Proyecto de ley 612.

El presente proyecto de Ley tiene como propósito fortalecer las capacidades, oportunidades y condiciones de desarrollo de las mujeres agroemprendedoras en todo el territorio nacional, reconociendo el papel fundamental que desempeñan en la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria y la dinamización de las economías .rurales. En América Latina, diversos estudios han señalado que la desigualdad social y económica se manifiesta con mayor intensidad en las zonas rurales. Informes elaborados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como "Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025", advierten que la región continúa enfrentando una estructura de alta desigualdad, baja movilidad social y profundas brechas territoriales entre el mundo urbano y el rural. Estos informes señalan que la pobreza afecta con mayor intensidad a la población rural que a la urbana, evidenciando que las oportunidades económicas, educativas y sociales se distribuyen de manera desigual entre ambos espacios. De igual manera, estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como el informe "El estado de la agricultura y la alimentación" (SOFA) y el documento regional "Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe", destacan que las comunidades rurales enfrentan mayores limitaciones estructurales en el acceso a la asistencia técnica, infraestructura productiva y mercados. Estas condiciones inciden directamente en la persistencia de la pobreza rural y en las dificultades para transformar las actividades agrícolas en emprendimientos sostenibles. Dentro de este contexto, las mujeres rurales enfrentan una doble desventaja: por un lado, las limitaciones propias de los territorios rurales y, por otro, las desigualdades de género históricamente arraigadas en las estructuras productivas y sociales. Los mismos informes regionales advierten que las mujeres rurales tienen menor acceso a la tierra y a los servicios productivos, además de asumir · una carga desproporcionada de trabajo doméstico y de cuidados. Panamá no es ajena a esta realidad. A pesar de los avances en materia de desarrollo económico y social, persisten importantes brechas territoriales entre las áreas urbanas y rurales del país. En muchas reglOnes rurales se observan mayores niveles de pobreza multidimensional, limitaciones en el acceso a servicios públicos, dificultades de conectividad y menores oportunidades para el desarrollo de emprendimientos productivos referente a la agricultura. Un ejemplo claro de estas desigualdades se puede observar en el circuito 9-3 de la provincia de Veraguas, conformado por los distritos de Cañazas, Santa Fé, Calobre y San Francisco. Estas regiones también enfrentan desafíos estructurales relacionados con el acceso a infraestructura y canales de comercialización. En estas comunidades, numerosas mujeres participan activamente en actividades de agricultura familiar, muchas veces desde pequefíos huertos o parcelas destinadas al consumo del hogar y a la venta de excedentes en mercados locales. Sin embargo, gran parte de estas actividades se desarrollan con recursos limitados, sin acceso suficiente a asistencia técnica, capacitación empresarial o herramientas que permitan transformar estos esfuerzos en emprendimientos sostenibles. En consecuencia, el potencial productivo y emprendedor de miles de mujeres rurales en nuestro país permanece subutilizado, a pesar de su contribución fundamental a la seguridad alimentaria y al sostenimiento económico de sus familias. Ante esta realidad, surge nuestro interés de desarrollar legislación que pueda equiparar las oportunidades en el sector agropecuario y contribuir con el desarrollo del sector, integrando esta iniciativa a otras leyes vigentes en la República de Panamá. Con la creación del Régimen de Apoyo a la Mujer Agroemprendedora, procuramos promover el agro emprendimiento femenino en la República de Panamá, particularmente entre mujeres en condiciones de vulnerabilidad social y económica. A través de este programa, el Estado busca articular el trabajo de diversas instituciones públicas vinculadas al sector agropecuario, al emprendimiento y al desarrollo social, con el fin de fortalecer las capacidades productivas, organizativas y comerciales de las mujeres beneficiarias. Mediante este esfuerzo coordinado, pretendemos promover la generación de ingresos sostenible s, mejorar la seguridad alimentaria de los hogares y contribuir al empoderamiento económico de las mujeres, reconociendo su papel fundamental en el desarrollo rural, la agricultura familiar y la economía local. Es por lo que antecede que someto a la consideración de este hemiciclo legislativo este anteproyecto de Ley que crea el Régimen de Apoyo a la Mujer Agroemprendedora para que, luego de los debates y consensos necesarios, el sitial de Ley de la República consiga fortalecer el empoderamiento y la autonomía económica de la mujer panamefía, especialmente de aquella que, desde el campo y la ciudad, sostiene con su esfuerzo a su familia y aporta al desarrollo nacional.

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FRANCISCO JAVIER BREA TRISTÁN DIPUTADO DE LA REPÚBLICA CIRCUITO 9-3