Proyecto de ley 82.

Panamá no escapa de la crisis ambiental que está azotando al mundo y generando un impacto negativo en nuestras comunidades, en especial en aquellas que están más desprotegidas contra el cambio climático. En medio de esta crisis global, nos encontramos con un aumento en nuestros hábitos de consumo, el cual ha provocado un incremento en la generación de desechos y residuos, algo que repercute directamente en nuestras comunidades, contribuyendo al deterioro y contaminación de los espacios públicos.

Diversas iniciativas públicas y privadas han surgido a través de los años para solucionar la problemática de la basura en nuestras comunidades y el deterioro ambiental que esta conlleva. La ley No. 33 de 30 de mayo de 2018 establece la Política Basura Cero y busca servir como un plan I de gestión integral de residuos. Además, diversas fundaciones se han encomendado a la tarea de la limpieza de espacios públicos, en especial de playas, parques, humedales y escuelas.

Lo anteriormente señalado habla de una ciudadanía y de un Estado que cada vez más se están concienciando en el tema del cuidado del medio ambiente y nu~stras comunidades, siendo esta una de las mayores preocupaciones del panameño. La última encuesta de Ciudadanía y Derechos del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, hecha en el año 2023, indica que 93.3% de las personas encuestadas considera que cuidar el medio ambiente es un criterio muy o bastante importante para ser un buen ciudadano. Otro dato de esta encuesta señala que 52.5% considera muy prioritario (de 10 a 8 en una escala del 1 al 10) que el presupuesto público se invierta en protecCión ambientaL Estos datos reflejan la importancia que el panameño le adjudica al tema del cuidado del medio ambiente.

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El interés que está mostrando la ciudadanía en temas ambientales no debe ser desaprovechado. El Estado tiene la tarea de desarrollar políticas públicas en materia ambiental, en especial a lo que se refiere a materia de divulgación y educación. El cuidado del medio ambiente es un tema de carácter colectivo, pero a la vez individual, donde toda acción cuenta, por lo que el Estado debe incentivar y crear en sus ciudadanos una conciencia que genere el cuidado del ambiente, enfatizando que es algo que está directamente ligado a nuestras comunidades.

El voluntariado enfocado en la limpieza de nuestros espacios públicos puede servir como una respuesta a la necesidad de imbuir en el ciudadano una conciencia y conocimiento ambiental, brindándole la oportunidad de ver de primera mano cómo se contamina nuestro entorno, en especial aquellas zonas que son más susceptibles a la acumulación de desechos y residuos, tales como ríos, playas y humedales. Este voluntariado servirá para conectar al ciudadano con su comunidad, dándole la oportunidad de incidir directamente en ella mediante su limpieza y protección. Esto, a su vez, pudiera también reconfigurar los hábitos de consumo del ciudadano, incentivando las tres R (Reducir, Reutilizar, Reciclar), debido a que aquellos que formen parte del voluntariado reconsiderarían contribuir a la contaminación que luego ellos mismos tendrían que limpiar.

Expuesto lo anterior, esta ley busca incentivar este tipo de voluntariado mediante la realización y promoción de jornadas de limpieza. Las instituciones encargadas de convocar a estas jornadas tienen la capacidad y recursos para identificar propiamente los espacios públicos que requieren limpieza, además de brindar a los voluntarios los insumos y herramientas necesarias para realizar su labor. Por otro lado, estas instituciones servirán de enlace con escuelas y universidades oficiales y particulares para brindar a estudiantes la capacidad de que dicho voluntariado compute como servicio social, brindando así un incentivo para participar de estas jornadas de limpieza.

Entendiendo que el voluntariado por sí solo no es la única manera de incentivar la conciencia ambiental, es imprescindible que se establezcan sanciones pecuniarias que desincentiven a los ciudadanos de botar basura en la calle y degradar y contaminar nuestras comunidades. Por ende, esta ley busca reformar la Ley N° 30 del 12 de julio de 2000 en lo que concierne a las sanciones administrativas en materia de desechos y residuos, aumentando el mínimo a veinte balboas (B/.20.00) y el máximo a tres mil balboas (B/J,OOO)en cuanto a las sanciones que pueden interponer los municipios. Además, aquellos que sean multados en este respecto y no cancelen la multa podrán ver el monto triplicado e incluso quintuplicado.

Por último, esta ley puede repercutir positivamente en la vida del panameño de varias maneras: puede conectarlo aún más con su comunidad y hacerle entender que todos tenemos que ver en el bienestar de la misma, sin importar que seamos solo una persona, y puede dotarle de una conciencia en relación al cuidado del medio ambiente, lo cual servirá no solo en materia de desechos, residuos y limpieza de espacios públicos, sino también respecto a la crisis ambiental como tal, haciendo que la misma tenga un lugar preponderante en los intereses y deseos del panameño. Esta ley servirá también como ayuda a nivel psicológico, ya que varios estudios demuestran que el voluntariado puede servir para reducir el estrés, combatir la depresión, evitar sentimientos de aislamiento y aumentar la confianza, brindando así un incentivo tangible a aquellos que quieran ser voluntarios.

H.D. EDUARDO GAIT ÁN DIPUTADO CIRCUITO 8-2