Anteproyecto de ley 34.

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución Política de la República y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Yactuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que crea el Programa para la Producción Alimentaria en los Centros Penitenciarios y promueve su sostenibilidad", el cual merece la siguiente exposición de motivos:

La seguridad ciudadana constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.

Sin embargo, una política criminal moderna no puede limitarse únicamente a la investigación, persecución y sanción del delito, sino que debe comprender también un sistema penitenciario capaz de cumplir eficazmente con su finalidad constitucional de rehabilitar, promover la reinserción social y administrar de manera eficiente los recursos públicos destinados a su funcionamiento.

En Panamá, el sistema penitenciario enfrenta importantes desafios derivados del crecimiento de la población privada de libertad, el incremento sostenido del gasto público y la necesidad de fortalecer los programas de formación y trabajo que permitan preparar a las personas privadas de libertad para su reincorporación útil a la sociedad. Frente a esta realidad, resulta indispensable adoptar políticas públicas innovadoras que contribuyan simultáneamente a la sostenibilidad institucional, a la eficiencia del gasto público y al fortalecimiento de la función resocializadora del sistema penitenciario.

La presente iniciativa propone la creación del Programa para la Producción Alimentaria en los Centros Penitenciarios, concebido como una política pública permanente orientada a contribuir progresivamente al abastecimiento alimentario de los centros penitenciarios, optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la alimentación de la población privada de libertad y fomentar actividades productivas compatibles con los procesos de formación y reinserción social. Se trata de un modelo que transforma espacios e infraestructura disponibles en oportunidades de producción, aprendizaje y desarrollo de capacidades productivas, fortaleciendo al mismo tiempo la sostenibilidad del sistema penitenciario.

Esta propuesta encuentra un sólido fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Panamá, que dispone que el sistema penitenciario se fundamenta en los principios de seguridad, rehabilitación y defensa social, y ordena al Estado procurar la capacitación de las personas privadas de libertad en oficios que les permitan reincorporarse útilmente a la sociedad. En desarrollo de este mandato, la Ley 55 de 30 de julio de 2003 y su reglamentación reconocen el trabajo, la educación y la capacitación como componentes esenciales del tratamiento penitenciario.

Asimismo, la iniciativa guarda armonía con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), las cuales establecen que el trabajo penitenciario debe tener una finalidad formativa y resocializadora, desarrollándose siempre en condiciones de dignidad y respeto a los derechos humanos.

Desde la perspectiva económica, la realidad del sistema penitenciario evidencia la necesidad de incorporar mecanismos que permitan mejorar progresivamente su sostenibilidad. Según cifras de la Dirección General del Sistema Penitenciario, al mes de mayo de 2026 Panamá mantenía una población penitenciaria de 24,130 personas, de las cuales aproximadamente 23,417 corresponden a hombres y 713 a mujeres. Esta población requiere diariamente más de 70,000 raciones de alimentos, constituyendo una de las operaciones logísticas permanentes más importantes que sostiene el Estado.

De acuerdo con información publicada por El Panamá América, el Estado panameño destina aproximadamente cincuenta millones de balboas (B/.50,000,000.00) al año para garantizar la alimentación de la población privada de libertad, lo que representa un costo aproximado de B/.5.50 por persona al día, considerando las tres comidas diarias. Este gasto constituye uno de los principales compromisos presupuestarios permanentes del sistema penitenciario.

Más allá de la alimentación, el sostenimiento integral del sistema penitenciario representa un esfuerzo fiscal considerable. Conforme a estimaciones de la Dirección General del Sistema Penitenciario, cada persona privada de libertad representa para el Estado un costo promedio cercano a B/.40.00 diarios, monto que comprende alimentación, salud básica, seguridad, administración y servicios públicos, pudiendo incrementarse hasta aproximadamente B/.90.00 diarios cuando se requieren atenciones médicas especializadas o tratamientos de mayor complejidad.

Estas cifras evidencian la necesidad de impulsar políticas públicas orientadas a optimizar el uso de los recursos disponibles sin menoscabar la obligación del Estado de garantizar condiciones dignas de reclusión. En ese contexto, el presente anteproyecto no pretende sustituir la responsabilidad estatal de suministrar alimentación a la población penitenciaria, sino desarrollar un mecanismo complementario que contribuya progresivamente al abastecimiento de los propios centros penitenciarios mediante producción institucional, fortaleciendo simultáneamente los procesos de capacitación y reinserción social.

