Anteproyecto de ley 127.

Según el Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminales las estadísticas sobre la cantidad de drogas incautadas desde el año 2000 hasta junio del 2026 fueron las siguientes:

TONELADAS DE DROGAS INCAUTADAS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ POR PROVINCIA; AÑOS 2000,2026 (P) Como se observa en el país existe un grave problema ya que los delitos relacionados con drogas y el narcotráfico aumentan los niveles de violencia en el país, además de que implica un incremento en la posesión ilegal de armas de fuego y en la circulación de dinero proveniente del delito, todo ello contribuye a incrementar la sensación de inseguridad en los ciudadanos.

Según datos de la Procuraduria General de la Nación, a través de sus Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, del l de enero al 30 de junio de 2026, se registraron 2,246 personas aprehendidas, de las cuales 2,042 corresponden a hombres (90.9%) y 204 a mujeres (9.1 %), evidenciando una marcada predominancia del sexo masculino en la comisión o vinculación con los hechos investigados. Las provincias con mayor incidencia de incautación de drogas, mencionadas en orden, son: Colón, Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Los Santos, Veraguas, Coclé, Darién, Guna Yala, Herrera y Bocas del Toro. Además, se registraron 1,652 sentencias condenatorias por delitos relacionados con drogas.

Este tipo de delitos impactan en la seguridad y sensación de seguridad del país. Según el informe de la Corporación Latinobarómetro del año 2024 la seguridad es el tercer problema más importante para los panameños, de igual forma en la IV Encuesta de ciudadanía y derechos del CIEPS la inseguridad es el sexto problema social que más preocupa a los ciudadanos.

Por esta razón proponemos una iniciativa legislativa que busque fortalecer el sistema de justicia panameño para que desincentive a los delincuentes de realizar actos ilícitos. Los delitos relacionados con droga y el narcotráfico es atractivo para las personas ya que pueden representar una fuente de dinero muy alta para quien se involucre en ello. Por esa razón, consideramos que si los bienes, como cuentas bancarias, vehículos, casas, terrenos, acciones y demás son decomisados por el estado, esto desincentivará la comisión del delito ya que la recompensa por la acción delictiva no existirá y además se diezmará la capacidad criminal.

Es decir, actualmente un narcotraficante puede cumplir 8 años de prisión y cuando sale poder disfrutar de los millones de dólares que obtuvo producto de sus actividades ilícitas. Si bien actualmente existe la figura del comiso, los bienes recuperados por el estado producto de actos delictivos son residuales. Es por ello que es necesario que la legislación sea modificada para que efectivamente los bienes obtenidos producto de actos ilícitos relacionados con drogas sean traspasados al estado.

El fundamento constitucional de este anteproyecto de ley lo encontramos en el artículo 47 al establecer que "Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o naturales".

Es importante mencionar que las garantías fundamentales, en el derecho constitucional (como lo es el derecho a la propiedad privada, es decir, la posibilidad adquirir bienes en favor tuyo), siempre tendrán limitantes, entre ellas, está en primer lugar que el ejercicio de cada derecho sea legítimo, de acuerdo a la buena fe y producto de actividades permitidas por la ley. En el caso que no ocupa un bien que se haya adquirido como consecuencia del narcotráfico no tiene protección constitucional.

Por esta razón es perfectamente válido que los bienes que no se obtienen producto de fuentes de ingreso lícitas no estén protegidas bajo las leyes de la República de Panamá y la titularidad de las mismas puedan ser traspasadas en favor del Estado.

Las actividades ilícitas, en especial relacionadas con delitos de drogas, afectan gravemente los derechos fundamentales y constituyen una amenaza para el desarrollo sostenible y la convivencia pacífica. Por lo tanto, existe la necesidad de fortalecer la lucha contra la delincuencia, a través de un mecanismo legal que permita al Estado panameño proceder sobre los bienes adquiridos de forma ilícita.

En conclusión este anteproyecto de ley establece un marco para combatir el narcotráfico mediante la recuperación y transferencia al Estado de bienes y ganancias vinculados directa o indirectamente con delitos relacionados con drogas, incluso cuando hayan sido ocultados, transformados, mezclados con bienes lícitos o transferidos de mala fe a familiares o personas jurídicas relacionadas; esta acción patrimonial es independiente de la responsabilidad penal y puede proceder aun cuando no exista condena, si no se demuestra el origen lícito de los bienes. Asimismo, permite acceder a información protegida por ciertos secretos o reservas, establece garantías constitucionales y judiciales, autoriza medidas cautelares como la suspensión del poder de disposición, el embargo, la incautación y la aprehensión material, y dispone que los bienes cautelados sean administrados bajo criterios de eficiencia, transparencia y control estatal, incluyendo su venta anticipada cuando exista riesgo de deterioro o costos excesivos de conservación.