Proyecto de ley 544.

La contaminación por mal desecho de residuos representa uno de los principales desafíos ambientales actuales. En algunos municipios de nuestro país no solo representa una crisis de salud pública sino de también un riesgo para el turismo y la imagen del país. La causa raíz de este problema podría ser atribuible a diferentes factores incluyendo una pobre cultura de desecho responsable por la ciudadanía, la falta de un sistema de recolección efectivo e infraestructura pública inadecuada. De acuerdo con Mi Ambiente y el Municipio de Panamá, cada panameño puede generar 17.2 toneladas de residuos a lo largo de su vida. De esto, 50% del residuo podría reciclarse, pero 95% no se recicla. De este material reciclable, el plástico representa el 12% Y de esta cantidad, el 90% no se gestiona de manera adecuada terminando en nuestros ríos, mares y áreas verdes. Si bien es cierto, residuos derivados de envases de poliestireno expandido o extruido (EPS o XPS), ampliamente utilizado como recipiente para el transporte y empaquetado de alimento, por su bajo costo al consumidor, representa el 3.2% del plástico importado, es el que crea un impacto más visible por su flotabilidad. En este contexto, resulta indispensable adoptar políticas públicas que reduzcan de manera efectiva la generación de residuos como aquellos derivados del plástico y se propone un marco regulatorio para la importación y producción de EPS/XPS biodegradable para alimentos, que reduzca el impacto al ambiente sin comprometer la seguridad alimentaria, la competitividad económica ni el empleo. La presente iniciativa legislativa parte de que el problema ambiental no radica exclusivamente en el material plástico, sino en la ausencia de estándares técnicos mecanismos de control y sistemas efectivos de gestión posconsumo. La evidencia técnica y económica demuestra que las prohibiciones absolutas, basadas únicamente en criterios políticos o percepciones visuales, han generado resultados adversos en múltiples jurisdicciones, incluyendo aumentos en los costos de los alimentos, sustituciones ineficientes de materiales y un impacto ambiental limitado.

Este anteproyecto propone un enfoque distinto creando un marco normativo técnico, verificable y alineado con estándares internacionales, que permita reducir de manera real y medible la contaminación plástica, promoviendo al mismo tiempo la reconversión industrial y la economía circular. La experiencia internacional demuestra que la eliminación abrupta de materiales sin una transición técnica adecuada nI contraproducentes. En particular, infraestructura diversos disponible estudios conduce evidencian a efectos que materiales comúnmente promovidos como "biodegradables" o "compostables" no se degradan en vertederos comunes ni en entornos naturales, sino únicamente bajo condiciones industriales altamente controladas que actualmente no existen en nuestro país. Asimismo, concentrar la regulación en un solo material sin evaluar su ciclo de vida completo puede generar distorsiones ambientales. Materiales alternativos de mayor densidad pueden presentar una huella logística superior, mayor consumo de energía en transporte y una persistencia ambiental igualo mayor, aunque sean menos visibles. Por estas razones, una prohibición general sin parámetros técnicos claros no garantiza una reducción efectiva de la contaminación, y puede derivar en una falsa sensación de sostenibilidad, fenómeno conocido como "greenwashing regulatorio". En cuanto al impacto económico, social y en el costo de los alimentos tenemos que el sector de envases para alimentos cumple una función crítica en la cadena de abastecimiento, la inocuidad sanitaria y la estabilidad de precios. El EPS, por sus características técnicas -bajo peso, alta capacidad de aislamiento térmico y eficiencia logística- permite transportar grandes volúmenes de alimentos con menores costos energéticos y de transporte. La sustitución obligatoria e inmediata de este material por alternativas técnicamente no equivalentes incrementa los costos operativos, los fletes y la dependencia de importaciones, trasladando dichos costos al consumidor final. La evidencia económica muestra que este tipo de regulaciones mal diseñadas genera presión inflacionaria sobre la canasta básica, afecta sectores intensivos en empleo y reduce la competitividad industrial. En contraste, una transición técnica programada permite proteger y crear empleo local, preservar inversiones existentes y evitar impactos regresivos sobre los hogares de menores mgresos. De igual forma el presente anteproyecto introduce parámetros técnicos claros y verificables para definir qué materiales pueden considerarse biodegradables o compostables, bajo qué condiciones ambientales y mediante qué métodos de ensayo, para evitar el greenwashing y elevar estándares ambientales. también se incorporan referencias dinámicas a normas internacionales reconocidas (ISO, ASTM, EN), sistemas de certificación independiente, trazabilidad, monitoreo, reporte y verificación. Este enfoque permite:

1. Evitar declaraciones ambientales engañosas. 2. Garantizar que los beneficios ambientales sean reales y medibles. 3. Alinear a Panamá con marcos regulatorios avanzados, como los adoptados en la Unión Europea. 4. Otorgar certeza jurídica tanto a consumidores como a productores.

Lejos de restringir la actividad productiva, este marco normativo incentiva la reconversión tecnológica de la industria existente, permitiendo el desarrollo y uso de poliestireno expandido biodegradable certificado, así como otras alternativas que cumplan criterios técnicos verificables. La iniciativa promueve esquemas de Responsabilidad Extendida del Productor, eco-modulación de aportes y sistemas colectivos de gestión posconsumo, trasladando el énfasis desde la prohibición hacia la responsabilidad, el desempeño ambiental y la gestión integral de residuos. Este modelo fortalece la economía circular, fomenta la innovación, protege el empleo y contribuye a una reducción efectiva de la contaminación. Concluimos en que la presente iniciativa legislativa propone una solución ambientalmente efectiva, económicamente responsable y socialmente equilibrada. Reconoce que la protección del ambiente no debe lograrse a costa de la industria, el empleo ni el acceso a alimentos a precios razonables.

Mediante un marco técnico robusto, gradual y verificable, Panamá puede elevar sus estándares ambientales a nivel internacional, evitar el greenwashing, promover la economía circular y lograr una reducción real y sostenible de la contaminación por plásticos.

Por lo expuesto, solicitamos el apoyo a esta Augusta Cámara para esta iniciativa cumpla con el trámite legislativo a fin que se convierta en Ley de la República.

H.D. CARLOS A. AFÚ DECEREGA Diputado de la República Circuito 7-1