La producción alimentaria constituye además una herramienta eficaz para el tratamiento penitenciario. El trabajo productivo favorece la disciplina, la responsabilidad, el trabajo en equipo y el aprovechamiento del tiempo intramuros, al tiempo que permite desarrollar conocimientos técnicos que pueden convertirse en oportunidades reales de empleo o emprendimiento al recuperar la libertad. Diversos estudios coinciden en que la capacitación laboral constituye uno de los factores que mayor incidencia tiene en la disminución de la reincidencia delictiva, razón por la cual invertir en programas de formación y trabajo representa también una inversión en seguridad ciudadana.

La experiencia internacional demuestra que esta visión ha generado resultados positivos. En El Salvador, mediante el denominado Plan Cero Ocio, las personas privadas de libertad participan en programas agrícolas, pecuarios y de producción alimentaria que contribuyen al abastecimiento institucional mientras reciben capacitación y fortalecen hábitos de trabajo.

De igual manera, países como España, Brasil y Costa Rica han incorporado programas productivos penitenciarios orientados a la formación ocupacional, la reinserción social y el fortalecimiento de la autosuficiencia institucional. Estas experiencias demuestran que la producción alimentaria penitenciaria puede desarrollarse respetando plenamente los derechos humanos y bajo criterios modernos de administración penitenciaria.

No obstante, la presente iniciativa ha sido diseñada atendiendo a la realidad institucional panameña. Por ello, el Programa se implementará de manera gradual, técnica y planificada, considerando criterios de viabilidad operativa, presupuestaria, sanitaria y de seguridad.

Como punto de partida, el anteproyecto establece una fase inicial en el Centro Penitenciario de Chiriquí, cuyos resultados servirán de base para evaluar objetivamente su funcionamiento antes de extender progresivamente el Programa al resto de los centros penitenciarios del país.

Esta metodología permitirá medir niveles de producción, impacto en los costos de alimentación, necesidades de infraestructura, indicadores de productividad, resultados en materia de capacitación y demás aspectos técnicos necesarios para garantizar una expansión responsable y sostenible.

El éxito de esta política pública dependerá igualmente de una adecuada coordinación institucional. Por ello, el anteproyecto asigna la rectoría del Programa al Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, promoviendo la coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Salud y otras entidades públicas, instituciones académicas, centros de investigación y actores estratégicos que puedan aportar asistencia técnica, innovación, capacitación y transferencia de conocimientos para fortalecer la sostenibilidad del Programa.

La iniciativa incorpora además un enfoque de innovación y sostenibilidad, permitiendo la implementación de sistemas agrícolas, pecuarios, avícolas, acuícolas, hidropónicos, acuapónicos, agricultura protegida y otros modelos técnicamente viables, adaptados a las condiciones particulares de cada centro penitenciario. Asimismo, promueve la utilización de tecnologías apropiadas, buenas prácticas agrícolas, uso eficiente del agua, aprovechamiento de residuos orgánicos y demás herramientas orientadas a incrementar la productividad y reducir el impacto ambiental.

Uno de los aspectos más relevantes del anteproyecto consiste en garantizar que la participación de las personas privadas de libertad tenga un carácter formativo, productivo y ocupacional, sin generar relación laboral alguna y desarrollándose bajo condiciones de dignidad, seguridad, supervisión institucional y pleno respeto de los derechos humanos.

Paralelamente, se promueve la capacitación técnica, la certificación de competencias y el establecimiento de incentivos compatibles con el régimen penitenciario, fortaleciendo así las oportunidades de reinserción social.

Finalmente, el anteproyecto incorpora mecanismos de evaluación, seguimiento y mejora continua que permitirán medir objetivamente el desempeño del Programa, el porcentaje de abastecimiento alcanzado mediante producción propia, la evolución del gasto público en alimentación, la eficiencia operativa, los resultados en materia de capacitación y reinserción social y las condiciones necesarias para su expansión progresiva. Asimismo, establece sistemas de trazabilidad y control de la producción, garantizando transparencia, adecuada planificación institucional y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

En consecuencia, el presente anteproyecto representa una política pública integral que desarrolla el mandato constitucional de rehabilitación y reinserción social, fortalece la sostenibilidad del sistema penitenciario, optimiza el uso de los recursos públicos y promueve un modelo moderno de gestión basado en la producción institucional, la innovación, la coordinación interinstitucional y la evaluación permanente de resultados.

Panamá tiene la oportunidad de avanzar hacia un sistema penitenciario más eficiente, sostenible y humano, donde la privación de libertad no signifique únicamente el cumplimiento de una sanción, sino también la posibilidad de adquirir conocimientos, desarrollar capacidades productivas y construir las condiciones necesarias para una reinserción social efectiva.

De esta forma, presentamos ante esta augusta cámara el presente anteproyecto esperando su consideración a través del trámite interno a fin de convertirlo en Ley de la República. gusto E. Palacios M.