Proyecto de ley 636.

El presente proyecto de ley tiene como finalidad atender tres objetivos estratégicos de política fiscal: (i) fortalecer la recaudación tributaria, (ii) preservar el grado de inversión de la República de Panamá, y (iii) optimizar el diseño y la asignación de subsidios y exoneraciones fiscales, en aras de mejorar la eficiencia del gasto tributario. De acuerdo con informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Panamá se ubica entre los países con menor nivel de recaudación tributaria en términos comparados. En particular, la relación ingresos tributarioslPIB es una de las más bajas de la región. En este contexto, estimaciones del gobierno central indican que la evasión del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) alcanzó aproximadamente 1.5 mil millones de dólares en 2024. No obstante, estimaciones alternativas, como las publicadas en mayo de 2025 por La Estrella de Panamá, sitúan esta cifra en niveles superiores, cercanos a 3 mil millones de dólares en evasión del ITBMS. Mientras tanto, La evasión del Impuesto Sobre la Renta (ISR) superaría los 8 mil millones de dólares. Si bien dichas cifras han sido objeto de debate metodológico, coinciden en evidenciar un problema estructural significativo: la evasión tributaria en Panamá alcanza cifras que superan el presupuesto anual de varios ministerios, generando importantes costos de oportunidad en la provisión de bienes y servicios públicos. Desde una perspectiva comparada, Panamá presenta la segunda relación impuestos/PIB más baja de América Latina y el Caribe, únicamente por encima de Guyana. La carga tributaria del país se sitúa en torno al 11.9% del PID, frente a un promedio regional de 21.3% y un promedio de 33.9% en los países miembros de la OCDE. Adicionalmente, esta relación ha disminuido en aproximadamente cuatro puntos porcentuales desde el año 2000, divergiendo de la tendencia regional. Esta limitada capacidad recaudatoria incide negativamente en la sostenibilidad de las finanzas públicas, al obligar al Estado a recurrir al endeudamiento para financiar el gasto público y cumplir con sus objetivos de desarrollo. En segundo lugar, la coyuntura macrofiscal actual exige una gestión más prudente y responsable de las finanzas públicas. En abril de 2024, la agencia calificadora Fitch Ratings redujo la calificación de riesgo soberano de Panamá. Si bien el país mantiene el grado de inversión otorgado por S&P Global Ratings y Moody's, se encuentra en el nivel más bajo dentro de dicha categoría. La eventual pérdida del grado de inversión tendría implicaciones adversas significativas, incluyendo un aumento en el costo del financiamiento, mayores restricciones de acceso a los mercados internacionales de capital, y efectos negativos sobre la inversión y el crecimiento económico. Asimismo, la evidencia internacional sugiere que la recuperación del grado de inversión, una vez perdido, es un proceso prolongado que puede tomar más de una década e incluso llegar a dos. Dicho esto, resulta imprescindible fortalecer los indicadores fiscales, lo que implica no solo mejorar la recaudación tributaria, sino también racionalizar y priorizar el gasto público. En tercer lugar, si bien los incentivos y exoneraciones fiscales han sido utilizados como instrumentos para atraer inversión extranjera directa y promover el desarrollo de sectores estratégicos, también representan un costo fiscal significativo. Esta situación se ve agravada por debilidades en su diseño institucional: no existe mecanismos de evaluación periódica, la falta de cláusulas de expiración ("sunset c1auses") y limitaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Como resultado, persisten beneficios fiscales que no cumplen con los objetivos para los cuales fueron creados, generando distorsiones económicas y erosionando la base tributaria. Asimismo, la ausencia de criterios técnicos robustos en su asignación puede propiciar un uso ineficiente de los recursos públicos y la captura de rentas por intereses particulares. En este contexto, el presente proyecto de ley propone un conjunto de medidas orientadas a: (i) incrementar la recaudación tributaria mediante la reducción de la evasión y el fortalecimiento de la administración fiscal, (ii) mejorar los indicadores de sostenibilidad fiscal con el objetivo de preservar el grado de inversión, y (iii) establecer un marco más transparente, técnico y orientado a resultados para la asignación y evaluación de subsidios e incentivos fiscales. En conjunto, estas medidas buscan avanzar hacia una gestión fiscal más eficiente, equitativa y sostenible en el mediano y largo plazo.

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS