pasarse por alto: se consideran interés cualesquiera cantidades que el prestamista deba recibir por encima del capital, aunque figuren con el nombre de pena civil, perjuicio o cualquier otro. Un pagaré que pacta 2% mensual y además añade recargos ya cruzó el tope.

Quien pagó de más puede reclamar la devolución del exceso y otra cantidad igual. Por eso la redacción prudente fija un solo cargo por mora y declara que ningún otro concepto se acumula sobre él. Las costas y los honorarios de abogado van aparte y no computan.

La solución: dos documentos, no uno

Cuando la operación necesita garantías de verdad, la estructura correcta es separar:

1. El pagaré, de una página, con la promesa incondicional, el monto, la fecha, el beneficiario a la orden, un solo interés moratorio y las firmas.
2. Un contrato de reconocimiento de deuda y garantías, donde viven la causa de la deuda, las obligaciones de hacer y no hacer, las garantías reales, la compensación, la ley aplicable y los domicilios para notificaciones.

Los dos documentos se firman el mismo día y se refieren el uno al otro. El pagaré conserva su fuerza ejecutiva y el contrato sostiene todo lo demás. Conviene además dejar dicho que el pagaré se emite en facilitación del cobro y no extingue la obligación del contrato, para no discutir después si hubo novación.

Mencionar en el pagaré el contrato que le dio origen no lo perjudica: la ley admite expresamente que una promesa de pago siga siendo incondicional aunque contenga una manifestación de la transacción que la originó.

Antes de firmar

• Escribir la fecha de vencimiento y el monto en números y letras, sin blancos.
• Verificar las facultades de quien firma por una sociedad, con certificado de Registro Público vigente.
• Un solo beneficiario, con la cláusula a la orden en el cuerpo.
• Un solo cargo por mora, sin recargos adicionales.
• Sacar del pagaré toda obligación que no sea pagar dinero.
• Autenticar las firmas ante notario, aunque el pagaré negociable no lo exija.

Ese último punto merece explicación. Un pagaré negociable se ejecuta sin reconocimiento de firma. Pero si un juzgado llegara a discutir la naturaleza del documento, la certificación notarial le da una segunda puerta de entrada al proceso ejecutivo por el numeral 5 del artículo 732. Cuesta poco y evita una apelación.

Base legal: Ley 52 de 1917 sobre documentos negociables; Código Civil, artículo 1450 (subrogado por la Ley 7 de 1928); Código de Comercio, artículos 221 y 223; Código Procesal Civil (Ley 402 de 9 de octubre de 2023, G.O. 29887-A; vigencia escalonada del artículo 809, con el grueso del código en vigor desde el 11 de octubre de 2025), artículos 731 y 732. El articulado de la Ley 52 de 1917 se cita en su sentido, no como transcripción literal: la Gaceta 2577 de 1917 es un microfilm sin capa de texto. Contenido informativo, no constituye asesoría legal.