Proyecto de ley 681.

Durante más de cinco décadas, miles de familias panameñas han habitado asentamientos informales consolidados sobre terrenos de propiedad privada sin acceso a un título formal de propiedad. Esta realidad ha generado inseguridad jurídica, limitaciones para acceder al crédito, dificultades para transmitir el patrimonio a sus herederos y conflictos sociales que se han prolongado por generaciones. No obstante, esta problemática no solo ha afectado a las familias que ocupan estos terrenos. También ha significado una vulneración prolongada de los derechos de los propietarios, quienes, en numerosos casos, han permanecido durante décadas sin poder ejercer plenamente su derecho de propiedad ni recibir una compensación justa y oportuna por sus bienes. Existen propietarios que han esperado más de treinta o cuarenta años la culminación de un proceso de expropiación, permaneciendo en una situación de incertidumbre que les impide disponer libremente de su patrimonio y obtener una respuesta definitiva por parte del Estado. A esta realidad se suma una limitación presupuestaria que ha impedido ofrecer soluciones eficaces y oportunas. Actualmente, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial destina aproximadamente B/.3 millones anuales para atender procesos de expropiación relacionados con estos asentamientos, mientras que la deuda acumulada por expropiaciones pendientes sigue en aumento, más de 80 expedientes en lista de espera. Esta situación evidencia que el modelo vigente resulta financieramente insuficiente para atender la magnitud del problema, provocando que los expedientes se acumulen y sean heredados de una administración a otra sin una solución definitiva. Como consecuencia, las familias que han construido su vida durante décadas en estos asentamientos continúan esperando la regularización de sus viviendas y la seguridad jurídica que ello representa, mientras los propietarios siguen viendo postergado, por tiempo indefinido, el reconocimiento económico de sus bienes. En otras palabras, el sistema actual mantiene en incertidumbre a ambas partes, prolongando un conflicto que nmguna administración ha logrado resolver de manera integral. El modelo tradicional basado exclusivamente en expropiaciones masivas ha demostrado ser fiscalmente inviable, administrativamente insuficiente y jurídicamente incapaz de ofrecer respuestas oportunas a una problemática de carácter histórico. Por ello, se propone un régimen especial que armonice la función social de la propiedad con el derecho a una vivienda digna, privilegiando mecanismos de negociación concertada, sostenibilidad financiera y soluciones consensuadas entre las partes, reservando la expropiación como una medida excepcional y de último recurso. La presente iniciativa no promueve, incentiva ni legitima nuevas ocupaciones de terrenos. Por el contrario, establece criterios objetivos y estrictos para atender únicamente asentamientos históricos consolidados que cumplan con las condiciones establecidas en la ley, preservando el respeto al derecho de propiedad consagrado en la Constitución Política de la República de Panamá y garantizando seguridad jurídica tanto a las familias ocupantes como a los propietarios de los inmuebles. Este anteproyecto procura transformar un conflicto histórico en una oportunidad de solución, equilibrando los derechos y responsabilidades de todas las partes involucradas. Su propósito es ofrecer un mecanismo jurídicamente sólido, financieramente responsable y socialmente justo que permita cerrar una deuda histórica del Estado panameño con miles de familias y con propietarios que, durante décadas, han esperado una respuesta efectiva. De esta manera, se fortalece la seguridad jurídica, se promueve la paz social, se impulsa el ordenamiento territorial y se avanza hacia un modelo de desarrollo urbano más equitativo, sostenible y respetuoso de los derechos fundamentales.

GUEZ

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