Proyecto de ley 641.

El presente Proyecto de Ley tiene como objetivo preservar y generar empleos bien remunerados para los ciudadanos, así como fortalecer el régimen tributario de la República de Panamá. Para ello, reafirma el principio de territorialidad mediante la incorporación de reglas de sustancia económica aplicables a determinadas rentas pasivas de fuente extranjera. En este contexto, el proyecto de ley establece que ciertas rentas pasivas de fuente extranjera obtenidas por entidades pertenecientes a grupos multinacionales deberán estar respaldadas por actividad económica real en el territorio nacional para mantener su tratamiento fiscal. Esta disposición desincentiva el uso de estructuras sin sustancia, que no realizan operaciones ni generan actividad económica directa en el país. La adopción de estas medidas responde a una realidad internacional ineludible. Los estándares globales exigen que los beneficios fiscales estén sustentados en actividad económica genuina. La permanencia de Panamá, desde 2021, en la lista de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperadoras evidencia la urgencia de actuar. Mantener esta situación conlleva riesgos crecientes para la reputación del país, restricciones a los flujos de inversión y obstáculos para la preservación y generación de empleo.

La experiencia internacional demuestra que es posible revertir este escenario. Países de esta región han logrado la exclusión de dicha lista mediante reformas orientadas a fortalecer los requisitos de sustancia económica y modernizar sus marcos tributarios. Esta iniciativa coloca a Panamá en esa misma dirección y mejora nuestra competitividad. Asimismo, el proyecto impulsa un cambio" cualitativo en el perfil de inversión que el país busca atraer. Se promueve el establecimiento de estructuras empresariales con presencia económica real -capacidad efectiva de decisión, gestión y asunción de riesgos- que generen valor agregado, empleo calificado y encadenamientos productivos en la economía nacional. De igual forma, se incorporan obligaciones de información y mecanismos de verificación que fortalecen la certeza jurídica y la capacidad institucional del Estado para supervisar el cumplimiento normativo. Esto garantiza un marco de reglas claras, equitativas y previsibles para todos los contribuyentes. La aprobación de esta ley enviará una señal clara a la comunidad nacional e internacional sobre el compromiso de Panamá con la transparencia, la cooperación y la prevención de prácticas perjudiciales. Un marco normativo sólido y alineado con estándares internacionales es, además, un factor clave para atraer inversión de calidad, fomentar el empleo formal y fortalecer el crecimiento sostenible. En consecuenc,ia, este Proyecto de Ley debe entenderse como parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la credibilidad del país, proteger su modelo económico y asegurar que el desarrollo se traduzca en mayores oportunidades y bienestar para todos los panameños.