Proyecto de ley 716.

El acceso a una vivienda digna constituye un derecho fundamental y una de las principales responsabilidades del Estado. Sin embargo, miles de familias panameñas, especialmente aquellas de menores ingresos, enfrentan dificultades para adquirir un terreno legalmente habilitado donde puedan construir su vivienda, situación que ha propiciado el crecimiento de ocupaciones ilegales de tierras, el desarrollo de asentamientos informales y la expansión urbana desordenada. Las invasiones de terrenos generan conflictos sociales y jurídicos, afectan la seguridad de las familias, incrementan los costos para el Estado y dificultan la adecuada planificación territorial y la prestación de los servicios públicos. En muchos casos, estas ocupaciones responden más a la falta de alternativas accesibles para acceder a un lote urbanizado que a una conducta deliberada de incumplimiento de la ley. Frente a esta realidad, resulta necesario establecer un mecanismo preventivo que permita ofrecer a las familias una opción legal, accesible y planificada para adquirir un terreno destinado a la construcción de su vivienda principal. La creación del Programa Nacional de Lotes Servidos de Interés Social busca precisamente atender esta necesidad mediante la habilitación y venta de lotes que cuenten con la infraestructura básica indispensable, tales como agua potable, energía eléctrica, sistemas sanitarios y pluviales, acceso vial y demás servicios esenciales. La iniciativa fortalece el papel del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial como entidad responsable de la planificación urbana y promueve una coordinación efectiva con los municipios y las instituciones prestadoras de servicios públicos para ga.rantizar que los nuevos desarrollos respondan a criterios de sostenibilidad, ordenamiento territorial y crecimiento urbano responsable.

Asimismo, el anteproyecto incorpora la creación de un Banco de Lotes Servidos y la realización periódica de diagnósticos de la demanda habitacional, herramientas que permitirán planificar la oferta de suelo de acuerdo con las necesidades reales de cada provincia, distrito y corregimiento, anticipándose al surgimiento de nuevas ocupaciones ilegales y facilitando una mejor utilización del patrimonio inmobiliario del Estado. Con esta propuesta no solo se amplían las oportunidades de acceso a un terreno legal para las familias que hoy no califican para otros programas de vivienda de interés social, sino que también se fortalece la seguridad jurídica, se fomenta el desarrollo urbano ordenado y se contribuye a reducir uno de los principales factores que originan las invasiones de tierras en el país. Por las razones expuestas, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea Nacional el presente Anteproyecto de Ley, convencidos de que representa una medida preventiva, socialmente justa y jurídicamente viable para facilitar el acceso a la tierra, promover el desarrollo urbano planificado y mejorar la calidad de vida de las familias panameñas. Es por estas razones antes expuestas que sometemos a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el presente anteproyecto de Ley, y solicitamos la colaboración de los honorables diputados por darle el trámite interno correspondiente a este anteproyecto de ley, para que se convierta en ley de la República.

Diputada de la República Circuito 8-4