Proyecto de ley 666.

l. Antecedentes El sistema financiero panameño constituye uno de los principales pilares del desarrollo económico nacional. Su solidez, estabilidad y reconocimiento internacional han permitido impulsar el crecimiento del país, facilitar la inversión, promover ~I ahorro y ampliar el acceso al crédito para miles de personas naturales y jurídicas. No obstante, el fortalecimiento permanente del sistema financiero exige que dicho crecimiento vaya acompañado de un régimen moderno y equilibrado de protección al consumidor financiero, que permita consolidar la confianza ciudadana, fomentar relaciones contractuales transparentes y garantizar que los usuarios de productos y servicios financieros cuenten con mecanismos efectivos para la . defensa de sus derechos. En las últimas décadas el mercado financiero ha experimentado una transformación sin precedentes. La digitalización de los servicios bancarios, el crecimiento de los medios electrónicos de pago, el surgimiento de nuevas tecnologías financieras, la utilización de sistemas automatizados para la evaluación del riesgo crediticio y la expansión de nuevos modelos de negocio han generado importantes beneficios para la población, pero también nuevos riesgos que requieren una respuesta legislativa moderna. Panamá cuenta actualmente con un sólido marco regulatorio prudencial contenido principalmente en el Texto Único del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, que establece el Régimen Bancario de la República de Panamá, así como en diversas leyes especiales que regulan actividades financieras específicas. Sin embargo, la evolución del mercado hace necesario fortalecer, desde una perspectiva complementaria, la tutela de los derechos del consumidor financiero. La presente iniciativa no pretende sustituir ni modificar el régimen prudencial vigente ni alterar las competencias constitucionales y legales de las autoridades reguladoras. Su propósito consiste en desarrollar un estatuto moderno de derechos y obligaciones que complemente el ordenamiento jurídico panameño, fortaleciendo la transparencia, la educación financiera, la contratación responsable, la protección frente al fraude y los mecanismos de solución de controversias.

11. Fundamento Constitucional El presente Anteproyecto encuentra sustento en diversos principios y derechos consagrados por la Constitución Política de la República de Panamá, entre ellos: - la dignidad de la persona humana; - la igualdad ante la ley; - la prohibición de discriminación; - la protección de la propiedad privada; - la libertad económica; - el debido proceso; - la presunción de inocencia; - la seguridad jurídica; - la obligación del Estado de proteger a los consumidores y usuarios de bienes y servicios. La protección del consumidor financiero constituye una manifestación del deber estatal de garantizar relaciones económicas justas y transparentes, procurando el adecuado equilibrio entre la libertad de empresa y la tutela efectiva de quienes participan como destinatarios finales de productos y servicios financieros.

111. Justificación del Proyecto El presente Anteproyecto responde a la necesidad de actualizar el marco jurídico de protección del consumidor financiero frente a nuevas realidades económicas y tecnológicas. Entre las principales situaciones que justifican esta iniciativa destacan: - la creciente complejidad de los productos financieros; - la existencia de importantes asimetrías de información entre entidades financieras y consumidores; - el incremento de los fraudes electrónicos; - la expansión de la banca digital; - el uso de procesos automatizados para decisiones crediticias; - la necesidad de fortalecer la educación financiera de la población;

- la importancia de contar con procedimientos de reclamación más eficientes; - la conveniencia de consolidar principios de contratación responsable y transparencia. El proyecto procura fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema financiero nacional mediante reglas claras que beneficien tanto a consumidores como a las propias entidades financieras, promoviendo un mercado más competitivo, transparente y seguro.

IV. Compatibilidad con el Sistema Financiero La iniciativa ha sido concebida bajo el principio de equilibrio institucional. En consecuencia, no modifica las facultades prudenciales atribuidas a la Superintendencia de Bancos de Panamá ni altera el régimen jurídico establecido por la Ley Bancaria, la Ley 23 de 2015 o las demás leyes especiales aplicables. Las obligaciones derivadas del régimen de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva permanecen plenamente vigentes. Asimismo, el proyecto reconoce expresamente las competencias de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, del Ministerio de Comercio e Industrias, de la Superintendencia del Mercado de Valores, de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros y de las demás autoridades competentes. La finalidad de esta Ley consiste en complementar el marco normativo existente, evitando duplicidades regulatorias y fortaleciendo la coordinación institucional.

V. Principales Innovaciones Entre las principales innovaciones incorporadas por este Anteproyecto destacan: - el reconocimiento expreso de un catálogo moderno de derechos del consumidor financiero; - la incorporación del principio de trato justo como eje rector de las relaciones entre entidades financieras y consumidores; - el fortalecimiento de la transparencia precontractual y contractual; - la creación de una Ficha Normalizada de Información Financiera; - la regulación de obligaciones específicas en materia de seguridad digital y prevención del fraude; - el desarrollo del principio de contratación responsable y prevención del sobreendeudamiento;

- la protección frente a terminaciones unilaterales arbitrarias de relaciones contractuales; - el fortalecimiento de la educación financiera; - la creación de la Oficina del Defensor del Consumidor Financiero dentro de la estructura administrativa de la Superintendencia de Bancos; - el fortalecimiento de los mecanismos internos de reclamación y solución alternativa de controversias.

VI. Derecho Comparado La presente iniciativa recoge principios ampliamente reconocidos en las mejores prácticas internacionales sobre protección del consumidor financiero desarrolladas por organismos como la Organización para la Cooperación yel Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial, el G20 y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Asimismo, toma como referencia experiencias comparadas implementadas en diversas jurisdicciones, particularmente en España, Colombia, Chile, Perú y México, adaptándolas al marco constitucional y legal de la República de Panamá. No se pretende reproducir modelos extranjeros, sino incorporar aquellas buenas prácticas compatibles con nuestro ordenamiento jurídico y con las características del sistema financiero panameño.

VII. Impacto Esperado La aprobación de esta Ley contribuirá a: - fortalecer la confianza ciudadana en el sistema financiero; - promover relaciones contractuales más equilibradas; - reducir la litigiosidad mediante mecanismos preventivos de solución de conflictos; - incentivar la transparencia y la competencia; - fomentar la inclusión y educación financiera; - fortalecer la protección frente al fraude electrónico; - mejorar la calidad de los servicios financieros; - consolidar un marco jurídico moderno para la protección del consumidor financiero. Al mismo tiempo, la iniciativa preserva la estabilidad del sistema financiero nacional, respeta las competencias de las autoridades reguladoras y mantiene plenamente vigentes las obligaciones derivadas del régimen de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Por las consideraciones expuestas, sometemos a consideración de la Asamblea Nacional el presente Anteproyecto de Ley, convencidos de que su aprobación representará un avance significativo en la consolidación de un sistema financiero más transparente, moderno, competitivo y orientado a la protección efectiva de los derechos de los consumidores financieros en la República de Panamá.