Anteproyecto de ley 30.

El sistema de salud pública en Panamá constituye uno de los pilares fundamentales del bienestar social y del desarrollo humano. A través de hospitales, policlínicas, centros de salud y subcentros, miles de panameños y panameñas acuden diariamente en busca de atención médica.

No obstante, la realidad cotidiana de los usuarios refleja una problemática constante y reiterada: la falta de un enfoque verdaderamente humano en la prestación de los servicios de salud.

El Artículo 17 de la Constitución dispone que las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren, y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción. Este mandato incluye de manera inequívoca la obligación de asegurar que los servicios de salud pública se presten con calidad, dignidad y respeto hacia cada individuo.

De igual forma, el Artículo 19 establece la igualdad de todos los panameños ante la ley, sin distinción alguna. Este principio exige que el acceso a la atención médica no solo sea universal, sino que también se brinde bajo condiciones humanas y equitativas, evitando tratos diferenciados o discriminatorios en los centros hospitalarios y de atención primaria.

El Artículo 109 de la Constitución reconoce expresamente que "es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República. El individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar fisico, mental y social".

Esta disposición consagra la noción de que la salud trasciende la mera ausencia de enfermedad, integrando la dimensión psicosocial y, por ende, la necesidad de que el sistema de salud se organice bajo principios de trato humano, respeto y acompañamiento integral.

Por su parte, el Artículo 110 establece que corresponde a la Ley establecer la manera en que el Estado cumplirá con su responsabilidad frente a la salud de la población, así como la participación de particulares y comunidades en esta función. En ese sentido, esta Asamblea Nacional tiene la competencia y la obligación de dictar normas que garanticen la humanización de los servicios de salud, desarrollando mecanismos legales que hagan efectivos los mandatos constitucionales.

Si bien Panamá cuenta con normas como la Ley 68 de 2003, que regula los derechos y deberes de los pacientes, y diversas políticas orientadas a mejorar la calidad de la atención, lo cierto es que la experiencia de la ciudadanía en hospitales y centros públicos sigue marcada por la deshumanización. Este término no se refiere únicamente a la ausencia de tecnología, recursos o infraestructura, sino a la percepción de los pacientes de ser tratados como un número más, enfrentando largas esperas, deficiencias en la comunicación médico-paciente, falta de acompañamiento emocional, y en ocasiones, un trato indiferente o poco empático.

La humanización del sistema de salud no es un lujo ni un concepto abstracto, sino una necesidad urgente y prioritaria. Implica reconocer que cada paciente es un ser humano con dignidad, derechos y necesidades emocionales, más allá de su condición clínica. Significa garantizar que la atención médica se brInde en un ambiente de respeto, confianza, cercanía y sensibilidad, donde se valore tanto la dimensión técnica de la medicina como la dimensión humana de la relación entre el profesional de la salud y el usuario.

En nuestro país, con frecuencia se escuchan testimonios de pacientes que, aun teniendo citas programadas, deben esperar largas horas para ser atendidos, sin explicación ni orientación adecuada. Esta práctica no solo vulnera la dignidad del paciente, sino que atenta contra el derecho fundamental ~ la salud. Por ello, esta iniciativa incorpora disposiciones orientadas a promover el respeto a los horarios de las citas médicas y a una gestión razonable de los tiempos de espera, obligando a las instituciones de salud a adoptar mecanismos de organización, información y seguimiento que permitan minimizar demoras injustificadas y garantizar una atención oportuna, transparente y respetuosa. Con ello, se busca devolver la confianza en el sistema de salud y brindar mayor certeza a los pacientes sobre el respeto efectivo de sus derechos.

El proyecto también establece la obligación de implementar programas permanentes de capacitación en atención humanizada para el personal de salud. Médicos, enfermeras, técnicos, administrativos y todo -aquel que interactúe con los usuarios deben contar con herramientas de comunicación efectiva, manejo del estrés y acompañamiento empático. Ello contribuirá no solo a mejorar la calidad de la atención, sino también a reducir tensiones y conflictos entre pacientes y personal, promoviendo un ambiente hospitalario más armónico.

Otro aspecto medular de esta iniciativa es el reconocimiento del personal de salud que se destaque por su trato humano y vocación de servicio. La humanización no puede lograrse únicamente a través de sanciones o normas, sino también mediante incentivos y programas de reconocimiento que valoren la entrega y la sensibilidad de quienes cumplen con esta misión.

Asimismo, se propone la creación de mecanismos de control y auditoría que supervisen de manera periódica la calidad del trato en los centros de salud. No basta con normas en el papel: es necesario asegurar que la implementación se traduzca en resultados palpables para los ciudadanos.

Con esta propuesta de ley, la Asamblea Nacional responde a una demanda ciudadana legítima y urgente: transformar la atención en salud pública para que sea más humana, respetuosa y eficiente. La humanización del sistema de salud es una inversión en confianza social, en justicia yen el fortalecimiento de la relación entre el Estado y la población.

Panamá merece un sistema de salud donde el paciente no sea visto como un expediente o un número de cama, sino como un ser humano que requiere atención integral, digna y oportuna. La aprobación de este proyecto representará un paso trascendental en la construcción de un modelo sanitario más justo y cercano a la gente, alineado con los principios constitucionales de dignidad humana, derecho a la salud y solidaridad social.