Proyecto de ley 736.

El acceso al agua potable constituye una condición indispensable para la vida, la salud, la dignidad humana y el desarrollo integral de las personas. Ninguna sociedad puede alcanzar niveles adecuados de bienestar, equidad y desarrollo sostenible si una parte de su población carece de acceso suficiente, seguro y continuo a este recurso esencial. La Constitución Política de la República de Panamá establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales y extranjeros que se encuentren bajo su jurisdicción y para asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales. Asimismo, reconoce la obligación del Estado de velar por la salud de la población y garantizar un ambiente sano y libre de contaminación, principios que guardan una estrecha relación con el acceso al agua potable y la protección de los recursos hídricos. En el ámbito internacional, el derecho humano al agua ha sido reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 64/292 de 28 de julio de 20 I O, la cual reconoce explícitamente el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. De igual manera, la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que toda persona tiene derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico. Panamá cuenta con una importante riqueza hídrica y posee una posición privilegiada en comparación con otros países de la región. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la cobertura, continuidad, calidad y sostenibilidad del servicio de agua potable en diversas comunidades urbanas, rurales e indígenas. A ello se suman los efectos del crecimiento poblacional, la expansión urbana, la contaminación de fuentes de agua, la deforestación, la presión sobre las cuencas hidrográficas y los impactos asociados a la variabilidad climática y al cambio climático. Frente a esta realidad, resulta necesario fortalecer el ordenamiento jurídico nacional mediante el establecimiento de un marco normativo que reconozca expresamente el derecho humano al agua potable, defina sus principios rectores, establezca obligaciones para las instituciones competentes y promueva mecanismos de seguimiento, participación ciudadana y rendición de cuentas que permitan avanzar progresivamente hacia su plena efectividad. La presente iniciativa legislativa tiene como propósito establecer el marco jurídico para el reconocimiento y garantía del derecho humano al agua potable, asegurando que todas las personas tengan acceso a agua suficiente, segura, salubre, accesible y asequible para satisfacer sus necesidades básicas. De igual forma, promueve la protección sostenible de los recursos hídricos como condición indispensable para garantizar la disponibilidad presente y futura del agua destinada al consumo humano. El proyecto incorpora principios fundamentales internacionalmente reconocidos, entre ellos la disponibilidad, accesibilidad, calidad, asequibilidad, no discriminación, sostenibilidad, participación comunitaria, eficiencia e innovación. Asimismo, desarrolla mecanIsmos orientados a fortalecer la transparencia en la' prestación del servicio, la información oportuna a la población, la planificación de inversiones públicas, la coordinación interinstitucional y la vigilancia del cumplimiento de los objetivos establecidos por la Ley. La iniciativa reconoce que la efectividad plena del derecho humano al agua requiere acciones sostenidas en el tiempo, inversiones públicas significativas y una adecuada planificación estatal. Por tal razón, se adopta el principio de realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, permitiendo que las metas de cobertura universal sean alcanzadas de manera gradual y conforme a la disponibilidad de recursos, sin renunciar al compromiso permanente de avanzar hacia su plena satisfacción. Asimismo, el proyecto fortalece la participación ciudadana mediante la creación de mecanismos de consulta, seguimiento y evaluación, reconociendo que la gestión sostenible del agua constituye una responsabilidad compartida entre el Estado, las comunidades y la sociedad en general. De igual manera, la propuesta promueve la protección sostenible de los recursos hídricos mediante acciones orientadas a prevenir su contaminación, fomentar su uso responsable, fortalecer la educación ambiental, proteger las áreas de recarga hídrica y contribuir a la adaptación frente a los efectos del cambio climático. Es importante destacar que la presente iniciativa respeta plenamente la distribución constitucional de competencias establecida en el ordenamiento jurídico panameño, incluyendo las atribuciones exclusivas y privativas que la Constitución Política reconoce a la Autoridad del Canal de Panamá en materia de gestión de los recursos hídricos de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá. La aprobación de este Anteproyecto de Ley representará un paso significativo en el fortalecimiento del marco jurídico nacional en materia de derechos humanos, salud pública, sostenibilidad ambiental y seguridad hídrica, reafirmando el compromiso de la República de Panamá con la protección de la dignidad humana y con el cumplimiento de los estándares internacionales aplicables. Resulta particularmente relevante destacar que, pese a la abundancia de recursos hídricos con que cuenta la República de Panamá y a su reconocimiento internacional como uno de los países con mayor disponibilidad de agua dulce por habitante en la región, numerosas comunidades urbanas, rurales e indígenas continúan enfrentando dificultades para acceder de manera regular, continua y segura al agua potable. Esta realidad evidencia la necesidad de fortalecer los instrumentos jurídicos, institucionales y de planificación que permitan transformar la disponibilidad natural del recurso en un acceso efectivo para toda la población, reduciendo las brechas existentes y garantizando condiciones de mayor equidad, salud pública y desarrollo humano. Por las consideraciones expuestas, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea Nacional el presente Anteproyecto de Ley "Que establece el marco jurídico para el reconocimiento y garantía del derecho humano al agua potable y promueve la protección sostenible de los recursos hídricos".