Proyecto de ley 686.

El presente Anteproyecto de Ley, que hoy presentamos a esta augusta cámara tiene como finalidad, establecer normas públicas que permitan promover la industria nacional de medicamentos. En los últimos años, este parlamento a discutido y aprobado varias iniciativas legislativas, tendientes a dotar al pueblo de mejores precios a los medicamentes, estableciendo mejoras en el procedimiento de registro de los medicamentos, sin que se pierda el control de calidad, en la búsqueda de eliminar las trabas burocráticas y cumplir con lo mandatado en el artículo 109 de la Constitución Política de la República que obliga al Estado a conservar y proteger la salud pública de todos los ciudadanos.

En el pasado quinquenio logramos, mediante un gran esfuerzo de todos los actores de la sociedad, llámese las autoridades de salud, los gremios de la salud y los diputados de aquella época y se logró la expedición de la Ley 419 de 1 de febrero de 2024 "Que regula los medicamentos y otros productos para la salud humana y la adquisición pública de medicamentos, otros productos para la salud humana, insumos de salud, dispositivos y equipos médicos, y dicta otras disposiciones". Una legislación, que ha sido modelo para otros países de la región y que ha facilitado procesos de adquisición de medicamentos a las autoridades de salud de nuestro país. No obstante, consideramos que esta legislación, le hace falta promover normas que permitan la producción de medicamentos a nivel local, que existan laboratorios nacionales de medicamentos y así tengamos acceso a la implementación de tecnología de punta que abarate los costos de producción, se creen mayores fuentes de empleos y aprovechemos nuestra posición geográfica; y de esta manera constituimos en un hub regional y logístico en materia de medicamentos. Para cumplir con ese objetivo, es necesario presentar algunas reformas a las leyes nacionales, actualizar ciertas clasificaciones, para así definir con mayor claridad qué se entiende al día de hoy como laboratorio farmacéutico de medicamentos y distinguirlo de lo que serían laboratorios químico farmacéuticos, porque hemos podido constatar que tenemos una clasificación y definición que data de hace más de sesenta años, por lo que es necesario actualizarla, a fin de que si logramos aprobar estas normas que promueven la industria farmacéutica nacional, sean estos beneficios exclusivos y no sean utilizados para otros fines, que ampara el concepto legal que tenemos hoy día, el cual ya está obsoleto. En complemento al objetivo del proyecto, proponemos unas adecuaciones a la Ley 419 de 2024, a fin de aclarar las condiciones de aplicación de los beneficios de la industria farmacéutica, la cual no fue definida de manera clara en la ley y consideramos apropiado establecer condiciones para su uso. Adicionalmente, debemos reforzar aspectos de la Ley 419 de 2024, debido a que entendemos que la salud pública, y su sistema de ejecución es dinámico y no podemos estar sujetos a normas que no se actualicen acorde a las necesidades que se requieran para el bienestar de los ciudadanos, al tener un sistema de adquisición con normas claras y eficaces, eliminamos la pérdida de recursos en tiempo y dinero, fortaleciendo a las entidades de salud pública. En otras consideraciones, no menos importantes, debemos señalar que la salud pública es uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional. La disponibilidad oportuna, segura y suficiente de medicamentos constituye un componente esencial para garantizar el bienestar de la población y la capacidad del Estado de responder eficazmente a las necesidades sanitarias. En este contexto, la industria farmacéutica nacional desempeña un papel estratégico para la soberanía sanitaria, la innovación científica y el fortalecimiento de la economía panameña. Durante los últimos años, nuestro país ha enfrentado desafíos recurrentes en materia de abastecimiento de medicamentos, dependencia de proveedores extranjeros, fluctuaciones en los precios internacionales y vulnerabilidades en las cadenas globales de suministro. Estos factores han evidenciado la necesidad de impulsar la producción local, fortalecer la capacidad instalada de los laboratorios nacionales y promover un entorno regulatorio que estimule la inversión, la competitividad y la innovación tecnológica. La propuesta de fortalecer la industria farmacéutica local no solo responde a una necesidad sanitaria, sino también a una visión estratégica de desarrollo económico. La producción nacional de medicamentos genera empleos especializados, impulsa la transferencia tecnológica, promueve la formación de talento humano en áreas científicas y técnicas, y contribuye a la diversificación de la matriz productiva del país. En un contexto global donde la economía del conocimiento adquiere cada vez mayor relevancia, Panamá debe posicionarse como un país capaz de innovar, investigar y producir bienes esenciales para su población, reduciendo la dependencia de mercados externos y aumentando su competitividad regional. De igual manera, promover la industria farmacéutica nacional permite al Estado contar con aliados estratégicos para enfrentar emergencias sanitarias, garantizar la continuidad de tratamientos, asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales en situaciones de crisis, y también abaratar costos al adquirirlos en su propio territorio. La experiencia reciente ha demostrado que los países con capacidades locales de producción enfrentan con mayor resiliencia los desafíos derivados de interrupciones logísticas, restricciones de exportación o escasez internacional de insumos. Por ello, promover un marco regulatorio moderno, claro y favorable para la inversión en el sector farmacéutico constituye una medida indispensable para proteger la salud pública, fortalecer la seguridad nacional y asegurar que la población panameña cuente con medicamentos accesibles, seguros y oportunos. Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración de este Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y respaldo, para que luego de surtido el trámite legislativo correspondiente y aprobado en tres debates, se convierta en Ley de la República.