Anteproyecto de ley 115.

En uso de las facultades conferidas por la Constitución Política de la República de Panamá, y los artículos 108 y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, a mi persona en calidad de Diputada de la República, me homo en presentar a través de su conducto, para la consideración de este Hemiciclo Legislativo, el presente Anteproyecto de Ley "QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE RESTITUCIÓN ÍNTEGRA DEL PATRIMONIO PÚBLICO AFECTADO POR LA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES." el cual merece la siguiente:

El patrimonio público constituye uno de los bienes jurídicos de mayor importancia para el Estado, pues de su adecuada administración dependen la prestación de los servicios públicos, la ejecución de obras, el desarrollo de programas sociales y la satisfacción de las necesidades colectivas de la población.

Los delitos contra la Administración Pública no solo generan responsabilidad penal para quienes los cometen, sino que ocasionan un grave perjuicio económico al Estado y, en consecuencia, a todos los ciudadanos. Si bien nuestro ordenamiento jurídico contempla sanciones penales, medidas de seguridad, decomisos y otras consecuencias jurídicas, resulta necesario fortalecer los mecanismos que garanticen la recuperación efectiva de los recursos públicos ilícitamente apropiados o desviados.

El presente Anteproyecto de Ley no crea nuevos delitos ni modifica las penas previstas en el Código Penal. Su finalidad es complementar la legislación vigente mediante el establecimiento de reglas claras que aseguren la restitución íntegra de los dineros, bienes, fondos, activos y demás recursos públicos cuya apropiación o utilización indebida haya sido determinada mediante sentencia penal ejecutoriada.

Asimismo, la iniciativa incorpora mecanismos dirigidos a facilitar la ejecución de dicha obligación, fortalecer la trazabilidad de los bienes provenientes del delito, coordinar la actuación de las instituciones competentes y garantizar que las sumas adeudadas al Estado puedan ser registradas y cobradas conforme al ordenamiento jurídico. Igualmente, establece consecuencias administrativas relacionadas con la contratación pública y el cumplimiento de los convenios de pago, respetando en todo momento las garantías del debido proceso y los derechos de terceros de buena fe.

Con esta propuesta se busca reforzar la protección del patrimonio público, promover una mayor responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado y asegurar que quienes hayan obtenido un beneficio económico mediante la comisión de delitos contra la Administración Pública restituyan íntegramente lo indebidamente apropiado, fortaleciendo así la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

Es por estas razones antes expuestas que sometemos a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el presente anteproyecto de Ley, y solicitamos la colaboración de los honorables diputados por darle el trámite interno correspondiente a este anteproyecto de ley, para que se convierta en ley de la República.