Anteproyecto de ley 191.

l. ANTECEDENTES El Proyecto de Ley que inicialmente fue concebido bajo el enfoque del "Educador Protector" presentado en el mes de octubre de 2025, surge como una iniciativa orientada a fortalecer el papel de los docentes frente a situaciones que afectan la integridad, seguridad y bienestar de los estudiantes, particularmente ante posibles casos de abuso, violencia, acoso, maltrato y otras formas de vulneración de derechos que puedan presentarse dentro o fuera del entorno escolar y a su vez establecer medidas de protección para los Educadores que asuman el valor de presentar dichas denuncias.

En el marco del proceso de análisis y discusión legislativa, se desarrollaron mesas técnicas de trabajo ante la Comisión de Gobierno y Justicia de la Asamblea Nacional, en las cuales se propició la participación y el intercambio de criterios entre distintos sectores vinculados con la educación, la protección de la niñez y adolescencia y la realidad cotidiana de los centros educativos. Estos espacios permitieron revisar el alcance de la propuesta inicial, identificar preocupaciones y, especialmente, valorar la necesidad de establecer un mecanismo que responda de manera equilibrada a las responsabilidades y posibilidades reales del educador.

Como resultado de este proceso de diálogo y construcción colectiva, se determinó la conveniencia de replantear el enfoque y la denominación original de la iniciativa, procurando que la figura propuesta no genere la percepción de que al docente se le pretende trasladar funciones que corresponden a las autoridades competentes, ni convertirlo en investigador, juzgador o responsable directo de situaciones que requieren la intervención de profesionales y entidades especializadas.

El nuevo enfoque parte de valorar y reconocer el papel fundamental de los profesores como actores de prevención, detección, orientación, comunicación y acompañamiento ante posibles situaciones de abuso, violencia, acoso, maltrato u otras conductas que puedan poner en riesgo a los estudiantes. El educador, por su contacto permanente con niños, niñas y adolescentes, se encuentra en una interposición para identificar señales de alerta y activar oportunamente los mecanismos institucionales de protección.

Por ello, la discusión técnica permitió avanzar hacia una propuesta que busca proteger al estudiante y, al mismo tiempo, brindar seguridad jurídica y respaldo al educador, estableciendo con mayor claridad sus deberes, límites y mecanismos de actuación, evitando que el temor a consecuencias administrativas, laborales o legales pueda convertirse en un obstáculo para comunicar oportunamente una situación de riesgo.

En consecuencia, el proceso desarrollado en las mesas técnicas representó un paso importante para transformar la iniciativa inicial en una propuesta más integral, sustentada en la prevención, la protección de los derechos de los estudiantes, la corresponsabilidad institucional y el reconocimiento del educador como un aliado fundamental del sistema de protección.

El cambio de enfoque y de denominación no supone abandonar el propósito esencial de la iniciativa; por el contrario, procura fortalecerlo mediante una visión más amplia y equilibrada, en la que la comunidad educativa, las familias y las instituciones competentes compartan responsabilidades y actúen coordinadamente para garantizar espacios educativos seguros, respetuosos y libres de violencia.

11. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO El presente proyecto de ley surge de la necesidad de fortalecer institucionalmente la protección de aquellos educadores que, en cumplimiento de su función social y ética, colaboran con las autoridades competentes en la identificación y denuncia de posibles casos de violencia o abuso contra niños, niñas y adolescentes.

Si bien el ordenamiento jurídico panameño ya contempla mecanIsmos generales de protección de víctimas, denunciantes y testigos, resulta necesario reconocer de manera expresa la condición especial de vulnerabilidad en la que pueden encontrarse los docentes denunciantes dentro del entorno educativo y comunitario.

La iniciativa busca promover un ambiente escolar seguro, donde los educadores puedan actuar con mayor confianza y respaldo institucional frente a situaciones que comprometan la seguridad y el bienestar de la población estudiantil.

Asimismo, se pretende fortalecer la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Educación, el Ministerio Público, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), la Policía Nacional y demás entidades competentes, a fin de garantizar respuestas oportunas y mecanismos adecuados de protección. lll. OBJETIVOS DEL PROYECTO El proyecto tiene como objetivos principales:

1. Reconocer medidas especiales de protección para los educadores denunciantes de hechos de violencia o abuso contra niños, niñas y adolescentes.

2. Fortalecer la cultura de denuncia y prevención dentro de los centros educativos.

3. Garantizar mecanismos de coordinación interinstitucional para la protección de docentes denunciantes.

4. Impulsar acciones de sensibilización, prevención y orientación dirigidas a la comunidad educativa.

5. Reforzar la protección integral de la niñez y adolescencia dentro del sistema educativo nacional.

IV. IMPACTO SOCIAL La aprobación de esta iniciativa contribuiría al fortalecimiento de la confianza institucional en los mecanismos de denuncia y protección de la niñez, promoviendo una mayor participación de los educadores en la detección temprana de situaciones de riesgo.

De igual forma, permitiría generar condiciones más seguras para el ejercicio de la labor docente, particularmente en contextos vulnerables o de difícil acceso, donde los educadores frecuentemente constituyen el principal enlace entre los menores afectados y las autoridades de protección.

La propuesta también busca consolidar una cultura preventiva orientada a la protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, mediante campañas educativas, acciones de sensibilización y mecanismos accesibles de orientación y denuncia.

V. CONSIDERACIONES FINALES El presente proyecto responde a una necesidad social legítima relacionada con la protección de la niñez y adolescencia y con el fortalecimiento del rol preventivo de la comunidad educativa.

Su finalidad no consiste en sustituir los mecanismos ya existentes dentro del ordenamiento jurídico panameño, sino en reforzar la protección institucional de los educadores denunciantes y promover una actuación coordinada y efectiva frente a situaciones de violencia o abuso contra menores de edad.