Anteproyecto de ley 453.

En los últimos años, Panamá ha experimentado un crecimiento acelerado de las plataformas digitales que ofrecen servicios de entrega, mensajería y transporte. Estas aplicaciones se han convertido en parte del día a día de miles de panameños, generando oportunidades de ingreso para muchas personas y facilitando la vida de los usuarios.

Sin embargo, este avance tecnológico ha traído consigo un problema importante: la falta de regulación clara y actualizada. Hoy en día, quienes trabajan a través de estas plataformas lo hacen en un marco legal incompleto, que no responde a la realidad de la economía digital.

El Código de Trabajo vigente fue diseñado para relaciones laborales tradicionales, donde existe un empleador y un trabajador claramente definidos. En el caso de las plataformas digitales, la relación es distinta: los trabajadores operan con cierta independencia, pero al mismo tiempo están sujetos a decisiones automatizadas (algoritmos) que influyen directamente en sus ingresos y oportunidades de trabajo.

Esto ha generado una zona gris legal que deja a muchos trabajadores sin protección suficiente.

Esta ley busca cerrar ese vacío sin frenar la innovación. No pretende eliminar el modelo de plataformas, sino ordenarlo, hacerlo más justo y adaptarlo a la realidad del país.

En ese sentido, el proyecto introduce por primera vez en Panamá la figura del Trabajador de Plataforma Digital, reconociendo su naturaleza particular: no es un empleado tradicional, pero tampoco puede quedar completamente desprotegido. Por ello, se le otorgan derechos mínimos como información clara sobre sus ingresos, protección frente a bloqueos arbitrarios y acceso a mecanismos de defensa.

Asimismo, la ley establece medidas de protección social, como la obligatoriedad de seguros contra accidentes y la integración de estos trabajadores al sistema de la Caja de Seguro Social. También se crea un fondo especial que permitirá apoyar a los trabajadores en momentos de dificultad, promover su capacitación y facilitar el acceso a herramientas de trabajo.

Otro aspecto clave es la transparencia en el uso de algoritmos.

Actualmente, muchas decisiones que afectan a los trabajadores, como asignación de servicios o suspensiones, se toman de manera automatizada y sin explicación clara. Esta ley obliga a las plataformas a informar cómo funcionan estos sistemas y a garantizar el derecho a defensa.

En materia económica, el proyecto también busca asegurar que las plataformas contribuyan de manera justa al país, estableciendo reglas claras en cuanto a impuestos, facturación y reportes a las autoridades.

Esto evita desigualdades frente a otros sectores que sí cumplen con estas obligaciones.

Además, se establecen reglas básicas de seguridad para proteger tanto a usuarios como a trabajadores, incluyendo verificación de identidad, geolocalización y mecanismos de emergencia.

Es importante destacar que esta ley no busca obstaculizar la inversión ni la innovación tecnológica, sino generar un entorno de confianza, reglas claras y competencia justa. Un país que regula adecuadamente estas actividades es un país que brinda seguridad jurídica tanto a empresas como a ciudadanos.

En conclusión, este anteproyecto responde a una realidad que ya existe y que seguirá creciendo. Panamá necesita una normativa moderna que equilibre tres elementos fundamentales: innovación, protección social y desarrollo económico.