Proyecto de ley 703.

Los centros educativos de la República de Panamá desarrollan diversas actividades dirigidas a fomentar la participación, integración, conciencia ambiental y colaboración de los estudiantes. Entre ellas se encuentran campaí'ias de reciclaje y recolección de latas, botellas, periódicos y otros materiales, así como ferias, actividades culturales, días especiales, ventas, colectas y otras iniciativas que pueden producir recursos económicos. Estas actividades cumplen una función positiva cuando perSIguen objetivos educativos, ambientales, socia les o de mejoramiento de los centros escolares. Sin embargo, cuando mediante ellas se generan recursos económicos, resulta indispensable garantizar principios mínimos de transparencia. trazabilidad, rendición de cuentas y adecuada utilización. Act.ualmente existen disposiciones administrativas que regulan det.erminados fondos y actividades de autogestión, particularmente en los centros educativos oficiales. No obstante, la importancia de proteger a los estudiantes y garantizar transparencia en el manejo de recursos obtenidos mediante su participación justifica establecer garantías mínimas mediante Ley de la República. Por su naturaleza, estas disposiciones se encuentran subordinadas a la ley y pueden ser modificadas mediante decisiones administ.rativas. Por ello. la presente iniciativa busca elevar a rango legal los principios esenciales de transparencia, trazabilidad, rendición de cuentas y correcta utilización de estos recursos, otorgándoles mayor estabilidad y obligatoriedad. La propuesta no pretende sustituir la reglamentación vigente, sino fortalecerla mediante una Ley de la Rep ública que establezca garantías mínimas aplicables a los centros educativos oficiales. especialmente cuando en la generación de dichos recursos exista participación de los estudiantes.

Resulta especialmente preocupante que actividades de recolección de materiales susceptibles de comercialización puedan convertirse en exigencias académicas, condicionándose calificaciones o puntuaciones a la entrega de determinadas cantidades de latas, botellas, materiales reciclables, dinero u otros bienes, La evaluación académica debe medir conocimientos, competencias, habilidades y aprendizajes. No debe convertirse en un mecanismo para garantizar la recaudación de fondos ni depender de la capacidad económica o material del estudiante y su familia. De igual manera, cuando el esfuerzo colectivo de estudiantes y familias produce recursos económicos, la comunidad escolar debe conocer cuánto fue recaudado, cuál era la finalidad anunciada y cuál fue finalmente el destino de esos recursos. La presente iniciativa no pretende eliminar las actividades de autogestión, reciclaje, ferias o demás mecanismos legítimos utilizados por los centros educativos. Busca fortalecerlos mediante reglas claras que generen confianza y garanticen que los recursos obtenidos redunden en beneficio de los estudiantes y de la comunidad educativa. Asimismo, se establecen límites para evitar que dichos recursos sean destinados al beneficio particular de docentes, directivos, administrativos o terceros, incluyendo paseos, celebraciones o actividades recreativas exclusivas del personal que no respondan a una finalidad educativa o institucional debidamente justificada. La educación en valores también implica ensefíar transparencia, responsabilidad y correcta administración de los recursos colectivos. Por las razones expuestas, sometemos a consideración la presente ley, y con el mayor de los respetos presentamos a consideración de este Honorable Pleno esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus valiosos aportes y respaldo y que, luego de surtido el trámite legislativo y aprobada en tres debates, se convierta en Ley de la República de Panamá.

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