Proyecto de ley 694.

La educación constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo dq¡,la._ciedaQVutoS panameña y representa un derecho humano cuya garantía corresponde prim eiimm'C!lte-al Votos

Estado. Este compromiso no se limita a brindar acceso a los centros educa~~,comprende la obligación de procurar condiciones que permitan a los estudiantes desarrollar sus actividades académicas en un ambiente seguro y protegido.

En la actualidad, la contratación del seguro estudiantil en numerosos centros educativos oficiales ha recaído, en la práctica, sobre las Asociaciones o Clubes de Padres de Familia. Si bien estas organizaciones han desempeñado una importante labor de apoyo a la comunidad educativa, dicha responsabilidad no forma parte de su finalidad esencial y ha generado diferencias significativas entre los centros educativos del país.

La diversidad de capacidades administrativas y económicas entre las asociaciones ha provocado que algunos planteles cuenten con coberturas amplias, mientras que otros tengan coberturas limitadas, enfrenten dificultades para contratar oportunamente las pólizas o, en algunos casos, no logren garantizar una protección uniforme para todos los estudiantes. Esta realidad produce desigualdades incompatibles con el principio constitucional de igualdad en el acceso a la educación ya la protección que debe brindar el Estado.

En los últimos años también se han presentado situaciones que evidencian la necesidad de revisar el modelo vigente. Retrasos en la contratación de pólizas, dificultades en la recaudación de fondos , diferencias en los procedimientos administrativos, conflictos internos dentro de algunas asociaciones y la ausencia de criterios uniformes para la administración del seguro han generado incertidumbre entre padres de familia, docentes y directivos, afectando la confianza en el sistema y exponiendo a los estudiantes a eventuales vacíos de cobertura; no se trata de atribuir responsabilidades a las Asociaciones de Padres de Familia, cuya labor continúa siendo indispensable para fortalecer la participación de la comunidad educativa. Por el contrario, esta iniciativa reconoce su aporte histórico y procura liberarlas de una carga administrativa y financiera que, por su naturaleza, corresponde asumir al Estado.

La presente iniciativa propone que el Ministerio de Educación sea la entidad responsable de la contratación, administración y supervisión del Seguro Estudiantil Nacional, garantizando un sistema único, uniforme y financiado con recursos públicos, que permita proteger en igualdad de condiciones a todos los estudiantes matriculados en los centros educativos oficiales del país.

El financiamiento estatal del programa responde al deber constitucional del Estado de garantizar el derecho a la educación y de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida, la salud y la integridad de los niños, niñas y adolescentes durante el desarrollo de sus actividades escolares. Asimismo, permitirá una mejor planificación presupuestaria, mayor eficiencia en la contratación pública y economías de escala que podrán traducirse en mejores coberturas y condiciones para los beneficiarios. De igual manera, el anteproyecto establece parámetros generales para la selección de las entidades aseguradoras, exigiendo que cuenten con la autorización legal correspondiente, solvencia financiera, capacidad técnica y una red de atención suficiente para prestar un servicio oportuno y de calidad en todo el territorio nacional. A su vez, fortalece los mecanismos de supervisión por parte del Ministerio de Educación y mantiene las competencias de fiscalización de las autoridades previstas en la legislación vigente.

La propuesta respeta plenamente la existencia, autonomía y funciones de las Asociaciones de Padres de Familia, limitándose únicamente a trasladar al Ministerio de Educación la responsabilidad relacionada con el aseguramiento estudiantil.

De esta forma, dichas asociaciones podrán concentrar sus esfuerzos en el fortalecimiento de la participación ciudadana, el apoyo a los procesos educativos y la colaboración con la comunidad escolar.

Con esta iniciativa, el Estado panameño reafirma su compromiso con la protección integral de la población estudiantil, fortalece la igualdad de oportunidades, moderniza el sistema de aseguramiento escolar y consolida una política pública que garantiza que ningún estudiante quede desprotegido por razones económicas, administrativas o territoriales.

Por las razones expuestas, sometemos a consideración del Pleno, el presente Anteproyecto de Ley, convencidos de que su aprobación representará un avance significativo en la protección de los derechos de los estudiantes y en el fortalecimiento del sistema educativo oficial de la República de Panamá, esperando contar con sus valiosos aportes y respaldo y que, luego de surtido el trámite legislativo y aprobada en tres debates, se convierta en Ley de la República de Panamá.