Anteproyecto de ley 368.

La Constitución Política de la República de Panamá consagra como deber fundamental del Estado la protección de la vida, la integridad física, la salud, la dignidad humana y la convivencia pacífica entre las personas. Si bien el ordenamiento jurídico panameño reconoce y protege los derechos individuales, dicha protección no es absoluta cuando el ejercicio de estos derechos vulnera derechos de terceros o el interés social.

En los últimos años se han evidenciado conductas humanas atípicas de carácter agresivo, incluyendo mordeduras u otras formas de ataque físico en espacios públicos o privados, las cuales ponen en riesgo la integridad física de las personas, la salud pública y la convivencia social, independientemente de la autoidentificación, creencias personales o concepciones subjetivas de quienes las ejecutan.

Este anteproyecto no criminaliza identidades, expresiones culturales ni creencias, sino que regula conductas objetivas y verificables que ocasionan daño o riesgo real a terceros. La iniciativa adopta un enfoque preventivo, psicosocial y administrativo, sin perjuicio de la responsabilidad penal cuando se produzcan lesiones, afectaciones sanitarias o reincidencia violenta.

El Estado tiene la obligación constitucional de actuar de forma preventiva, garantizar la salud mental colectiva, preservar el orden público y asegurar que ninguna persona utilice una justificación subjetiva para evadir la responsabilidad legal derivada de actos lesivos.

Por estas razones, se presenta este anteproyecto de ley como una herramienta jurídica moderna, proporcional y respetuosa de los derechos humanos, que prioriza la protección de la víctima, la prevención del daño y la correcta aplicación del marco penal vigente cuando corresponda.